ONU alerta a Sheinbaum: Megaproyectos en Golfo de California ponen en riesgo a millones de personas.
Proceso
Relatores de la ONU enviaron una comunicación al gobierno de Sheinbaum expresando su “seria preocupación” por seis megaproyectos de gas licuado en el Golfo de California. Alertan que ponen en peligro la vida de millones de personas y especies en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad.
Impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, megaproyectos extractivos desarrollados en el Golfo de California están en la mira de nueve relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por poner en riesgo la vida de millones de personas y especies marinas.
En una segunda comunicación de especialistas de procedimientos especiales de la ONU, por las violaciones a los derechos humanos y poner en riesgo una zona clasificada por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad, se alerta al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre las amenazas que representa la operación de seis proyectos de gas fósil licuado en lo que es considerado el “Acuario del mundo”.
Como lo publicó Proceso a finales de noviembre, el movimiento ¡Aquí No!, que se opone a la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que impactará al sistema lagunar de Santa María-Ohuira-Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, divulgó las comunicaciones que 11 relatores de la ONU enviaron a México al consorcio Proman, de la que es filial GPO, que cuenta con capital suizo y alemán, así como al banco alemán KFW IPEX Bank. Suiza y Alemania también fueron requeridos por los expertos internacionales.
Nos gustaría expresar nuestra seria preocupación por los impactos adversos sobre los derechos humanos causados por actividades como la explotación de combustibles fósiles, incluido el Gas Natural Licuado (GNL) que contribuyen al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad y a la contaminación, e impactan negativamente en el disfrute de los derechos humanos -advirtieron los relatores de Naciones Unidas.
La nueva comunicación, divulgada por organizaciones defensoras del medio ambiente, se refiere a un documento fechado el 2 de septiembre pasado para el gobierno de México, Estados Unidos y Singapur, países de origen de las empresas México Pacific Limited, LGN Alliance, Pte Ltd Singapore, Epcilon LNG EEUU, Sempra Infrastructure y GNL Cosalá, SA de CV, firmado por nueve expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La alerta se centra en los eventuales daños a 12 áreas naturales protegidas (ANP), 33 sitios clasificados internacionalmente por su valor ambiental (Ramsar) que son, a su vez, asentamiento de territorios ancestrales de pueblos indígenas, donde están asentadas 11 millones de personas, algunas de ellas dedicadas a la pesca y al turismo.
El origen de las misivas está en una solicitud que hicieron en diciembre del año pasado 25 personas integrantes de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles mexicanas a las relatorías especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto el cambio climático y sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para que México y Estados Unidos proporcionaran “información completa, que escuchen a las comunidades antes de tomar decisiones y que garanticen el derecho a un medio ambiente sano”, así como abrir una investigación “seria e independiente para saber cómo las terminales podrían afectar la salud, la pesca, el turismo y la vida cotidiana de miles de familias de la región del Golfo de California”.
A esa petición se sumaron los relatores especiales en la esfera de los derechos culturales, sobre el derecho al desarrollo, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, así como los presidentes de los grupos de trabajo sobre la cuestión de derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, y sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.
En las misivas recodaron que “la quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima en la tierra”, por lo que resultan preocupantes “estos proyectos en particular, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, por su contribución a la actual crisis climática, de biodiversidad y de contaminación”.
Tras referirse a cada uno de los proyectos, Terminal GNL de Sonora-Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LGN, GNL Cosalá, y los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, que convertirían a México en el cuarto exportador de gas fósil licuado del mundo, resaltaron que “la industria del GNL es responsable de la emisión de aproximadamente 2.3 gigatoneladas de CO2 al año a escala mundial”.
Sólo tomando los datos aportados en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Vista Pacífico, proyectada para la bahía de Topolobampo, Sinaloa, los expertos resaltaron que en las primeras dos fases de operación la planta emitiría 776 mil 653 toneladas de CO2 al año, mientras que en la fase tres, sólo por ese proyecto se “alcanzarían los 13.89 millones de toneladas métricas de CO2 al año”.
A ello se suman las emisiones de metano que conlleva la cadena de producción de GNL, “un gas de efecto invernadero cuya contribución al aumento de la temperatura media global se calcula 80 veces superior al CO2”.
Con base en esos datos se “ponen de manifiesto las consecuencias negativas de estas activades sobre la calidad de las regiones afectadas, así como los perjuicios para el medio ambiente y los derechos humanos en el contexto del cambio climático”.
Además, “dichas emisiones podrían aumentar las emisiones totales de México de gases con efecto invernadero, así como comprometer el cumplimiento de la reducción de emisiones, incluyendo de metano, establecidas por el Estado”, en el Acuerdo de París, suscrito por México.
Al señalar que los proyectos de licuefacción de gas el uso de agua está muy comprometido –por las grandes cantidades utilizadas, por la contaminación por sustancias químicas peligrosas y el vertido de agua de lastre de las sentinas de los buques metaleros– los expertos hacen un recuento de las consecuencias para la biodiversidad del Golfo de California, para los pueblos indígenas y comunidades que viven de los productos del mar y el turismo, y en general a los derechos humanos.
Los expertos destacaron que en la documentación disponible de los proyectos “no se ha revelado al público la localización geográfica exacta de la infraestructura de todos los proyectos mencionados, lo que impide la realización del derecho a acceder a la información y a una participación significativa y activa en los procedimientos de toma de decisiones relativos a las medidas que les afectan directamente a ellos y a los territorios en los que viven”.
