Proceso
La retirada de una base militar en Apatzingán desencadenó la reactivación inmediata de la disputa entre grupos delincuenciales desatando desplazamientos forzados en al menos cinco comunidades. La ONG OSHRA denuncia que el plan federal no ha desmantelado las estructuras del crimen organizado.
De madrugada, huyendo de la violencia reactivada por grupos delincuenciales que se disputan el territorio, 668 personas de al menos cinco comunidades del municipio de Apatzingán abandonaron sus hogares el 5 de mayo último buscando salvaguardar la vida.
El desplazamiento forzado masivo fue dado a conocer por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) y evidenció el desinterés y abandono de las autoridades en zonas de conflicto pese al llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia –lanzado el 9 de noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El día previo al desplazamiento fue retirada la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) emplazada en la localidad de Acatlán, lo que reactivó de manera inmediata la confrontación entre los grupos delictivos que persisten en la región y que por años se han disputado el control del territorio.
Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital Holanda y Los Laureles son las comunidades que registraron el desplazamiento forzado de sus habitantes, aunque el OSHRA alerta posibles afectaciones también en Acatlán, Cueramatillo, La Damiana, Los Tules y El Lindero.
La violencia y la operación delincuencial en la región de Apatzingán, así como la persistencia de pueblos y comunidades “fantasma” patentizan en Michoacán una estrategia de seguridad fallida, que ha obligado y obliga a miles de personas a desplazarse en busca de refugio, ya sea dentro del propio estado o del país, o incluso en Estados Unidos.
Frente al problema, el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla ha abdicado de sus responsabilidades, denuncia la organización.
Los municipios de Apatzingán y Aguililla son muestra de ello. La desarticulación de la célula criminal Los Blancos de Troya –ya con el Plan Michoacán en operación– y la detención de su líder, Alejandro Sepúlveda Arellano, el Bótox, por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, representa sólo uno de los 11 objetivos prioritarios enlistados en la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para la zona sur-suroeste del estado.
Aguililla, tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, tras su detención y muerte el 22 de febrero último, fue uno de los lugares que registraron los disturbios más graves en toda la región, incluyendo la quema de la terminal de autobuses Galeana, principal línea de transporte del lugar.
Este municipio, a juicio de activistas, es hoy un punto de transición en el que la tensa calma –posterior a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación– augura una inminente disputa por el territorio entre las células delincuenciales que operan en la región.
Durante los cuatro primeros meses de operación del Plan Michoacán –de noviembre de 2025 a febrero de 2026–, 59 de los 113 municipios en Michoacán registraron alzas en la comisión de delitos con respecto de los cuatro meses que antecedieron a la instrumentación de la medida.
Entre ellos se encuentra Apatzingán, con un incremento en amenazas (15%), abuso sexual (166.67%), despojo (20%), extorsión (33.3%) y lesiones dolosas (15.25%) partiendo de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Julio César Franco Gutiérrez, consejero del OSHRA, subraya que la estrategia de descabezar líderes criminales no es equivalente a desmantelar estructuras criminales, y esto último, considera, resulta crucial al día de hoy para tener un parámetro de la eficacia sobre las estrategias de seguridad.
Explica que las estructuras del crimen organizado en Michoacán son amplias y se han construido durante años, con constantes reconfiguraciones territoriales. Han operado grupos como el Cártel del Milenio, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, entre otros. Esta dinámica refleja una intensa disputa por territorios altamente lucrativos para actividades ilícitas.
Huir, la opción
Para los habitantes de la región la situación es crítica. Desde el 3 de marzo último el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, del que OSHRA forma parte, mediante un comunicado advirtió del aumento de casos de desplazamiento como efecto de la “alarmante situación de violencia e inseguridad en el país”.
Señaló que en Michoacán y Guerrero las comunidades huyen incluso con presencia de la Guardia Nacional, sin recibir atención humanitaria ni registro oficial.
El Observatorio reportó cómo en febrero último, de 13 categorías analizadas de incidencia delictiva, Apatzingán superó en seis las tasas nacionales (homicidio doloso, homicidio culposo, lesiones dolosas, robo con violencia, robo de vehículo, y extorsión), y en ocho las tasas estatales (delitos sexuales distintos a la violación y robo a negocio, además de las mencionadas).
