Exgobernadores con cargos diplomáticos incumplen declaración patrimonial; bajo lupa, fortunas de Omar Fayad y Rutilio Escandón.
Reporte Índigo
A ocho días de que venza el plazo legal para presentar la declaración patrimonial, solo dos de los siete exgobernadores en el Servicio Exterior Mexicano han cumplido con la obligación de transparentar su patrimonio.
Cuando faltan ocho días para que concluya el plazo legal para presentar la declaración patrimonial, solo dos de los siete exgobernadores que hoy tienen un cargo diplomático como embajadores o cónsules, ha cumplido con la obligación.
Quienes faltan son Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y embajador en España; Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora y embajadora en Panamá; Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo y embajador en Canadá; Omar Fayad Meneses, exgobernador de Hidalgo y embajador en Noruega; Rutilio Escandón Cadenas, exgobernador de Chiapas y cónsul en Miami, Florida y Carlos Miguel Aysa, exgobernador interino de Campeche y embajador en República Dominicana.
Marco Antonio Mena Rodríguez, exgobernador de Tlaxcala y cónsul en San Francisco, California, lo hizo el pasado 17 de mayo, y Carlos Miguel Aysa, exgobernador interino de Campeche y embajador en República Dominicana, declaró el 20.
Entre ellos, las fortunas de Omar Fayad Meneses y Rutilio Escandón Cadenas han mostrado una evolución basada en rendimientos de fondos de inversión y rentas inmobiliarias, según las declaraciones presentadas tanto en las administraciones que tuvieron a cargo como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estos dos exgobernadores en el extranjero, hasta el año pasado, eran más acaudalados que cuando concluyeron sus gobiernos.
A su vez, el 61.9 por ciento de los integrantes del gabinete federal aún no ha presentado el documento considerado máximo ejercicio de la transparencia mexicana.
Lo anterior, de acuerdo con una revisión de Reporte Índigo en Declaranet, la plataforma en la que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deben aparecer las declaraciones patrimoniales con máxima publicidad.
Rendimientos financieros y propiedades impulsan la fortuna de Omar Fayad
En un año los rendimientos de los fondos de inversión de Omar Fayad Meneses se multiplicaron 5.6 veces.
Cuando fue nombrado embajador en 2023, obtenía como ganancia de sus inversiones 430 mil 561 pesos, en 2024 (cuando ya estaba instalado en Oslo) la cifra fue de 2 millones 446 mil 783 pesos.
Estos rendimientos están basados en una fortuna de bienes inmuebles y obras de arte que el exgobernador dice haber heredado en 2020, el año de la pandemia de COVID-19.
Rutilio Escandón obtuvo millones por rentas inmobiliarias mientras fungía como cónsul en Miami
En cuanto a Rutilio Escandón Cadenas, sus rentas inmobiliarias en México le dieron en su primer año como cónsul en Miami una ganancia de 2 millones 425 mil 717 pesos, lo que supera 1.6 veces lo que recibe por cargo público.
El exgobernador de Chiapas también declara haber recibido en herencia dos propiedades inmobiliarias que se sumaron a 15 que tenía. El crecimiento de su fortuna por las rentas, de acuerdo con sus declaraciones, se basa en esta fortuna personal.
La declaración patrimonial cumple 10 años como obligación legal en México
Resistentes durante décadas a exponer con precisión su fortuna, los funcionarios públicos mexicanos cumplen 10 años de obligación legal de hacer pública su declaración patrimonial.
En 2015, las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, hoy Centro de Investigación en Política Pública) lanzaron la plataforma independiente #3de3 en la que invitaban a presentar declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal a quienes competían por un cargo de elección popular.
Transparentar bienes se volvió un asunto de buena imagen; de modo que la plataforma logró reunir decenas de documentos patrimoniales.
Un año después, con ese telón de fondo y el impulso de colectivos a favor de la transparencia gubernamental, la legislación federal y las locales que regían a los servidores públicos se homologaron para obligarlos a publicar cada mayo su declaración patrimonial y de intereses.
Se trataba de uno de los pisos del edificio legal del Sistema Nacional Anticorrupción que ese año intentaba construirse. A partir de entonces, quienes desempeñen un cargo público en cualquiera de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– deben presentarl