Expansión Política
Cuando una institución promete exactamente lo mismo que prometió hace 10 años sin explicar qué cambió, el ciudadano tiene razón en no creerle.
Hay un momento muy preciso en que un plan estratégico deja de ser un instrumento de transformación y se convierte en un ejercicio de comunicación institucional. Ese momento ocurre cuando quien lo firma es la misma persona que lo ejecutará, cuando no existe un solo validador externo que haya cuestionado sus premisas, y cuando el documento evita mencionar, con nombre y consecuencias, los problemas que más duelen.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 de la Fiscalía General de la República, firmado por la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en abril de 2026, cumple con exactitud ese perfil.
Es, técnicamente, el documento de planeación más ambicioso que ha producido la institución en más de dos décadas.
Y eso, paradójicamente, hace más severo el problema: porque tiene el lenguaje correcto, usa los datos adecuados, propone estructuras modernas, y sin embargo está construido con una arquitectura política que lo condena al fracaso antes de que comience su implementación.
No estoy señalando incompetencia técnica.
El diagnóstico territorial que contiene el plan es honesto y metodológicamente sólido: caracteriza correctamente al Noroeste como corredor de armas, al Occidente como epicentro del crimen organizado, al Centro como núcleo del delito financiero y al Sur-Sureste como la región con mayor brecha entre incidencia real y registro ministerial.
La matriz de priorización criminal con ocho criterios de evaluación, la propuesta de Unidades de Fusión Operativa y el enfoque de inteligencia financiera son ideas que cualquier sistema de justicia serio debería adoptar.
Lo que falla no es el contenido técnico. Lo que falla es la relación entre ese contenido y la realidad política dentro de la cual pretende operar.
Los números que el plan prefiere no explicar
El propio documento contiene, enterrados entre párrafos de retórica institucional, los datos más devastadores sobre el estado actual de la procuración de justicia federal. En 2025, de 136,256 carpetas de investigación en trámite, apenas 13,044 llegaron a sentencia. Eso es una tasa de conversión del 7.14%. El plan lo presenta como “línea base”.
Un analista honesto lo llama por su nombre: fracaso sistémico acumulado durante años.
Más revelador aún: el 94.6% de esas condenas se obtuvieron mediante procedimiento abreviado, es decir, mediante la negociación de culpas y no mediante la litigación oral que supuestamente es el corazón del sistema acusatorio adoptado en la reforma de 2008.
Después de casi 20 años de aquella reforma, el juicio oral es una excepción estadística en la FGR. Lo que opera cotidianamente es un sistema de acuerdos que, por diseño, evita el escrutinio judicial pleno.
En materia de delincuencia organizada, el contraste entre los datos y la realidad territorial es aún más perturbador.
En 2025 se abrieron 471 carpetas de investigación por este delito a nivel federal.
Frente a una criminalidad organizada que controla territorios completos, que disputa plazas en múltiples estados, que opera con infraestructura financiera transnacional y que tiene capacidad de fuego comparable a la de fuerzas irregulares, abrir 471 expedientes en un año no es persecución penal: es administración simbólica de la impunidad.
Y sobre el homicidio, hay una trampa narrativa que el plan ejecuta con maestría.
Presume una reducción del 40% en el promedio diario de víctimas desde los niveles máximos del sexenio anterior, y la tasa nacional de 17.5 por cada 100,000 habitantes como el nivel más bajo desde 2018. Lo que el documento calla es que esa tasa sigue ubicando a México entre los 20 países con mayor violencia letal del mundo, y que el punto de comparación — 2018 — fue el año más violento en la historia moderna del país.
Compararse con el peor momento propio no es evaluación estratégica: es política de imagen.
La corrupción como variable decorativa
El Eje 10 del plan se dedica al combate a la corrupción.
La respuesta institucional ante el hecho de que seis de cada 10 ciudadanos perciben corrupción en la FGR — dato que el propio plan reconoce — consiste en actualizar el Código de Ética, constituir un Comité de Ética y ejecutar programas de capacitación en integridad. Ninguna de estas medidas es nueva.
Ninguna ha producido resultados medibles en los últimos 15 años.
La corrupción en el Ministerio Público no se resuelve con talleres de valores.
Se combate con investigaciones penales efectivas contra los propios servidores públicos corruptos, con cambios estructurales en los mecanismos de selección, con salarios competitivos que reduzcan la vulnerabilidad al soborno y con supervisión externa con dientes legales.
El plan no tiene ninguna de esas cuatro cosas.
El Servicio Profesional de Carrera, que según el propio documento “quedó rezagado históricamente”, se promete de nuevo sin que el plan ofrezca un análisis de por qué fracasó en todos sus intentos anteriores. Cuando una institución promete exactamente lo mismo que prometió hace 10 años sin explicar qué cambió, el ciudadano tiene razón en no creerle.
Lo que el plan no dice: el verdadero mapa de la impunidad
Las ausencias de un documento estratégico son, frecuentemente, más reveladoras que su contenido.
Este plan no menciona en ninguno de sus apartados una sola estrategia de investigación que resulte políticamente incómoda para el gobierno en turno.
No hay referencia a la investigación de funcionarios federales activos, ni a casos de presunta violación a derechos humanos por parte de fuerzas militares, ni a la crisis de impunidad en casos emblemáticos que acumulan años sin resolución.
No hay una sola línea sobre la protección a periodistas en un país que registra decenas de comunicadores asesinados en años recientes, convirtiéndose en uno de los territorios más peligrosos del mundo para el periodismo fuera de zonas de conflicto.
El silencio sobre el lavado de dinero es igualmente estructural: se habla de investigación financiera, pero no existe diagnóstico alguno sobre las tasas de condena por lavado en México — que están entre las más bajas de América Latina — ni autocrítica sobre por qué los grandes operadores financieros del crimen organizado siguen transitando por el sistema judicial con impunidad casi intacta.
Y la cifra negra del 90% se cita como dato contextual sin que ninguno de los 10 ejes esté diseñado para reducirla. Todos los indicadores de éxito del plan se medirán sobre los delitos que sí se denuncian.
Los nueve de cada 10 que no se reportan seguirán siendo invisibles. Sobre estadísticas invisibles no se puede construir ninguna política de justicia creíble.
Nota del autor: Continúa en la segunda entrega: Las reformas que el plan no contempla y el veredicto final.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.