El Gobierno del Estado analiza alternativas jurídicas para preservar el derecho de acceso a la información pública en la entidad, luego de la reforma constitucional impulsada por Morena que elimina a los organismos autónomos locales, entre ellos el ICHITAIP.
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es “agotar todas las fórmulas posibles” para blindar la transparencia y la protección de datos personales, pese a que la nueva disposición federal reduce estas funciones a una oficina centralizada.
De la Peña recordó que Chihuahua fue uno de los estados pioneros en políticas de apertura gubernamental y advirtió que la reforma limita la capacidad de las entidades para decidir cómo garantizar este derecho. “Es una visión uniforme desde el centro del país que deja muy poco margen a los estados”, afirmó.
El funcionario citó reportes de organizaciones civiles que advierten que, tras la desaparición del INAI, el porcentaje de solicitudes de información rechazadas a nivel federal alcanza entre 90 y 95%, lo que calificó como un retroceso significativo.
Aún no se define cuál será el modelo jurídico que adoptará Chihuahua para suplir o fortalecer las funciones del ICHITAIP, pero el Gobierno estatal reiteró que no permitirá que la entidad pierda los avances logrados en materia de transparencia y rendición de cuentas.