El SNA requiere de cambios profundos para lograr los propósitos para lo que se creó, pues sus resultados siguen siendo mínimos, lo anterior lo señaló Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado en la Asamblea Ordinaria de la Comisión de contralorías estados-federación, región noroeste, celebrada este fin de semana en esta Ciudad.
El Sistema Nacional Anticorrupción se creó ante una crisis de credibilidad en el gobierno federal en 20215, es decir, su motivación fue dar una respuesta inmediata a una crisis y por lo mismo no fue fruto de un análisis profundo de las mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción, dijo Héctor Acosta Félix.
También señaló que algunos de los problemas del Sistema es que su máximo órgano, que es el Comité Coordinador, hace coordinables a instituciones que en principio deben ser imparciales, como el Poder Judicial y los tribunales de justicia administrativa, además, a 10 años de su creación, los subsistemas de la Plataforma Digital Nacional siguen sub utilizados o sin funcionar.
En la reunión cuyo anfitrión fue el Secretario de la Función Pública de Chihuahua, Roberto Fierro, acudieron también las y los titulares de las secretarias encargadas del control interno en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, además estuvieron presentes el titular del Estado de México y la Coordinadora Nacional, Dra. Alejandra Pani Barragán, Secretaria Anticorrupción del Estado de Morelos.
A pregunta expresa, el Auditor de Chihuahua expresó que urge una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues, con estadísticas, mostró el desplome nacional en la aplicación de sanciones a partir de la entrada en vigor de dicha ley que dejó fuera de sanción una buena cantidad de conductas que a diario se detectan por los órganos fiscalizadores en el país.
Así mismo, expuso la necesidad de echar a andar el Sistema Nacional de Fiscalización, que es parte del SNA, y que en la práctica sigue sin operar, con lo cual se lograría una cobertura mayor de auditorías a la Federación, estados y municipios, se homologarían criterios de revisión y se evitaría lo que ahora está sucediendo: entes que son auditados al mismo tiempo por varios fiscalizadores y muchos otros cuyo gasto no es revisado todos los años.