Cómo se construyó el informe internacional sobre desapariciones forzadas en México y quiénes están detrás.
Expansión Política
El informe de la ONU sobre desapariciones en México se construyó con más de una década de datos oficiales y de víctimas.
La reciente solicitud que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentó para que la Asamblea General de la ONU active el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y establezca así un mecanismo excepcional de actuación internacional frente a esta situación ha reavivado el debate público en México.
En el centro de la discusión no solo están las cifras de personas desaparecidas —más de 132,000—, sino también el origen, metodología y actores que están detrás de la elaboración de este informe que sustenta esta medida sin precedentes ante los “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado tal informe y asegura que las declaraciones del CED representan solo la opinión de 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General, el propio presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, ha refutado dichas declaraciones y señaló que el CED es un mecanismo creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, cuya es supervisar su cumplimiento.
El CED, un mecanismo internacional con base jurídica
El CED es uno de los órganos de tratados del sistema de Organización de las Naciones Unidas (ONU). Está integrado por expertos independientes electos por los Estados parte. Su mandato consiste en supervisar el cumplimiento de la Convención, lo que implica revisar informes oficiales, realizar visitas a los países y recibir información de actores no estatales.
Los integrantes del CED son 10 expertos independientes ”de alta consideración moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, que actúan a título personal y son independientes e imparciales”.
Ellos son elegidos por los Estados Partes “según una distribución geográfica equitativa” y teniendo en cuenta “la utilidad de la participación en los trabajos del CED, que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de hombres y mujeres”.
El CED está integrado actualmente por su presidente Juan Albán-Alencastro, quien es miembro del comité desde junio de 2021 y asumió el cargo de presidente para liderar acciones clave en 2026, incluyendo la supervisión de casos en México. Su cargo concluirá en 2029.
Además de Albán, los otros miembros del CED son:
—Yakouma Jean de Dieu Bambara
—Marija Definis
—Matar Diop
—Olivier de Frouville
—Fidelis Kanyongolo
—Barbara Lochbihler
—Elías Ricardo Solís González
—Paulo de Tarso Vannuchi
—Carmen Rosa Villa Quintana
De esta manera, el Comité participa en la evaluación de informes de países, el seguimiento de casos y la elaboración de decisiones como la activación del artículo 34 en el caso de México.
En tanto cabe apuntar que la activación del artículo 34 —una herramienta excepcional— ocurre cuando el Comité identifica “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.
En el caso mexicano, el CED decidió llevar la situación ante la Asamblea General tras analizar información acumulada desde 2012, incluyendo su visita al país en 2021 y el seguimiento continuo al Estado.
El documento, según ha apuntado el mismo CED, no es un informe aislado ni elaborado de manera unilateral, pues forma parte de un proceso acumulativo de monitoreo que el CED ha mantenido con el Estado mexicano desde 2012, en su calidad de órgano de tratados del sistema de la ONU.
Estos comités, integrados por expertos independientes electos por los propios Estados parte, tienen el mandato de supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo con Albán, presidente del CED, este organismo actúa con independencia técnica pero dentro del marco institucional de la ONU.
En un posicionamiento reciente publicado este lunes en X, explicó que el artículo 34 permite al Comité escalar una situación a la Asamblea General cuando existen “indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático”.
Subrayó además que la decisión no constituye un informe dirigido a oficinas específicas como la del Alto Comisionado, sino una comunicación al máximo órgano deliberativo de Naciones Unidas.
Un informe construido con múltiples fuentes
La elaboración del análisis del CED sobre las desapariciones forzadas en Méxicos se dio a conocer, se basa en diversas fuentes: información oficial del Estado mexicano, informes previos, visitas in situ —como la realizada en 2021—, así como aportaciones de organizaciones civiles, colectivos de víctimas y organismos internacionales.
Entre los actores clave en la documentación del fenómeno se encuentra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha señalado en reiteradas ocasiones que la crisis de desapariciones en México responde a patrones estructurales de impunidad y a la participación —directa o indirecta— de agentes del Estado en ciertos casos.
Tras la presentación del informe de la CED, la organización sostuvo que la activación del artículo 34 confirma la gravedad de la situación y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora.
El informe también incorpora datos oficiales. Según el propio Comité, al 19 de febrero de 2026 se registraban más de 132,400 personas desaparecidas en el país, cifra que continúa en aumento. A ello se suma la crisis forense: alrededor de 72,000 restos humanos permanecen sin identificar, lo que evidencia limitaciones institucionales persistentes.
La respuesta del gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la interpretación del Comité y ha defendido la postura del Estado mexicano. Este lunes, en conferencia de prensa señaló que su administración no coincide con la caracterización de desapariciones como un fenómeno “generalizado o sistemático” en los términos planteados por el CED, y enfatizó los avances en materia de búsqueda, identificación y fortalecimiento institucional.
La presidenta asegura además que el CED no es un comité de Naciones Unidas, sino un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas, que según dijo, hizo solo un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017.
“Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025: cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025”, dijo la presidenta.
Sheinbaum reprochó que pese a que Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles. ”Todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los Colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora, cómo se está conformando más. En fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo.
Mientras que este martes insistió en que el CED omitió las acciones que ha realizado su administración en materia de desapariciones en México.
Además el representante de México ante organismos internacionales, Enrique Ochoa, señaló que los informes emitidos por el CED no reflejan la postura institucional de la ONU, sino únicamente la opinión de sus expertos independientes.
A través de un hilo publicado en X, el funcionario subrayó que “los informes del Comité de Desaparición Forzada representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el Secretario General”.
Ochoa aseguró además que los integrantes del CED son electos por un grupo limitado de países: “los miembros del CED son electos por los 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas (menos de la mitad de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas)”.
En ese contexto, enfatizó que el mandato del Comité es estrictamente técnico y de supervisión: “su mandato es el de monitorear la aplicación de la Convención, no el de reinterpretarla”.
En tanto, el presidente del CED, Juan Albán-Alencastro, sostuvo este lunes que aunque las diferencias jurídicas son legítimas, estas deben sostenerse en un marco de respeto institucional, especialmente hacia órganos cuya independencia está garantizada por principios internacionales.