El documento, aprobado por consenso aunque no es vinculante, contó con la oposición de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte o Bielorrusia.
Por otro lado, denunció que México desde 2006 ha adoptado un enfoque “mucho más punitivo” hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas al por menor, un crimen llamado ‘narcomenudeo’.