En la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fui clara: el informe presentado carece de autocrítica, reflexión y propuestas concretas frente a los graves problemas que enfrenta el país.He señalado con firmeza que este gobierno ha consolidado un modelo centralista que debilita el federalismo y margina a las entidades federativas, que hoy reciben menos recursos, menos apoyo en seguridad y nula coordinación institucional.
Exigí la publicación inmediata de la reforma al artículo 123 constitucional, aprobada por unanimidad y que beneficiaría a policías, maestros, médicos y enfermeras. No hay justificación para seguir retrasando un derecho que ya fue aprobado por todas las fuerzas políticas.
En el Primer Informe de Gobierno quedaron fuera temas críticos como las personas desaparecidas, la violencia contra periodistas y la atención a las víctimas. Hoy México enfrenta más de 133 mil desaparecidos, una tragedia humanitaria histórica que el gobierno se niega a reconocer, cuando lo primero que se requiere es aceptar la realidad para poder remediarla.
En materia de seguridad, el gobierno presume una reducción del 25% en homicidios dolosos.
La verdad es otra: en México no hay menos muertos, lo que hay es un gobierno que ha dejado de contarlos.
He manifestado mi profunda preocupación porque en este primer año se ha debilitado al federalismo, se han marginado a los estados y se ha abandonado a las víctimas.
De las 19 mil inscritas en el Registro Nacional, solo 864 han recibido reparación integral del daño. Además, el robo de hidrocarburos ha crecido en un 500% en los últimos siete años, lo que demuestra que este gobierno, en lugar de combatir estas prácticas ilícitas, las ha consentido.Los casos de corrupción como SEGALMEX y BIRMEX permanecen en la impunidad.
La inseguridad, el crecimiento del crimen organizado, el aumento de desaparecidos y la falta de atención a las víctimas son la muestra más clara de un fracaso gubernamental.
El oficialismo presume 19 reformas constitucionales como logros democráticos, pero en realidad fueron impuestas, sin auténtico diálogo parlamentario y con procesos simulados.
He advertido que el retraso deliberado en publicar la reforma al artículo 123 envía un mensaje devastador: ni siquiera una reforma aprobada por unanimidad tiene garantía de cumplirse si el Ejecutivo decide frenarla.