Chihuahua.- Luego que la diputada del PAN, Xóchitl Contreras presentara ante Congreso del Estado una una iniciativa para castigar con cárcel a quienes operen camiones piratas y revocar concesiones a los transportistas que incumplan con la ley.
“Yo creo que ese es un proceso al interior de Congreso, a mi me toca aplicar la ley como está en este momento, y ahorita estamos con inspecciones que nos permiten conocer el estado físico de las unidades y legal, si están al corriente con sus pagos, licencias, etcétera”, contestó Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno.
El funcionario estatal y cabeza del transporte público en el estado, hizo un llamado a los concesionarios particularmente de Ciudad Juárez, en el que advirtió que ya no se puede seguir esperando la mejora en el transporte, y que el gobierno estatal “pone toda la carne en el asador” para un cambio real en la frontera.
“Tener tres líneas de BRT en menos de un año, y haber incorporado por primera vez en la historia, en algunas de las rutas más importantes, unidades nuevas, es una muestra del compromiso de la gobernadora por cuidar a los usuarios del transporte, no hay más trabajo que darle a los usuarios un transporte digno, rápido, eficiente, y que la tarifa que se paga, corresponda al servicio”, reiteró.
Santiago de la Peña indicó que aquellos que no crean que les convenga hacer de esta manera el servicio con sus concesiones, pueden regresarlas al Gobierno del Estado, “ya que no es posible que en algunas otras partes del estado, con la tarifa que se ajustó y actualizó hace casi dos años, es negocio adquirir camiones nuevos; no hay más prórroga. Se está pidiendo que comprueben el inicio de adquisición de camiones con el año y modelo”.
Respecto a un posible paro de labores por parte de concesionarios inconformes, el funcionario estatal aseveró que hay muchos otros interesados en brindar el servicio con las condiciones que prevé la ley, “si no quieren cumplir con la ley, si no quieren sacar sus camiones que no los saquen. La tarifa está diseñada considerando el costo de operación y servicio”.
“Esta bien fácil y no se necesita ser un genio para ver qué tipo de autobuses tienen, con más de 20 años, no tienen asientos, tienen incluso condiciones físico-mecánicas que no son las óptimas y pretenden que nosotros aceptemos el servicio a los usuarios”, puntualizó.
La iniciativa de la bancada panista propone que el uso de camiones piratas sea considerado un delito con penas de hasta tres años de prisión, además de la suspensión definitiva de concesiones para aquellos que no cumplan con la normativa vigente. También contempla sanciones para quienes alteren la identificación de los vehículos para eludir controles, y penas de cárcel para quienes operen unidades en condiciones mecánicas deficientes o sin seguro vigente.
La diputada expuso en su argumentación de motivos, que Ciudad Juárez ha sido testigo de múltiples tragedias causadas por el transporte irregular y negligente, donde solo en la frontera se haba de 2,000 camiones de transporte de personal que operan sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad, incluyendo el límite de antigüedad de los vehículos, lo que ha derivado en accidentes.