Julio Franco subraya que la presencia de fuerzas de seguridad no es suficiente para inhibir la actividad criminal ni la disputa por el territorio.
“El despliegue territorial a través de bases de operaciones interinstitucionales sólo está consolidando la militarización, no la autoridad del Estado mexicano ni la vigencia del Estado de derecho sobre esos territorios”.
Ejemplifica con la comunidad Paso del Capire: de 70 habitantes que tenía en 2020 hoy sólo quedan tres. Otro caso es El Alcalde, con una Base de Operaciones desde marzo de 2025; pese a ello, apenas hay entre cinco y siete casas habitadas, cuando a inicios de la década tenía alrededor de 480 pobladores.
Estamos hablando de comunidades que tuvieron un peso importante, por así decirlo, en el ámbito del cultivo citrícola –que es la actividad principal de la región– y que el día de hoy son virtualmente pueblos fantasma, pese a la presencia de las fuerzas del Estado –señala.
En octubre último la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, reportó el desplazamiento forzado de 300 personas de sus comunidades de origen por hechos de violencia, sobre todo del poblado de El Guayabo, y calculó en sólo 25% los casos de retorno sobre desplazamientos ocurridos entre marzo y julio de 2025.
El corredor del desplazamiento forzado en Apatzingán abarca los pueblos de El Alcalde, El Guayabo, El Mirador, El Manso y Cerro Blanco como principales comunidades, además de otras cuyos desplazamientos son más antiguos.
La Universidad Iberoamericana ha documentado el fenómeno en la última década en su estudio “Travesías Forzadas, desplazamiento interno en México 2024”.
Entre 2016 y 2024, un total de 23 mil 555 personas fueron desplazadas en Michoacán, particularmente en regiones como Tierra Caliente, la Sierra-Costa y la zona de Los Reyes. Sólo en 2021 el número de desplazados sumó 13 mil 515.
El gobierno estatal ha renunciado a asumir su responsabilidad frente a la problemática del desplazamiento forzado en la región y el estado pese a contar ya con los insumos al respecto. Aunque en el arranque inicial de la administración bedollista se realizaron trabajos encaminados a la atención del problema, los esfuerzos fueron abandonados y hoy el tema ya no figura dentro de la agenda de la administración estatal.
Por ejemplo, la Secretaría del Migrante del Gobierno de Michoacán elaboró un primer y último diagnóstico sobre el fenómeno a partir de los casos registrados en el primer año de la administración de Alfredo Ramírez.
Fueron todos en la misma región: En El Aguaje y Palo Alto, en Aguililla, mil 744 personas; de Manzo, Tecomacán, Lomas de las Piedras, Nopalera y San Simón, en Apatzingán, tres mil 235; El Aguacate, La Cofradía, La Limonera, Las Parotas y Las Pilas, en Coalcomán, 785; Álvaro Obregón, Carapuato, Colomoitán y Las Juntas, de Tepalcatepec, 2,053.
Abandono gubernamental
El 13 de marzo último en Guatemala, durante la audiencia “Situación de los Desplazamientos Forzado en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julio Franco expuso el problema que se vive en Apatzingán, y refirió que el desplazamiento no es sólo huir de un enfrentamiento, sino que es el resultado acumulado de amenazas, extorsión, reclutamiento forzado y desapariciones.
“La presencia de tecnologías de guerra, contaminación por armamento en comunidades, es un factor determinante; Michoacán es la segunda entidad con mayor cantidad de artefactos explosivos improvisados desactivados”.
Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, le respondió genéricamente echando mano del Plan Michoacán, que, asegura, “cuenta con recursos puntuales para atender las causas que han generado esta situación de emergencia” en el estado.
Pero Franco señala que el Plan no sólo llegó tarde, sino que todavía no ha demostrado ser eficaz. La medida “respondió a dos hechos: la tortura y asesinato de Bernardo Bravo, un querido colaborador que nos duele y por cuyo caso seguimos reivindicando nuestra exigencia de justicia”. Y posteriormente, el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.
“No existiría ese Plan si no fuera por estas dos grandes tragedias, que son mediáticas. Y hay que insistir en algo: son dos vidas que son igualmente valiosas que las miles que se pierden y han perdido durante todos estos años en Michoacán”, subrayó.