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Cuestiona regidor actuación federal ante señalamientos de “narcopolítica” y pide mayor intervención de la FGR

El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Chihuahua, Issac Díaz, cuestionó la actuación de las autoridades federales ante señalamientos recientes de presuntos vínculos entre funcionarios públicos de Sinaloa y el crimen organizado, al considerar que existe un manejo selectivo de las investigaciones.

El edil señaló que, a su juicio, los casos no se limitan a una sola entidad, sino que apuntan a una problemática más amplia dentro de gobiernos emanados de Morena. “Aparentemente no solo es el gobierno de Sinaloa, sino toda una red que ya está en el gobierno”, expresó.

En ese sentido, lamentó que sean autoridades de Estados Unidos las que encabecen investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico, cuando dijo, debería ser la Fiscalía General de la República la instancia responsable de indagar y actuar contra los llamados “narcopolíticos”.

Díaz también cuestionó lo que consideró una disparidad en el trato a distintos funcionarios. Señaló que, mientras personajes que han encabezado acciones contra el crimen organizado, como el exfiscal César Jáuregui Moreno y la gobernadora María Eugenia Campos Galván, han sido objeto de investigaciones o señalamientos, por destruir el narcolaboratorio más grande en la historia de México, otros servidores públicos acusados de presuntos vínculos con grupos delictivos rechazan cualquier intervención externa.

Las declaraciones se dan en un contexto nacional marcado por tensiones en materia de seguridad y cooperación internacional. En los últimos meses, la estrategia federal encabezada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado la defensa de la soberanía nacional frente a acciones de agencias extranjeras, al tiempo que se mantiene la coordinación bilateral en el combate al narcotráfico.

Este debate se ha intensificado ante casos en los que autoridades estadounidenses han dado a conocer investigaciones o solicitudes relacionadas con funcionarios mexicanos, como lo es el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, lo que ha generado posturas encontradas sobre el papel de las instituciones nacionales y la eficacia de los mecanismos internos de procuración de justicia.