UNOTV
En septiembre de 2025, el ministro presidente Hugo Aguilar prometió una Suprema Corte distinta: austeridad, transparencia, combate a la corrupción y una justicia real.
A pocos meses de ese mensaje, la Corte enfrenta cuestionamientos públicos por gastos, decisiones administrativas y opacidad.
Exceso de asesores
El primer señalamiento llegó apenas iniciada la nueva presidencia. El medio EME Equis reveló que la oficina del ministro presidente contaba con 97 asesores, una cifra mayor a la de la administración previa, con un costo conjunto superior a 6 millones de pesos mensuales.
Tras la polémica, se anunció una reducción del 40% en esa plantilla.
El punto de quiebre: las camionetas
La mayor controversia estalló este mes con la compra de vehículos para el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Reportes periodísticos y publicaciones en redes sociales señalaron la adquisición de camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas para ministros, lo que reavivó el debate sobre la austeridad prometida.
En Unotv.com se documentó que cada unidad tenía un costo de entre 1.06 y 1.7 millones de pesos, según versión y equipamiento.
Cuestionada al respecto, la presidenta de la República indicó que correspondía al Poder Judicial explicar la compra, su justificación en materia de seguridad y los criterios utilizados.
La postura oficial
El Poder Judicial respondió que la renovación del parque vehicular obedecía a criterios de seguridad institucional, no a decisiones discrecionales.
A la discusión se sumó el economista Gerardo Esquivel, quien afirmó que algunas unidades habrían sido emplacadas en Morelos para evitar el pago de tenencia en la CDMX. Hasta ahora, no hay confirmación oficial.
La versión del OAJ
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró que no se trató sólo de camionetas para ministros.
Informó que el PJF adquirió 571 vehículos para distintas áreas y que la operación generaría ahorros por 1,098 millones de pesos frente al esquema de arrendamiento previo.
Tras la polémica, se anunció que los ministros dejarán de usar camionetas blindadas, las cuales podrían destinarse a jueces en riesgo.
La foto que no fue
Otro episodio fue la supuesta elaboración de un “Retrato Vivo” de la ministra Lenia Batres, con un costo superior a 40 mil pesos.
La SCJN aclaró que no se realizó el gasto ni la obra, y que el documento permaneció visible en el portal de transparencia por un error administrativo.
Salud y versiones de trato preferencial
También se cuestionó un convenio entre la SCJN y el ISSSTE para atención médica de segundo y tercer nivel.
En redes se habló de trato VIP, versión que ambas instituciones negaron, al asegurar que el acuerdo no implica privilegios.
Transparencia bajo la lupa
Usuarios detectaron que en el portal institucional ya no aparece el sueldo bruto y neto de funcionarios, información que antes era pública.
Hasta ahora, la Corte no ha explicado si esos datos siguen disponibles por otras vías.
Más señalamientos
A los anteriores cuestionamientos se suman también el viaje en avión de la ministra Loretta Ortiz, señalado en redes sociales, y el reporte del medio FrojiMX sobre la compra de 12 togas nuevas con un costo cercano a 300 mil pesos.
Además, El Universal informó sobre un pago de 1.2 millones de pesos por una ceremonia ritual, lo que abrió otro debate sobre el uso de recursos públicos.
Incluso, recientemente en la SCJN se aprobó por error un proyecto que había sido votado en contra por la mayoría de los ministros durante una sesión pública.
El error se atribuyó al secretario general de acuerdos. La equivocación quedó registrada en la trasmisión oficial del Pleno. Horas después, en un comunicado la SCJN dijo que se revisó nuevamente la votación y se detectó la inconsistencia en el registro de la votación.
Promesa, en revisión
Si bien la nueva Corte llegó con un discurso de cambio y apertura. Hoy, ese discurso enfrenta el escrutinio público, no por acciones del pasado sino por algunas decisiones del presente.