fuente: excelsior
En cinco años de gobierno, la mayoría de las dependencias de la administración de Sinaloa a cargo del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no hizo públicas las auditorías que le fueron practicadas a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a que esto es una obligación legal.
En una revisión hecha a la PNT, se destaca que dependencias estatales como las secretarías de Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Mujeres, Pesca, o la propia Secretaría de Gobierno de Rocha Moya, no han hecho públicas ninguna cédula de resultados de auditorías internas ni externas.
En los cuatro trimestres de cada año, la leyenda que arrojan estas secretarías señala que no se realizaron auditorías internas ni externas.
Durante la administración de Rubén Rocha Moya no se han publicado resultados en la PNT.“En el presente periodo no se realizaron auditorías internas ni externas al sujeto obligado.
Por esta razón, los espacios comprendidos a partir del criterio ‘Ejercicio(s) auditado(s)’ al criterio ‘Hipervínculo al Programa anual de auditorías’ se encuentran sin información.“Durante el periodo que se informa, esta secretaría no generó información de interés público”.
En la revisión se encontró que únicamente las secretarías de Turismo, Obras y Agricultura subieron a la plataforma resultados de auditorías hechas el año pasado.La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública advierte que los sujetos obligados —entre ellos los gobiernos estatales— deberán poner a disposición de la población “y mantendrán actualizadas” informaciones públicas, entre ellas auditorías.
El artículo 19 fracción XI de esta ley indica que los gobiernos estatales, como sujetos obligados, deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Hace casi dos semanas, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención y extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, por presuntos nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas.