Sexenio de AMLO termina con endeudamiento, poco crecimiento de ingresos y presupuesto militarizado
Animal Político
Por: Eréndira Aquino
México Evalúa calificó el desempeño de las finanzas públicas en la actual administración como “austeridad selectiva y mala gestión”.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador terminará con endeudamiento, poco crecimiento de los ingresos, un presupuesto militarizado y deterioro de las empresas del Estado, de acuerdo con un análisis elaborado por la asociación México Evalúa.
La asociación calificó el desempeño de las finanzas públicas en la actual administración como “austeridad selectiva y mala gestión”.
El incumplimiento de las metas de recaudación generó recortes en diferentes áreas, como la salud, la educación y la seguridad pública civil, mientras que se han incrementado los recursos para entes militares como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la Guardia Nacional.
A pesar de los recortes que se han dado en varios sectores, México Evalúa subrayó que no se ha conseguido limitar el endeudamiento público, ya que al cierre de 2023 la deuda ascendió a 1.36 billones de pesos (4.3% del PIB), lo que equivale al doble de lo que se observó al final del sexenio pasado (2.2% del PIB).
Crecimiento de los ingresos quedó “por debajo de la meta”
El análisis de la asociación encontró que, por primera vez en 20 años, los ingresos del gobierno federal quedaron por debajo de la meta.
Aunque en 2023 la recaudación tributaria tuvo una expansión destacable, el estancamiento de la producción petrolera, la apreciación del peso y el ‘perdón’ de impuestos a Pemex provocaron un boquete fiscal de 84 mil millones de pesos por debajo de la meta, lo que “apunta a ser el peor desempeño de las últimas cuatro administraciones”.
En cinco años, los ingresos del gobierno registraron un aumento del 6.7%. Para 2023, la meta de ingresos del gobierno federal fue de 5.3 billones de pesos, pero sólo se alcanzaron 5.2 billones, es decir 2.5% por debajo.
Pese a la narrativa de austeridad, el endeudamiento aumentó
Pese a la narrativa de austeridad del actual gobierno, la deuda pública ascendió a 1.36 billones de pesos al cierre de 2023, lo que equivale al 4.3% del PIB.
Para México Evalúa, esto se debe a que “el gobierno federal está echando mano cada vez más de la deuda para solventar el gasto público, y el mayor problema es que buena parte de este endeudamiento no se utiliza para fines productivos; además, el pago de intereses se está incrementando de forma acelerada”.
La asociación destacó que aunque la Constitución establece que el endeudamiento contratado debe destinarse hacia aquellos rubros que generen un incremento en los ingresos, por cuarto año consecutivo este principio se incumplió, ya que solo 65 centavos de cada peso fueron para gasto en inversión física, siendo este “el peor resultado en los últimos 15 años”.
“Nos preocupa el incremento del pago de intereses y servicio de la deuda pública. Para dar una idea de la magnitud del costo financiero de la deuda, en 2023 esta representó el 97% de los ingresos petroleros del sector público”, comentó en conferencia de prensa Carlos Vázquez, investigador de la organización.
La militarización de los recursos públicos
Otro de los puntos clave sobre el desempeño de las finanzas públicas ha sido la militarización del presupuesto. México Evalúa expuso que, bajo el argumento de la supuesta debilidad de los entes civiles, el gobierno ha recurrido al Ejército para actividades de seguridad pública y construcción de infraestructura, debilitando a las dependencias civiles con reducciones en sus recursos.
“Esto deja claro que la política de seguridad pública ha sido una y solo una: la militarización, y es que al cierre de 2023 los recursos ejercidos por la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional alcanzaron los 210 mil millones de pesos, 239% más de los recursos para entes civiles de seguridad, como son la Fiscalía General de la República (FGR), Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, explicó el investigador Jorge Cano.
A ello se suma que también se han incrementado los recursos públicos depositados en fideicomisos bajo control de militares, que para 2018 tenían 6.9 mil millones de pesos y para 2023 ascendieron a 81.2 mil millones, lo que para el investigador responde a una mayor asignación en proyectos de infraestructura con contratos que difícilmente pueden ser auditados, “lo que puede abrir la puerta a actos de corrupción”.
Cano agregó que con el debilitamiento presupuestal que se ha dado a la par del incremento de recursos para las fuerzas armadas “apunta hacia una mayor perpetuación de la militarización” que hace cada vez más difícil la posibilidad de que regresen a los cuarteles.
