Bonilla calificó como “fatal” la legislación que, de acuerdo con sus declaraciones, busca regular la difusión de información falsa o imprecisa, al considerar que podría representar un riesgo para la libertad de expresión.
La legisladora reiteró que las reformas en la materia deben construirse con base en datos y en las necesidades reales de la población, a fin de que las sanciones respondan a las conductas que generan mayor incidencia de accidentes en la entidad.
Para ello se consideró la información otorgada por el Instituto Estatal Electoral (IEE) relativa al orden de prelación derivado del proceso electoral extraordinario 2024–2025