El funcionario estatal consideró que la medida responde más a una estrategia política de Morena ante el desgaste que enfrenta el partido a nivel nacional, que a una necesidad real del sistema democrático mexicano.
Con esta reforma al Artículo 28 de la Constitución Mexicana, se estipularía que las autoridades de los tres órdenes de gobierno estarán obligadas a garantizar la aceptación del dinero en efectivo en la prestación de servicios.
Bonilla agregó que espera que, tras este episodio legislativo, se abra un espacio de negociación entre los distintos partidos representados en el Congreso de la Unión.