Los médicos certificados también tienen denuncias y muertes: la otra cara de la cirugía estética.
Animal Político
Un tercio de las muertes registradas en cirugías estéticas en la última década se produjeron tras operaciones realizadas por profesionales especialistas certificados en cirugía estética. México carece de un mecanismo público que supervise de manera continua a los médicos certificados. En el gremio hay una disputa entre cirujanos plásticos especialistas, médicos estéticos y agrupaciones paralelas para operar en un mercado de medicina estética que deja ganancias millonarias.
Es el primer Día de Muertos sin Eréndira Torres. Ella reposa en el Panteón Jardín, al sur de Guadalajara. Su familia adornó su tumba con guirnaldas de flores de cempasúchil que cuelgan del techo; al centro, una cruz de veladoras y pequeñas luces iluminan su espacio.
Con una canción que él mismo compuso, su esposo Hugo le promete que cumplirá todo lo que ambos soñaron: cuidar a sus tres hijos, especialmente a la más pequeña que vive con autismo. “Una cirugía que prometía para tí alegría / hoy deja destrozados muchos corazones”, se escucha desde la bocina de su celular.
Junto a la fotografía sobre la tumba, su hermana Griselda coloca un boleto de avión que dice “destino al cielo”. “Ella iba a viajar por primera vez al extranjero después de su cirugía, pero eso ya nunca pasó”, cuenta ocultando sus lágrimas detrás de unos lentes de sol.
Eréndirá Torres Triscareño falleció el 5 de julio de 2025 durante una abdominoplastia en el Hospital San Miguel Country, uno de los más prestigiosos de Guadalajara. Buscaba corregir una diástasis abdominal (separación de los músculos del abdomen). Según cuentan sus familiares, fue citada a medio día, pero el médico la atendió llegada la noche, argumentando que desde la madrugada había tenido varias cirugías. Cuando ella y su esposo le preguntaron si estaba en condiciones de continuar, su respuesta fue: “puedo con eso y más”.
La intervención estuvo a cargo de José de Jesús “S”, médico cirujano partero, especialista en cirugía general y desde 2025 titulado como especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva por la Universidad de Guadalajara. Un mes después de operar a Eréndira, en agosto de 2025, obtuvo su cédula profesional, pero ya contaba con la certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER), de acuerdo con su constancia profesional pública en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación.
Aunque la recomendación es siempre acudir con médicos certificados, la muerte de Eréndira no es un caso aislado. En los últimos diez años, 37 mujeres han muerto en procedimientos estéticos realizados por cirujanos plásticos con especialidad y certificación de ley, de acuerdo con el análisis realizado para esta investigación por Animal Político y CONNECTAS. Durante los últimos 10 años, se reportaron 121 muertes relacionadas con cirugías estéticas registradas en prensa y redes sociales.
Del total de fallecimientos ocurridos en una década, el 31.4% de los procedimientos fueron realizados por especialistas certificados; 25.40%, por médicos con maestrías en cirugía estética o longevidad; 7.6%, por especialistas de otras ramas; y 3.4%, por personal de salud únicamente con nivel licenciatura.
Aunque las autoridades sanitarias insisten en que la certificación, a través del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), es el principal filtro de seguridad para los pacientes, la evidencia muestra que también hay fallecimientos en manos de médicos con aval oficial.
De acuerdo con el análisis de fallecimientos realizado para esta investigación, las irregularidades detectadas incluyen prácticas no éticas por parte de los médicos (operar a más de un paciente a la vez) o por fuera de la ley, como intervenir en hospitales sin permisos sanitarios o con infraestructura deficiente, no realizar valoraciones preoperatorias, omitir cartas de consentimiento informado, abandono del paciente antes de la recuperación o no dar adecuado seguimiento postoperatorio.
