El Financiero
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
La pregunta presidencial de quién manda en México es correcta. El matiz que hay que hacer es, en México, ¿quién manda? Formalmente el gobierno, pero ¿se puede argumentar que así sea de manera total? Claramente no es posible hacerlo.
El debate público de las últimas semanas ha girado en torno a la soberanía, de donde subyace una pregunta de definición nacional: ¿quién gobierna aquí? “Lo que está a discusión es quién decide en México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. “Se decide desde afuera o se decide desde adentro”. El contexto es Estados Unidos y las acciones que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, sobre la convicción, expresada en diferentes formas por el jefe de la Casa Blanca, de que en México mandan los criminales.
Sheinbaum ha repetido que aquí deciden los mexicanos. Es incuestionable. Estados Unidos no es quien deba dictar el destino mexicano y cualquier pretensión en ese sentido hay que denunciarla y oponerse. Sin embargo, hay razones objetivas que alimentan el discurso de Trump, que tiene que ser parte de la discusión sobre la soberanía mexicana, definida esta como la capacidad para que, de manera autónoma, el Estado se gobierne a sí mismo, sin subordinar sus decisiones ante cualquier otra autoridad.
No hay lugar en México donde se tomen decisiones en función de los intereses únicos de Estados Unidos, lo que no puede decirse cuando el poder absoluto no lo tiene el Estado, sino el crimen organizado. Este fenómeno se puede describir como una gobernanza híbrida. Vanda Felbab-Brown, un experto de Brookings Institution, un centro de pensamiento demócrata en Washington, la llama “soberanía dual”.
Este concepto se refiere a Estados fragmentados, donde coexisten autoridades y crimen organizado, compartiendo funciones propias del Estado donde las autoridades se supeditan a criminales a cambio de evitar que los maten, sobornos o apoyos electorales. Académicos y especialistas mexicanos –notablemente en la UNAM y el CIDE, así como México Evalúa–, han documentado la instauración de un Estado paralelo, cuyo implante territorial es lo que le ha dado a Trump y a su gobierno un sustento argumentativo.
La gobernanza híbrida es imposible de ocultar y negar, aunque se quiera ocultar y negar. Como han concluido los investigadores mexicanos, existen territorios donde el Estado mantiene la formalidad jurídica, mientras que los actores criminales ejercen las funciones reales de autoridad. Abundan estos botones de muestra:
1.- El más viejo y evidente es el monopolio de la fuerza y la seguridad, la razón del nacimiento del Estado moderno. Culiacán es el mejor ejemplo de la actualidad. La estrategia de seguridad iniciada por este gobierno fracasó. La violencia bajó cuando la facción de Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa, se fue imponiendo a la facción de Los Chapitos. Al descomponerse el entorno tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, los asesinatos volvieron a elevarse. Los grupos criminales deciden los horarios de la vida cotidiana (toques de queda), por dónde se puede circular (retenes) y determinan qué áreas están fuera de sus límites.
2.- El crimen organizado le arrebató al Estado su facultad de mantener el libre tránsito, que establece la Constitución. Los grupos criminales tienen un sistema de vigilancia en las comunidades bajo control, con un sistema de inteligencia y vigilancia a través de “halcones”, drones y el control de los C-4 y C-5 en los municipios, para evitar visitas indeseables o de desconocidos, a quienes vigilan y llegan a expulsar o a privar de su libertad y matarlos. Tiene retenes en los accesos a las comunidades y en las carreteras, donde el robo a los transportes se ha convertido en una práctica común que no pueden resolver las autoridades, lo que le permite tener control sobre los corredores migratorios, regulando sus rutas, cruces, y cobrando impuestos para viajar dentro de México.
3.- La otra pata del sistema de administración y procuración de justicia la resuelven con el metodo de plata o plomo, estableciendo un andamiaje de justicia informal, donde si no alcanza en los ministerios públicos, resuelven disputas arbitrando o asesinando a quien presente resistencia, aplicando la autoridad para delitos no sancionados –como secuestros, robos y asesinatos– liquidando a los que se salieron de su orden. Esto no incluye, aunque parece parte de lo mismo, el control sobre notarios en varias partes del país, para apoderarse de sus propiedades mediante despojos que nadie impide.
4.- El cobro de piso, como se llama a las extorsiones, es una doble tributación. Los comerciantes, los transportistas y la gente en general, tienen que pagar un impuesto criminal para poder trabajar. Los cobros a los aguacateros y a los limoneros de Michoacán, o a los mineros en el norte del país, Guerrero y Michoacán, se suman a lo que se tienen que pagar de impuestos a las autoridades. Lo más reciente –previamente se vio un fenómeno de esa naturaleza en Acapulco tras el huracán Otis–, es la reciente denuncia del obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, por el cobro de 200 pesos por cada persona bajo el mismo techo en la comunidad de Huautla, para que puedan seguir viviendo en su casa.
5.- La regulación económica en los mercados comenzó como una excepción en los mercados alimentarios en Chilpancingo, que se extendió violentamente a San Cristóbal de las Casas, y ahora es una constante en varias ciudades del país, donde el crimen organizado establece los precios y controlan las cadenas de suministro. Se han involucrado en otros mercados de manera sobresaliente, como en los bienes raíces y la construcción, donde imponen proveedores a constructores y qué sindicato es el que proporciona la mano de obra, con lo cual se meten de lleno a la regulación del mercado laboral.
La pregunta presidencial de quién manda en México es correcta. El matiz que hay que hacer es, en México, ¿quién manda? Formalmente el gobierno, pero ¿se puede argumentar que así sea de manera total? Claramente no es posible hacerlo. De ahí, la defensa sobre la soberanía adquiere una relevancia derivada. Soberanía mexicana, sí. Pero ¿de parte de quién? La presidenta ha utilizado la palabra “soberanía” entre 70 y 100 veces –según los recuentos– desde el 29 de abril, cuando Estados Unidos acusó a Rocha Moya y nueve sinaloenses de trabajar para Los Chapitos, y tras entregarse dos de los imputados a las autoridades estadounidenses, se volvió el eje central de su narrativa.
La pregunta debería reformularse y debatirse: ¿quién ejerce la soberanía en México, el Estado o el crimen organizado? Ni uno ni otro, puede argumentarse. Retomando a Felbab-Brown, experimentamos una “soberanía dual” en esta gobernanza nuestra, híbrida.