Los casinos han alcanzado en México una cobertura nacional, pues únicamente dos entidades federativas no cuentan con permisos vigentes para la operación de estos negocios; hace unos meses, las autoridades federales descubrieron acciones de lavado de dinero en al menos 13 de ellos
Los registros que elabora la Secretaría de Gobernación (Segob) en materia de casinos indican que actualmente existen en el país cientos de estos establecimientos que operan de conformidad con las leyes mexicanas, luego de que esta actividad comercial se colocara hace unos meses en el ojo del huracán, tras detectarse que un puñado de estos negocios eran utilizados subrepticiamente para implementar acciones ilícitas de lavado de dinero.
En efecto, aunque las autoridades mexicanas reconocen que las actividades que desarrollan los casinos resultan riesgosas, por las amplias posibilidades que ofrecen para efectuar operaciones de lavado de dinero, lo cierto es que los establecimientos de esta naturaleza ya tienen presencia sobre prácticamente todo el territorio nacional, según se constata en la información que proporcionó la Segob mediante los mecanismos de transparencia.
Actualmente están operando en el país 404 casinos como cifra total, aunque su distribución en las entidades federativas es muy disímil. Los estados que concentran las mayores cantidades de estos establecimientos son: Baja California aparece en el primer lugar, con 45; Nuevo León, con 41; Jalisco, con 39; Sonora, con 32; Ciudad de México, con 30; el Estado de México, con 29; Chihuahua y Veracruz, en el séptimo lugar, cada uno con 19 casinos; Sinaloa, con 18; Tamaulipas, con 16; y Guanajuato y Quintana Roo, ambos en el décimo escaño, al contar cada uno con 14 de estos negocios.
El resto de las entidades federativas presentan cantidades mucho menores de casinos en sus territorios, sin embargo, la información de la Secretaría permite constatar la presencia prácticamente nacional que han alcanzado este tipo de establecimientos.
Michoacán tiene nueve; Colima, ocho; Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Puebla, Querétaro y Yucatán, tienen, cada uno, seis; Durango, Morelos y San Luis Potosí, tienen, cada uno, cinco; Aguascalientes, Campeche y Nayarit, suman cuatro cada uno; Hidalgo y Tabasco, figuran con tres cada uno; mientras que Oaxaca y Zacatecas contarían con solamente uno de estos negocios.
Resulta llamativo, por ello, que los únicos estados del país donde la Segob no ha expedido permisos para operar casinos en la actualidad son Coahuila y Tlaxcala, que aparecen en los registros proporcionados con cero establecimientos de esta naturaleza, aunque no puede descartarse, tampoco, que sí los haya también en esas entidades federativas pero funcionando de manera clandestina.
Se informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, en una investigación que lleva meses realizándose identificaron a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Las autoridades identificaron conductas de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero”.
“Algunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional”, informó el reporte oficial.
Existen investigaciones en curso
En la respuesta que brindó la Segob, vía transparencia, determinó clasificar como reservada la información relativa a los casinos que se encuentran clausurados en el país, al reconocer que existen tres carpetas de investigación en curso contra estos establecimientos, por presuntas actividades ilícitas que podrían involucrar a la delincuencia organizada, de acuerdo con el documento:
“Se hace de su conocimiento que existen tres carpetas de investigación en proceso de sustanciación. Las tres carpetas se iniciaron por hechos probablemente constitutivos de delitos en establecimientos con actividades de juegos y sorteos. (…) es evidente que en el caso que nos ocupa la protección de la información es vital, toda vez que conforman las líneas de investigación de las fiscalías para perseguir posibles delitos cometidos en establecimientos donde se realizan actividades que implican flujos importantes de dinero”, señala la respuesta a la solicitud de transparencia con folio 340026200100525.
Agrega: “El riesgo identificable es tangible si se toma en cuenta que las carpetas de investigación iniciadas se relacionan con delitos federales que requieren atención especial o estratégica para investigar y perseguir casos de alta complejidad o importancia nacional, como los que involucran corrupción o delincuencia organizada, por lo que difundir la información vinculada a alguna de sus carpetas de investigación supone el riesgo de entorpecer y limitar los alcances de sus indagatorias y pesquisas”.