Las muertes que la certificación no evitó
Estimaban que sería un procedimiento largo, pero no pasaron más de tres horas de la entrada al quirófano cuando Hugo León, esposo de Eréndira, recibió una llamada para regresar al hospital. El médico le informó que algo había salido mal y que las posibilidades de que ella sobreviviera eran mínimas. Hugo recuerda que, en el quirófano donde estaba su esposa, el personal médico entraba y salía apresuradamente. Le sugirieron despedirse, pues no había posibilidad de salvarla.
“Comencé a ver muchos movimientos muy raros en el hospital. Me acerqué para despedirme, le di un beso y ya estaba fría, muy fría. La traían solamente con un respirador artificial, que es como resucitador manual; no estaba conectada a ningún aparato (…) El médico dijo que estuvieron tres horas intentando reanimarla y pregunté: ‘¿Cómo tres horas estuviste intentando reanimarla y no la trasladamos a otro lugar’”, relata el marido en entrevista.
De las 121 muertes analizadas para esta investigación, cerca del 32% (37 casos) fueron procedimientos hechos por médicos avalados por la ley, con especialidad y certificación vigente, mientras que en 30 casos (25.4%) las cirugías las hicieron médicos con maestrías en cirugía estética.
Entre las fatalidades en procedimientos realizados por médicos certificados se repiten patrones: operaciones en hospitales sin la infraestructura y equipo adecuado, jornadas laborales extendidas, múltiples procedimientos en una sola intervención, cirugías simultáneas de atención a más de una paciente a la vez, omisión de estudios preoperatorios en varios casos, y hasta intentos por evitar el reporte del fallecimiento mediante acuerdos económicos con las familias.
A diferencia de las cirugías urgentes o de requerimiento curativo, en los procedimientos estéticos se trata de medicina satisfactiva o voluntaria, en la que los médicos están obligados a ser más exhaustivos en la evaluación de salud del paciente a través de estudios preoperatorios, así como dar información clara sobre los riesgos, complicaciones y limitaciones del acto médico, sobre todo en dar expectativas realistas a los pacientes.
Esto forma parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, que especifica la obligación de los médicos de tener un expediente clínico por paciente, así como cartas de consentimiento informado. Sin embargo, en estos puntos es donde existen deficiencias por parte de médicos certificados que, al prometer altas expectativas tras la cirugía, no brindan la suficiente información a sus pacientes sobre los riesgos o no supervisan su estado de salud actual.
En el caso de Eréndira, todo comenzó cuando ella y su hermana Griselda comenzaron a buscar al mejor especialista para operarse. Querían mejorar su cuerpo después de pasar por embarazos y llegar casi a los 40 años. Entraron a grupos de WhatsApp donde otras mujeres compartían sus experiencias y hasta fotografías de sus resultados. El médico José de Jesús “S” era descrito como una eminencia, recuerda su hermana.
Visitaron a varios profesionales, pero lo eligieron a él por las recomendaciones y porque en el hospital les aseguraron que se contaba con la infraestructura necesaria, incluida terapia intensiva. Sin embargo, en el día de la operación, el personal de salud negó contar con esta área. “¿Tienes palancas para moverla?”, preguntó el médico a la hermana cuando pidieron que fuera trasladada a un hospital público.
Los familiares de Eréndira denuncian que existieron diversas irregularidades el día de la operación: como evitar que la mujer fuera trasladada de emergencia a otro hospital público; no dar información clara sobre su estado de salud; que el hospital no contara con área de terapia intensiva; y que, de acuerdo con su testimonio, los médicos querían que el cuerpo fuera entregado directamente a la funeraria sin pasar por la Fiscalía. Refieren que al acreditar la muerte en el hospital emitieron una causa de fallecimiento distinta a la encontrada en los peritajes.
Acorde a las investigaciones del caso, la versión del médico Jesús “S” es que la mujer de 37 años murió a consecuencia de múltiples paros cardíacos. Sin embargo, la necropsia oficial realizada por las autoridades forenses determinó una perforación de hígado con un objeto punzocortante.