Empresas del gobierno, sin buenos resultados
El investigador Carlos Vázquez indicó que el panorama “no da motivos para el optimismo, pues “la mala administración también se reflejó en empresas públicas de participación estatal, así como en organismos públicos descentralizados: en cuatro de nueve entes que analizamos encontramos un deterioro en su balance financiero”, lo que “pone en riesgo su sostenibilidad futura”.
Las empresas públicas que han tenido mayor deterioro general en su rentabilidad son: Financiera para el Bienestar (Finabien), antes Telecomm; Liconsa; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio Postal Mexicano, mismos que reportaban ganancias hasta el sexenio anterior.
Otras empresas, como Pronósticos para la Asistencia Pública, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Diconsa y Pemex, no han sufrido deterioro en su rentabilidad, pero han tenido reducciones en sus ingresos y gasto de inversión.
Al respecto, Carlos Vázquez expuso que en la actual administración no se han visto cambios en el modelo de negocios ni de cómo se toman las decisiones en las empresas, por lo que la inversión importante de recursos “no está consiguiendo construir un panorama que nos permita esperar un mejor desempeño”.
El recorte en Salud
De acuerdo con el análisis de México Evalúa, las personas sin seguridad social salieron perdiendo con la creación del nuevo IMSS-Bienestar, que arrastró los recortes que tuvo en su último año el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), principalmente en el programa Atención a la Salud y Medicamentos.
Este recorte en el gasto del INSABI/IMSS-Bienestar “fue la principal causa de que en 2023 el gasto total en salud se quedara por debajo de la meta. El gasto funcional en salud ascendió a 808 mil millones de pesos, un recorte de 28 mil millones frente al ejercido en 2022″, apuntó la asociación.
“Prácticamente tenemos más de una década perdida sin lograr incrementar el gasto funcional en salud y acercarnos hacia la meta que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 6% de inversión respecto al gasto total”, señaló el investigador Jorge Cano.
Los riesgos a futuro
Como parte de su análisis, México Evalúa encontró diez riesgos que podría enfrentar el país después de 2024:
1. Un deterioro de la situación de Pemex que obligue al gobierno a aumentar transferencias y reducciones de impuestos a la dependencia;
2. Agravamiento de las renuncias recaudatorias, es decir, de los impuestos cuyo cobro se anula o se pospone, sin estrategias para recompensar la menor recaudación;
3. Caída de la inversión pública en proyectos no emblemáticos, especialmente en el mantenimiento, y se deteriore el estado de la infraestructura;
4. Disminución de la inversión privada, en respuesta a la incertidumbre por el periodo electoral, que disminuya el crecimiento económico y la recaudación;
5. Deterioro de las empresas públicas y aumento de subsidios a las mismas, a la par de una reducción en su atención social, o desempeño negativo de las de reciente creación que obligue al gobierno a subsidiarlas;
6. Recorte del gasto en salud para las personas sin seguridad social y un deterioro per cápita del gasto en salud en general;
7. Incremento sostenido del endeudamiento que pueda volverse imparable;
8. Depreciación del tipo de cambio, que incremente el saldo y los pagos de la deuda externa;
9. Prolongación de la postura monetaria contractiva que se traslade en la presión del costo financiero de la deuda pública.
10. La baja capacidad de respuesta del gobierno a eventos imprevistos (internos y externos), debido a la caída en los fondos y ahorros públicos.
Las recomendaciones
Ante este panorama de las finanzas públicas, la directora de México Evalúa, Mariana Campos, enlistó algunas recomendaciones en materia de ingresos, gobernanza del gasto y de deuda.
Entre las recomendaciones está el fijar controles al gobierno para que el Congreso autorice al Ejecutivo renuncias recaudatorias que afectan a los ingresos públicos, establecer medidas para compensar los ingresos cuando tomen ese tipo de decisiones, y condicionar los apoyos del gobierno federal a Pemex a una mejora en la gobernanza de la empresa.
También sugirió crear un Consejo Fiscal que evalúe la política fiscal, mejorar los mecanismos de control para limitar los recortes discrecionales al gasto público y, ante la situación del sector salud, que se mejore la legislación para garantizar la protección de los derechos de las personas.
Otras medidas recomendadas son la alineación del endeudamiento con la inversión productiva del Estado, para generar mayores ingresos públicos; hacer público el Registro de Obligaciones Financieras para rastrear el destino de la deuda pública; establecer techos de financiamientos en cada una de las empresas públicas y que se analice la sostenibilidad y potenciales riesgos de las solicitudes de endeudamiento.
