Abelardo Valenzuela fiscal Anticorrupción, ofreció un desayuno informativo en el que se dieron a conocer los avances en torno a la investigación por el delito de peculado agravado por un monto de 98.6 millones de pesos en contra del exsrcretario de hacienda Arturo F. V., y dos personas más.
“El compromiso es claro: llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias, con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos. No hay politiquería como los denunciados tratan de decir, esta fiscalía persigue delitos”, afirmó el fiscal.
También destacó que ninguna carpeta de investigación se ha caído en tribunales locales o federales, y que todos los amparos promovidos por los denunciados han sido rechazados.
Durante el evento, el director de Comunicación Social señaló que el objetivo principal fue informar con claridad y sustento técnico-jurídico sobre diversas diligencias realizadas.
De acuerdo con la información presentada, en esta carpeta de investigación se encuentran implicados el entonces secretario de Hacienda, el titular del Ejecutivo estatal (quien goza de inmunidad constitucional por su fuero de hoy senador) y un particular identificado por las siglas C.P.L.
Además, se anunciaron dos nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el manejo indebido de recursos públicos.
La investigación se originó a partir de una auditoría de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó un probable desvío de 98.6 millones de pesos mediante la contratación irregular del despacho jurídico López Díaz, durante procedimientos relacionados con la deuda pública estatal.
Según la normatividad vigente en ese momento, esta contratación no solo estaba prohibida, sino que tampoco existen entregables que justifiquen los pagos efectuados.
Inicialmente, la ASE clasificó la conducta como probable delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, una figura jurídica con riesgo de prescripción.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción logró reclasificar el delito como peculado agravado, con el respaldo de pruebas documentales, peritajes técnicos, contables y financieros, así como declaraciones ministeriales.
El fiscal reconoció el trabajo del equipo técnico que logró reunir los elementos suficientes para sustentar una carpeta de investigación sólida.
La correcta tipificación permitió emitir nuevas órdenes de aprehensión y evitar vicios de forma o errores jurídicos que pudieran invalidar el proceso.
Además, se informó que en mayo de 2023, el prófugo de la justicia identificado como A.F.V. promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Chihuahua, buscando invalidar la orden de aprehensión en su contra. No obstante, el pasado 3 de julio, la justicia federal resolvió en contra del amparo, ratificando la existencia del delito y la probable participación del imputado, con lo que la orden de aprehensión quedó firme y legalmente sustentada.
“Este hecho confirma que ninguna persona está por encima de la ley”, concluyó.