Fernando Belaunzarán/Quadratín Guerrero
La negación es confesión. Las desapariciones en México son un problema de suma gravedad, crisis humanitaria cuya atención no podría ser más apremiante y realidad desgarradora para decenas de miles de familias; pero el Estado, responsable de enfrentarlo, en el mejor de los casos no ha sido eficiente y, de hecho, está claramente rebasado.
No admitir dicha situación e incluso presumir avances ficticios con fines de propaganda, así como rechazar la ayuda internacional que se necesita, demuestra la señalada aquiescencia, es decir, hacerse de la vista gorda con ese recurrente delito atroz.
Al llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, en razón del multicitado artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED no busca sancionar a México ni establecer responsabilidades penales. Por el contrario, plantea “proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia técnica que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.
Pero, en lugar de verlo como la valiosa oportunidad de contar con el necesario respaldo de la comunidad internacional ofrecido para avanzar en la “prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”, el obradorato lo tomó como afrenta. Nada les importa más que preservar la narrativa mesiánica y triunfalista del parteaguas luminoso con su llegada al poder, pese a toda la evidencia que la desmiente y, peor aun, aunque quede comprometida la vida, la seguridad y el sosiego de la población a la cual tienen obligación constitucional de proteger.
El comunicado conjunto de Gobernación y SRE es un texto de consumo interno, confirmando que nunca dejan de estar en campaña electoral: culpa a los gobiernos del pasado, hace gala de autocomplacencia, recurre a teorías de la conspiración para descalificar a la CED y minimiza el terrible fenómeno criminal que sucede bajo sus narices.
El de la CNDH fue igual de faccioso, pero más penoso porque, lejos de velar por los derechos humanos –razón de su existencia-, defiende al régimen, injuria a la sociedad civil y le da la espalda a las víctimas, a quienes, por lo mismo, no les queda más ruta que la de los organismos internacionales.
Es verdad que el problema antecede a la actual administración, pero no se pueden lavar las manos.
El 53% de los desaparecidos en el registro que data desde 1964 son del sexenio anterior y del actual, hay más de 70 mil cuerpos sin identificar en las morgues y la impunidad es casi absoluta.
Jugar con las cifras, reclasificándolas para incidir en la percepción, subestimando el tema, no resuelve nada y contribuye a que todo siga igual.
Ojalá entiendan que la decisión del CED no es contra un partido, el actor interpelado es el Estado mexicano y la intención es fortalecerlo para que pueda cumplir su responsabilidad.Nada puede ser más elocuente y contundente que madres buscando a sus hijos por su cuenta y bajo su propio riesgo; también a ellas las han asesinado y desaparecido. Sustituyendo al Estado, han encontrado más de 4,500 fosas con más de 6,200 cadáveres y más 4,600 restos humanos.
Desde que se llevó el caso a la CED, hace tres lustros, las desapariciones no han dejado de crecer y es incontestable el empoderamiento económico, político y territorial de los cárteles, así estén fragmentados.
Estamos ante crímenes de lesa humanidad porque las desapariciones forzadas son generalizadas y sistemáticas en distintas regiones del país, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno no han podido contenerlas por imposibilidad, omisión o complicidad. Esto tiene que parar.Informes de inteligencia militar alertaron sobre las actividades delictivas de Hernán Bermúdez Requena antes de que lo nombraran Secretario de Seguridad en Tabasco, donde estuvo casi seis años. Lo acaban de vincular a proceso por desaparición forzada. ¿Alguien piensa que su caso y el del alcalde de Tequila son excepcionales, máxime cuando la presencia criminal en las elecciones se ha incrementado ostensiblemente?
Fernando Belaunzarán/Quadratín Guerrero