Cada ciclo escolar que pasa, miles de jóvenes ven cerrarse la puerta de la universidad y, con ella, la posibilidad de construir el futuro que imaginaron. La falta de espacios en las instituciones de educación superior se ha convertido en una crisis silenciosa pero persistente, alertó el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado.
Con base en estadísticas oficiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Estrada expuso que entre el segundo ciclo de 2020 y el primer ciclo de 2025, más de 24 mil aspirantes fueron rechazados únicamente en cinco carreras de alta demanda: médico-cirujano, cirujano-dentista, enfermería, psicología y médico-veterinario.
Las cifras son contundentes y alarmantes. En el caso de médico-cirujano, 10,595 jóvenes quedaron fuera; en cirujano-dentista, 5,798; en enfermería, 3,266; en psicología, 2,951; y en médico-veterinario, 2,338 aspirantes no lograron un lugar. Todos ellos presentaron su examen de admisión, pero no encontraron espacio en las aulas.
“Estamos hablando de miles de estudiantes que no pudieron estudiar la carrera que eligieron, en la que se sentían capaces, y que representaba su proyecto de vida”, subrayó el legislador, al remarcar que este fenómeno se ha repetido año con año sin una solución de fondo.
Estrada cuestionó el destino de estos jóvenes, señalando que solo una minoría puede continuar sus estudios en universidades privadas, mientras que la gran mayoría queda atrapada entre la falta de oportunidades y la imposibilidad económica de seguir preparándose.
Ante este escenario, el coordinador de la bancada de morena hizo un llamado urgente a replantear el funcionamiento y las prioridades de las universidades públicas. “Es indispensable trabajar con las instituciones para que sean más eficientes y para que los recursos públicos se destinen a lo esencial: abrir más espacios y garantizar que las y los estudiantes puedan concluir una carrera universitaria”, afirmó.
Cuauhtémoc Estrada advirtió que ignorar esta problemática es condenar a una generación completa a ver truncado su desarrollo profesional, y reiteró que ampliar el acceso a la educación superior debe ser una prioridad inmediata para el estado, no solo como política educativa, sino como un acto de justicia social.