fuente: excelsior
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, expresó su agradecimiento al Gobierno de México por la entrega de 37 presuntos miembros de cárteles a las autoridades estadounidenses, calificando la acción como un logro significativo en la cooperación bilateral para combatir el crimen transnacional.
El traslado masivo, realizado bajo un mecanismo alternativo a la extradición tradicional, representa la tercera operación de este tipo en menos de un año y eleva a 92 el total de fugitivos entregados por las autoridades mexicanas a Estados Unidos dentro del marco de la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.
Bondi dijo que la transferencia de estas personas, vinculadas a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —ambos designados por Washington como Organizaciones Terroristas Extranjeras— fortalece la justicia en ambos países.
“Este es otro logro histórico en la misión de la Administración Trump para destruir a los cárteles”, afirmó la fiscal general, destacando la cooperación trilateral entre agencias estadunidenses y mexicanas para capturar y procesar a los acusados.
La fiscal añadió que “estos 37 miembros de los cárteles, incluyendo terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadunidense en territorio estadunidense”, subrayando que la colaboración con México ha sido clave para traer ante la justicia a individuos que habrían pasado años eludiendo responsabilidades penales.
La transferencia de los 37 presuntos miembros del crimen organizado se realizó bajo la Ley de Seguridad Nacional de México, un mecanismo que el gobierno mexicano ha utilizado para agilizar entregas de criminales ante la presión por la incapacidad de algunos procesos de extradición tradicionales para avanzar rápidamente.
Fuentes oficiales señalaron que cada caso fue evaluado individualmente por el Gabinete de Seguridad Nacional mexicano antes de autorizar el traslado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la decisión, describiéndola como “una decisión soberana” que responde a los intereses de seguridad nacional del país, y no como una concesión impuesta desde el exterior, aunque afirmó que fue solicitada formalmente por el Departamento de Justicia estadounidense.
El director del FBI, Kash Patel, también resaltó la importancia operativa de la cooperación, señalando que el regreso de fugitivos a territorio estadunidense es un ejemplo de “trabajo incansable y alianzas” entre agencias de ambos países para detener las actividades criminales de cárteles que trafican drogas, armas y personas.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) describió la acción como un paso “inevitable” para interrumpir el suministro de fentanilo y otras drogas que alimentan la crisis de adicciones en Estados Unidos, y aseguró que continuará trabajando con México y otros socios internacionales para debilitar las redes de tráfico.
Asimismo, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS) afirmó que estas entregas de fugitivos refuerzan el mensaje de que “la justicia no se detiene en las fronteras”, y que Estados Unidos seguirá persiguiendo a los criminales que operan al amparo de la violencia organizada.
Los 37 individuos entregados enfrentan cargos que incluyen narcoterrorismo, tráfico de armas, lavado de dinero y conspiración para distribuir sustancias como metanfetamina, fentanilo y cocaína en tribunales federales estadunidenses, donde las autoridades prevén avanzar con procesos judiciales que pueden llevar a décadas de prisión si son hallados culpables.