“Me decían: márcale a la funeraria para que vengan por ella, te ayudamos con el trámite, te vamos apoyar con lo que sea posible. Pues ellos mismos hablaron a la funeraria, cosa que yo nunca hice; de repente ya estaban entrando a checar ya para llevársela”, comenta Hugo. De no ser por la llegada de sus abogados, la muerte de Eréndira no habría sido registrada como un homicidio, ya que los médicos buscaron la forma de llegar a un acuerdo económico con la familia para evitar que fueran investigados.
En noviembre de 2025, el médico responsable de la operación, Jesús “S”, fue vinculado a proceso por los delitos de responsabilidad médica y homicidio culposo. Esto pese a contar con todas las certificaciones profesionales que acreditaban su especialidad.
El caso abrió la puerta para cuestionar la forma en que se acredita y se supervisa a los cirujanos plásticos certificados en México, así como fomentar la transparencia en sus procedimientos, ya que se desconoce cuántas intervenciones realizan y cuántas de estas derivan en fatalidades.
Sanciones a especialistas
Aunque existen denuncias y sanciones contra médicos certificados, ninguna autoridad ha realizado auditorías integrales y sistemáticas sobre los servicios de cirugía plástica, los cuales operan bajo esquemas privados y contractuales.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico analizó 46 casos de controversias en cirugías plásticas atendidas por su área de arbitraje entre 2012 y 2022. El estudio reportó que el 95.6% de los procedimientos fueron realizados por personal médico, mientras que el 4.3% corresponden a cirugías hechas por personas sin cédula profesional identificada.
De los 44 procedimientos realizados por médicos, poco más de la mitad (52.27% / 23 cirugías) corresponden a profesionales sin especialidad en cirugía plástica, lo que confirma que una parte significativa de las controversias surgen de prácticas fuera del perfil legalmente autorizado.
No obstante, el resto (47.4% / 21 cirugías) fueron responsabilidad de médicos especialistas, y 9 de cada 10 contaban con certificación oficial del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER).
Este hallazgo resulta relevante porque muestra que la certificación, por sí sola, no ha sido un mecanismo suficiente de prevención de malas prácticas, particularmente en procedimientos de alto riesgo como implantes mamarios, liposucción y abdominoplastia, que concentran la mayoría de las quejas. En 84.7% de las controversias, las personas afectadas fueron mujeres.
Por otro lado, a una escala más amplia, entre 2010 y 2021 CONAMED registró 874 quejas relacionadas con procedimientos de cirugía plástica y estética. De acuerdo con estadísticas oficiales, el número de quejas se duplicó a partir de 2023, lo que sugiere un crecimiento acelerado de conflictos médico-paciente en este tipo de procedimientos quirúrgicos, sin que ello haya derivado en un aumento proporcional de sanciones.
En ese mismo periodo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió 293 sanciones a médicos y establecimientos de salud. Sin embargo, sólo 17 fueron aplicadas directamente a médicos por cirugías estéticas y el resto correspondió a hospitales o corporaciones médicas, de acuerdo con información obtenida por transparencia.
De los 17 médicos sancionados, ocho eran especialistas certificados por la CMCPER o la AMCPER; seis contaban con maestrías en cirugía estética; y el resto tenía especialidades distintas. Las multas económicas varían entre los 50 mil y 600 mil pesos, montos que en conjunto suman 4.1 millones de pesos recaudados en una década por sanciones impuestas a médicos que realizan cirugías plásticas y estéticas.
Mientras tanto, en el ámbito penal la respuesta institucional a estos casos también está fragmentada. De acuerdo con información obtenida por transparencia, 11 fiscalías estatales reportaron la apertura de 382 carpetas de investigación por delitos de responsabilidad médica, práctica indebida del servicio médico o negligencia de procedimientos estéticos entre el 2014 y 2025.
