
La Razón
Por: Cristina Ceja
Pasa de 10,981 casos en 2019 a 13,850 el año anterior.
ONG alerta sobre el riesgo de reclutamiento forzado de las víctimas por parte del crimen organizado; experto atribuye el repunte a la afluencia de migrantes, falta de oportunidades…
La desaparición de personas entre 15 y 29 años incrementó 26 por ciento en el último sexenio, al pasar de 10 mil 981 en el 2019 a 13 mil 850 en el 2024. Sólo el año pasado, 38 jóvenes fueron víctimas de este flagelo cada día.
Un reporte de YouthBuild México, organización civil enfocada en contribuir a una vida digna para los jóvenes, alerta sobre la desaparición de personas en el rango de edad mencionado, asociada con el riesgo de reclutamiento forzado de las víctimas por parte de los integrantes del crimen organizado.
Desde el 1 de diciembre del 2018, establece el análisis, han desaparecido en el país 69 mil 331 jóvenes, de los cuales 22 mil 468, 32.4 por ciento (un tercio), aún no han sido localizados, y tres mil 268 fueron localizados sin vida.
- El Dato: Del 1 de enero al 21 de diciembre del 2023 se contabilizaron 10 mil 036 personas desaparecidas, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Resalta que el porcentaje de las personas jóvenes que desaparecen en el país es de una proporción de 54 por ciento hombres y 46 por ciento mujeres.
También subraya que de los 15 a los 18 años es el rango de edad en donde más mujeres jóvenes han desaparecido en México, mientras que el rango que va de los 21 a los 24 años es donde más casos se acumulan de hombres.
“A la par de las desapariciones, el fenómeno del reclutamiento forzado perpetrado por organizaciones delictivas se convierte en otro de los problemas que atraviesan las personas jóvenes. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales debido a la pobreza, el abandono y la violencia familiar”, apunta el reporte.
Además, enfatiza que se observa un aumento en la desaparición de jóvenes a través de vacantes falsas de empleo, las cuales prometen salarios altos con pocos requisitos, pero resultan ser fraudulentas “y llevan a las víctimas a situaciones de reclutamiento forzado. Muchos jóvenes son reclutados por grupos criminales, viéndose forzados a participar en actividades ilícitas como una forma de supervivencia”, apunta.
Otro dato que destaca es que, a partir del 2008, el homicidio ha sido la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en el país.
Sólo del 2019 al 2023 se registraron 61 mil 318 homicidios de personas jóvenes en México; es decir, en promedio 33 casos al día, menciona, con soporte en datos del Inegi.
Asimismo, llama la atención que “las personas jóvenes con menores índices de escolaridad y acceso limitado a la educación tienden a presentar una mayor propensión a ser víctimas de homicidios”.

Así, refiere que 45 por ciento de las personas asesinadas sólo cursó hasta la secundaria; en segundo lugar, la primaria, con 26 por ciento, y en 21 por ciento de los casos, el bachillerato.
Al hacer una lectura de este fenómeno, el especialista en seguridad Leopoldo Rodríguez Mendoza atribuyó el aumento de las desapariciones forzadas a la afluencia de migrantes, la vulnerabilidad de los jóvenes al crimen organizado, la falta de oportunidades y el cambio de estrategias de los gobiernos.
Refirió que “los grupos de la delincuencia organizada secuestran a los migrantes para obligarlos a participar o trabajar para ellos como sicarios o como mulas; es decir, para transportar drogas. Entonces, ésa es una de las primeras razones; la otra razón, pues igualmente relacionada con ello, es que sabemos desde hace muchos años que las principales víctimas de la delincuencia organizada, y en general de los delitos, es la población juvenil”.
Criticó el enfoque del Gobierno para combatir el crimen organizado, con el argumento de que no ha abordado eficazmente las causas profundas del problema, ya que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro no están enfocados en alejar a los jóvenes de la delincuencia organizada.
“Durante el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, está claro que sí hubo una disminución importante de la intervención militar y policial para aprehender y detener, y perseguir a las bandas delictivas. Ahora, presionados por el gobierno norteamericano, lo están haciendo a fuerza, lo tienen que hacer porque, si no, es de otra manera: el golpe de Estados Unidos va a ser todavía peor y, bueno, eso es lo que estamos viendo y lo que puede explicar, en buena medida, lo que es ese incremento”, indicó.
El experto comentó que la búsqueda de desaparecidos en México está principalmente encabezada por las familias, las mamás de quienes perdieron a sus hijos o familiares.
Recordó que en todos los estados hay una comisión de búsqueda de personas que recibe financiamiento público, pero estas comisiones tienen limitaciones de dinero, personal y personal capacitado.
“El problema de fondo es justamente la forma en que el Estado mexicano ha permitido, desde inicios de siglo, el enorme crecimiento de la delincuencia y de los grupos delictivos en el país. Entonces, una cosa deriva de otra; está claro que alrededor del 80 por ciento de estas desapariciones están relacionadas con las actividades de la delincuencia organizada.
“Entonces, atender el problema pasa necesariamente por controlar el crecimiento, es decir, desmantelar estas bandas, evitar que surjan otras, disminuir el número de personas que se involucran en estas actividades”, expuso.
Al opinar al respecto, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Manuel Quijano atribuyó el incremento de la desaparición forzada al aumento de las actividades del crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de órganos.
Destacó la falta de recursos y la prioridad que otorga el Gobierno mexicano a la lucha contra las desapariciones forzadas, a pesar de la gravedad del problema.
Sugirió que el Gobierno debería centrarse en abordar las causas fundamentales de las desapariciones forzadas, como la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes, e implementar medidas proactivas para prevenir más desapariciones.