-La administración estatal trabaja en coordinación con la Unicef para fomentar una política pública que genere entornos saludables y libres de violencia
La legisladora explicó que la propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Constitución local para establecer que toda persona tiene derecho a la seguridad pública como condición para proteger su vida, su integridad y la convivencia pacífica.
De la Peña subrayó que la cooperación binacional resulta indispensable para frenar la violencia y desarticular a los grupos delictivos que operan a ambos lados de la frontera,