Cuestionamientos para el gobierno de la 4T
En la comunicación dirigida al gobierno de Claudia Sheinbaum los expertos formulan 11 cuestionamientos, entre ellos cómo “pretende respetar el compromiso de reducir sus emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta en un 30 por ciento”, establecido en la Contribución Nacionalmente Determinada actualizada de 2022 al Acuerdo de París, y cómo los megaproyectos “se ajustan a dicho compromiso”.
Los relatores de la ONU también preguntan sobre otros lineamientos internacionales firmados por México, cuyo cumplimiento quedan en entredicho con la construcción de los megaproyectos, siendo estos los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Sobre las manifestaciones de impacto ambiental presentados por las empresas, se pregunta si “se han preparado con un enfoque basado en los derechos humanos, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático y los impactos acumulativos e interrelacionados sobre el ambiente, la biodiversidad y los tóxicos, así como los impactos sociales y culturales en las comunidades pertinentes ubicada en las zonas afectadas, incluyendo el derecho a la salud”.
México también es cuestionado sobre los procesos de consulta, sobre las ubicaciones geográficas exactas de los proyectos, sobre las garantías de defensa de los pueblos inconformes con esos mega desarrollos en sus territorios y cómo se pretende “prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos relacionados con el cambios climático y otros efectos sobre los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, que las empresas puedan causar o a los que puedan contribuir a través de sus propias actividades, o que puedan estar directamente vinculados, a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales”, y cómo las empresas toman en cuenta a las poblaciones que se verán afectadas.
El 31 de octubre de 2025 la Misión Permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, remitió a las distintas relatorías respuesta a la lista de cuestiones que el fueron formulados el 2 de septiembre anterior, en la que si bien se reconoce el valor ambiental del Golfo de California, también se advierte que la misma Constitución mexicana “establece que el sector de hidrocarburos es un área estratégica, de interés público y seguridad nacional”.
Por esa condición prioritaria “se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno desarrollo y, por lo tanto, sin restringir el pleno acceso a la información ambiental, de conformidad con la legislación ambiental vigente”, se apunta en el documento.
Respuestas de la Presidencia
El gobierno de Sheinbaum resaltó que, hasta ahora, sólo tienen los trámites resueltos para su consolidación Terminal Sonora y Gasoducto Sierra Madre, realizado por México Pacific Land Holdings, S deRL De CV, así como Sierra Madre (Frontera-Puerto Libertad), construido por Transportadora de Gas Sierra Madre, de S de RL de CV.
Al señalar que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se coordina con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para realizar las consultas a pueblos originarios, el gobierno de México respondió a los relatores que ,de los proyectos, sólo son considerados susceptibles de consulta, el Gasoducto Sierra Madre y el Corredor Norte. El resto de los proyectos estarían en “trámite de evaluación”.
Los otros cuatro planes (Terminal GNL de Sonora, Terminal Amigo, Vista Pacífico y Terminal Cosalá) fueron descartados de ese proceso al sostener que no habría población indígena a la que consultar.
El caso del Gasoducto Corredor Norte, a cargo de Sempra Infaestrutura, que forma parte del proyecto Vista Pacífico, que comprende una “planta de licuefacción en una embarcación flotante para GNL y un sistema de transporte de gas natural”, se informó que en estos momentos la etapa de consulta “se desahoga con 33 comunidades indígenas en el estado de Sinaloa, de las cuales 29 se encuentran en fase consultiva, mientras que cuatro restantes están en etapa informativa”.
El otro proyecto que se someterá a consulta será Gasoducto Centauro del Norte, Fase II, que se encuentra en la preparación de instalar un “Comité Técnico Asesor” para realizar una consulta indígena, luego de que el 9 de septiembre se hizo una reunión.
En cuanto a los cuestionamientos por falta de información sobre los lugares exactos dónde se instalarán los proyectos extractivos, el gobierno mexicano indicó que, de acuerdo a la legislación mexicana, “los promovente de la obra o actividad pueden requerir a la autoridad competente se mantenga en reserva la información que forme parte del expediente a evaluar, toda vez que de resultar publicada se pudieran afectar derechos de propiedad industrial, así como la confidencialidad de la información aportada”.
Agregó que, por lo anterior, “la información relacionada con la ubicación de los proyectos mencionados se encuentra reservada en términos de la legislación en materia de transparencia”.
Después de asegurar que todos los procedimientos están apegados a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), el gobierno de México afirma que cumple con los Acuerdos de París y que se ha asignado a la Secretaría de Energía como ente supervisor de los “principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se pretendan desarrollar proyectos el sector energético, por medio de una evaluación e impacto social la cual incluye la identificación de las comunidades y los pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto del sector energético, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes”.
De los remitentes a los que se dirigieron los relatores, sólo el gobierno de México envió respuesta a los requerimientos.
Los relatores que firman las misivas son Elsa Morgera, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Pichamon Yeophantong, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas; Alexandra Xanthaki, relatora especial en la esfera de los derechos culturales; Surya Deva, relator especial sobre el derecho al desarrollo; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible; Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; Albert K. Barume, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Carlos Arturo Duarte Torres, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.