Los estados con más investigaciones de este tipo son Puebla (248) por homicidios y lesiones por responsabilidad médica, Chihuahua (30), Oaxaca (26), Michoacán (23) y Sinaloa (14).
¿Quién vigila a los médicos certificados?
La Ley General de Salud establece que las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas deben realizarse por profesionales de la salud con “cédula de especialista expedida por autoridades educativas”, así como un certificado validado por “el Consejo de especialidad según corresponda”. En este caso, del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
Para certificarse, los médicos deben aprobar un examen teórico, práctico y de experiencia. El costo es de 13 mil pesos para médicos nacionales y 18 mil para extranjeros. La certificación dura 5 años y la recertificación cuesta 14 mil pesos, de acuerdo con la página oficial del CMCPER.
Este organismo es una asociación civil que tiene el reconocimiento del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem). Funge como entidad auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar procesos de certificación y recertificación de médicos especialistas; sin embargo, no es una dependencia de gobierno y tampoco está regulada por ninguna instancia pública como, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Se trata de médicos regulándose entre ellos a partir de asociaciones civiles, no a través de una autoridad.
Esto quiere decir que México carece de un mecanismo público que supervise de manera continua a los médicos especialistas certificados. No se audita el total de sus servicios, la infraestructura en la que operan ni el historial de denuncias.
En caso de faltas comprobadas judicialmente, el Consejo puede retirar la certificación, pero no impide que el médico siga operando. Significa que el seguimiento de estos médicos ocurre a través de asociaciones civiles que no tienen capacidad sancionatoria.
Protección gremial o impunidad: disputa entre colegios médicos
A la falta de vigilancia se suma un conflicto que fractura el gremio médico: la disputa entre cirujanos plásticos especialistas, médicos estéticos y agrupaciones paralelas que buscan legitimidad para operar un mercado de cirugías plásticas que deja ganancias millonarias.
Estos conflictos internos han dificultado la gestión de regulaciones gubernamentales que garanticen la seguridad de los procedimientos en favor de los pacientes.
Para esta investigación se buscó postura de los organismos más representativos del país que operan bajo sus propios parámetros: el Colegio Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C., con validez de Conacem para certificar y recertificar especialistas formados mediante residencias hospitalarias; la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. (AMCPER), agrupación privada que impulsa la certificación a través del CMCPER y la educación continua. Su trabajo se centra en la organización de congresos y la cercanía con autoridades educativas para la validación de estudios extranjeros.
Así como el Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos y Cirugía Estética A.C., conformado por médicos con diversas especialidades médicas (otorrinolaringología, ginecología, oftalmología, oncología, dermatología) y estudios de maestría en medicina estética, cuentan con sus propios mecanismos de acreditación; y el Colegio Mexicano Certificador de Cirugía Estética A.C., organismo privado que busca el reconocimiento oficial de la formación basada en maestrías.
Los posicionamientos de estos organismos evidencian una batalla por controlar la validez oficial del mercado de la medicina estética, más que por rendir cuentas o erradicar malas prácticas. Mientras especialistas certificados advierten sobre los riesgos de la formación no tradicional, médicos estéticos acusan a los primeros de monopolizar el mercado mediante procesos poco transparentes.
Desde la AMCPER, su presidente Martín de la Cruz Lira, sostiene que la formación especializada es un factor determinante para la seguridad de los pacientes.
“La preparación deficiente de alguien que no es un especialista, influye en que tengan más oportunidades de complicaciones que puedan afectar la salud y, en muchas ocasiones, hasta la pérdida de una vida en este tipo de cirugías que de alguna manera tienen riesgo. Pero el riesgo es mayor cuando se está bajo el procedimiento quirúrgico de alguien que no está entrenado, que no adquirió las habilidades necesarias”, comenta en entrevista.
