El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, afirmó que la detención del exgobernador César Duarte por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se llevó a cabo luego de que el Gobierno de Estados Unidos otorgara una autorización especial el pasado 4 de diciembre, relacionada con su proceso de extradición.
De acuerdo con el funcionario, debido a que Duarte fue entregado a México bajo los términos del Tratado de Extradición, cualquier acusación adicional a los delitos por los cuales se solicitó su extradición requiere la aprobación del país que concedió el traslado. Por ello —explicó— se gestionó un principio de excepción que permitió a la autoridad federal actuar por los nuevos cargos.
De la Peña Grajeda subrayó que el gobierno de Chihuahua ha cumplido con su responsabilidad jurídica, pues el exmandatario continúa enfrentando procesos penales en el ámbito local. Añadió que la administración estatal será respetuosa del Estado de Derecho y del desarrollo del juicio federal.
“Me parece que el Estado de Chihuahua ha cumplido con su deber. Este señor está sujeto todavía a proceso en el Estado de Chihuahua. Gozaba de los beneficios que le da la ley, no un beneficio otorgado por una decisión unilateral. Ahora le toca enfrentar a la justicia en otro ámbito, en este caso, en el federal”, declaró.
El secretario confió en que la FGR presente las pruebas que sustenten las acusaciones, mientras que Duarte tendrá la oportunidad de defenderse con los recursos legales correspondientes.