Políticas usan figura de violencia de género para inhibir libertad de expresión de ciudadanas, advierten especialistas.
Animal Político
Por: Luz Rangel@LuzGrimaldy
Las ciudadanas Karla María Estrella y Laisha Wilkins fueron denunciadas por una diputada y una excandidata a ministra, respectivamente, tras publicar comentarios en X.
La sanción a la ama de casa Karla María Estrella por una crítica a una diputada federal muestra el uso de la figura de violencia política de género para limitar la libertad de expresión en redes como X, antes Twitter, consideran especialistas consultadas por El Sabueso.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Karla María Estrella deberá pagar una multa de 1 mil 085.70 pesos, ofrecer disculpas públicas, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada, publicar la sentencia en sus redes y será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto tras publicar una crítica en redes a Diana Karina Barreras Samaniego, diputada del Partido del Trabajo (PT). La ciudadana escribió: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa”, en referencia a la presunta influencia del presidente de la Cámara de Diputados para que Barreras se volviera legisladora federal.
La diputada Diana Karina Barreras Samaniego denunció que la publicación de Karla María Estrella constituía violencia política en razón de género. La Sala Especializada del TEPJF le dio la razón pese a que el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón proponía lo contrario.
“Sentencias como la de Karla Estrella muestran lo peligroso que es politizar la imparcialidad de justicia. Es muy peligroso que se utilice a una figura tan importante que protege a las mujeres de manera facciosa para obtener una ventaja política y, sobre todo, para censurar y callar”, asegura Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Melissa Ayala coincide en que usar la violencia política de género para sancionar publicaciones en redes es vaciar esta figura de contenido y convertirla en un instrumento de silenciamiento, no de protección.
“Es profundamente preocupante cuando el derecho sancionador se convierte en una herramienta para inhibir la crítica ciudadana”, menciona en entrevista la abogada y socia cofundadora del despacho Arcana Legal.
Procedimientos sancionadores y medidas cautelares contra la ciudadanía
La reforma en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de abril de 2020 definió que el Procedimiento Especial Sancionador (PES) es el recurso jurídico para atender los casos. Sin embargo, la abogada Mariana Calderón lamenta que se utilice en contra de la ciudadanía.
“El problema es por qué está habiendo procedimientos especiales sancionadores en contra de particulares, el problema se ha ido transfiriendo a la ciudadanía. Este procedimiento especial sancionador, originalmente diseñado para radio y televisión, se trasladó tal cual a la comunicación en redes sociales”, sostiene la directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
De acuerdo con el INE y el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el procedimiento especial sancionador puede interponerse en contra de conductas que se considere violan el uso de los tiempos de radio y televisión; contravengan las normas sobre propaganda gubernamental, incurran en actos de precampaña o campaña que puedan considerarse anticipados, o contra propaganda que afecte o incida en el proceso electoral.
El INE cuenta con una Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), órgano encargado de llevar a cabo el trámite de los procedimientos especiales sancionadores y remitirlos a la Sala Regional Especializada del TEPJF para que elabore la resolución.
El Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género señala que la UTCE instruirá el procedimiento especial sancionador cuando el medio comisivo sea radio o televisión o cualquier otro medio.
“¿Qué han hecho los actores políticos? Utilizar este mecanismo de denuncia para empezar a cuestionar lo que están haciendo las personas en redes sociales, cualquier persona que participa en el debate público, que comenta, que publica. Y no pueden seguirse aplicando las mismas reglas creadas para radio y televisión para el uso de redes sociales, no se puede sancionar el caso de manera igual cuando la persona denunciada es un ciudadano”, sostiene Calderón.
Con respecto a las medidas cautelares, es decir, aquellos actos dirigidos a detener los hechos que constituyan la infracción que se denuncia y sus posibles daños, la directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico también está en desacuerdo si se dirigen a la ciudadanía y se tratan de la eliminación automática de contenido.
“Karla lo ha mencionado, lo primero que le notifican a ella es la obligación de bajar el comentario de redes sociales. Entonces, con la simple presentación de denuncia y con el otorgamiento de una medida cautelar, en automático ya logran los políticos que presenten denuncias bajar la comunicación de algo que les incomodaba, que estaba en el debate público”, explica Calderón.
¿Cómo funcionan las notificaciones del procedimiento especial sancionador?
Por separado, el mismo TEPJF pidió a Laisha Wilkins explicar un comentario que realizó a una publicación en X de un portal de noticias que difundió una nota informativa sobre Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Según documentó Aristegui Noticias, Dora Alicia Martínez Valero, quien fue abogada corporativa de Televisa, también pretendió censurar los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta violencia política de género en su contra, pero el INE desechó su petición.
De acuerdo con la denuncia compartida por Laisha Wilkins en X, antes Twitter, se le pide explicar el objetivo de la publicación del comentario, si lo solicitó otra persona o un partido político, candidatura o funcionaria o funcionario público.
Melissa Ayala explica que con cualquier queja que se presente, la UTCE del INE tiene la obligación de investigarla.
“Si alguien presenta una queja, se tiene que activar la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para revisar si efectivamente se está cometiendo algún acto que está prohibido o que está sancionado por la ley electoral”, agrega la abogada.
Según el INE, cuando se admite una denuncia, se llama a juicio al denunciado para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos. Celebrada la audiencia, la UTCE envía el expediente completo a la Sala Regional Especializada, junto con un informe que contiene hechos, diligencias, conclusiones.
Y aunque las abogadas coinciden en que el proceso que está llevando a cabo Laisha Wilkins es el que normalmente se sigue, cuestionan si es correcto aplicarlo a la ciudadanía.
“Lo que tenemos que cuestionarnos es si puede establecerse este tipo de procesos en contra de la ciudadanía y si de entrada pueden empezar a cuestionar y a requerir información de la ciudadanía ante cualquier denuncia”, comenta Mariana Calderón.