En contraste, médicos con formación en maestría cuestionan el discurso del “intrusismo” en la medicina estética. “Hablar de intrusismo es una narrativa muy ambigua, porque realmente todas las especialidades médicas quirúrgicas dentro de su programa de estudios llevan cirugía estética. No es que las otras especialidades quieran meterse en algo que sólo le pertenece a un grupo médico. Esa narrativa excluye a todas las especialidades quirúrgicas, con la finalidad de apropiarse de un mercado creciente. Al tratarse de medicina privada, es una vía de ingreso adicional”, declara el Dr. Jhon Rodríguez Patzi, especialista en cirugía general con maestría en cirugía estética.
La disputa también se traduce en presión política. El presidente del Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos y Cirugía Estética, César Octavio Gutiérrez Amezquita afirma que su organización continuará impulsando cambios legales para ampliar el reconocimiento de su práctica, pues considera que limitar los procedimientos a un solo grupo médico responde a intereses de control de mercado.
“Ellos quieren tener el mercado, lo triste es que algunas autoridades se suman de manera inexplicable. Yo no digo que no puedan operar, son especialistas quirúrgicos, se han formado, han hecho lo mismo que nosotros, pero de eso a que nada más ellos (puedan hacerlo), no estamos de acuerdo. Vamos a seguir insistiendo en modificar la ley”, reclama el doctor.
Dentro del mismo gremio médico también existen denuncias sobre la falta de transparencia en los procesos de certificación. El médico Luis Fernandez de Córdova Río de la Loza ha señalado que el CMCPER se negó a validar sus estudios en Brasil, lo que de acuerdo con su testimonio, evidencia dinámicas de favoritismo y opacidad. En el libro Cédula en Jaque (2025), del periodista Jorge Marín Zurita, relata: “los resultados se publicaron en un comunicado frío: una lista de nombres, sin puntuaciones, sin informes de aprovechamiento, sin criterios de evaluación. Sólo una lista de los ‘acreditados’. Sin justificación, sin transparencia”, lo cual, afirma, impide conocer los motivos de aceptación o rechazo.
En medio de los señalamientos cruzados, los pacientes quedan en el escalafón más vulnerable del sistema. Abogados que litigan casos de negligencia médica sostienen que los colegios médicos terminan funcionando como estructuras de protección gremial, que dificultan sancionar la mala praxis.
Para la integración de una carpeta de investigación por responsabilidad médica en cirugía estética, se requiere la opinión técnica del cirujano plástico adscrito a una institución pública para que confirme la mala praxis. Sin embargo, según el abogado Froylan Alzaga, obtener este dictamen puede volverse especialmente complejo cuando el médico denunciado está certificado por el CMCPER.
“Con los (médicos) certificados, batallas para obtener la opinión técnica. El problema es que los encubren. Niegan o retrasan el proceso argumentando que no hay médicos disponibles (para avalar la opinión técnica). Cuando son médicos certificados no te dan nada, en cambio, cuando son médicos no certificados, en una semana ya tienes la opinión (de mala praxis)”, afirma el defensor quien logró en 2024 una sentencia condenatoria contra el médico estético Eduardo Gómez Casarrubias por la muerte de sus pacientes Hilary Heredia y Melissa Rodríguez.
Uno de los casos que representa, involucra a dos mujeres afectadas por una doctora certificada que transmitía las cirugías en vivo, a través de redes sociales, sin el consentimiento de los pacientes. Pese a múltiples denuncias, el proceso permanece detenido a la espera de validar la mala praxis. En tanto, su certificación médica por parte del CMCPER continúa vigente.
Estas dinámicas de protección dificultan sancionar a médicos con denuncias acumuladas. En paralelo, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios omitieron fijar postura ante esta investigación.
La ausencia de vigilancia gubernamental frente a estructuras médicas privadas que se supervisan a sí mismas, deja al descubierto un problema de salud pública sostenido por un mercado creciente y lucrativo construido sobre la insatisfacción corporal.