Expansión Política
@BaVargash
El verdadero problema de la seguridad en México hoy no es la ausencia de datos, sino la incapacidad de explicarlos. Porque, aunque los homicidios bajan, la violencia no desaparece.
En principio, la buena noticia es evidente: en el primer trimestre de 2026, el homicidio doloso cayó 33% respecto al mismo periodo del año anterior. La mala noticia es que no sabemos por qué. Ese es el verdadero problema de la seguridad en México hoy. No la ausencia de datos, sino la incapacidad de explicarlos.
Porque, aunque los homicidios bajan, la violencia no desaparece. El país sigue en niveles altos y, cuando se amplía la mirada, el panorama cambia: desde 2018 han aumentado las desapariciones (35%) y otros delitos contra la vida (83%). En 10 años, el deterioro es evidente. Frente a esto, hay al menos tres hipótesis. Todas plausibles. Ninguna comprobada.
Primera hipótesis: la acción del Estado
Que la reducción responde a la acción del Estado es la hipótesis más conveniente políticamente. Bajo esta lógica, lo ocurrido en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León o Zacatecas sería resultado de una combinación de políticas preventivas —con fuerte énfasis social— y operativas —detenciones, decomisos, debilitamiento de estructuras criminales—. De hecho, en marzo se observó una intensa actividad gubernamental: ferias de paz, programas sociales, visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, mesas de coordinación, además de aseguramientos de armas y drogas y capturas de objetivos prioritarios. El problema es que esa evidencia describe acción, pero no demuestra impacto.
No sabemos qué política funcionó, dónde, ni bajo qué condiciones. La intervención estatal es amplia, pero la relación entre política, territorio y reducción del homicidio sigue sin probarse. Peor aún: hay entidades con presencia operativa similar donde la violencia no disminuye. La hipótesis de eficacia gubernamental es posible, pero hoy es más una narrativa que una conclusión empírica.
Segunda hipótesis: la acción del crimen
Que la reducción no provenga del Estado, sino del crimen es una hipótesis más incómoda. En varias entidades, la caída del homicidio convive con otros signos de violencia y control criminal: desapariciones, feminicidios, decomisos, presencia de organizaciones con capacidad regional o nacional. Estados como Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Sonora o Michoacán ilustran este patrón.
La implicación es profunda: la violencia no necesariamente está disminuyendo, sino siendo administrada. Cuando un grupo criminal consolida control territorial, la necesidad de ejercer violencia abierta puede reducirse. No porque haya más Estado, sino porque hay menos disputa. Es una “paz” aparente: menos homicidios, pero más control criminal.
Tercera hipótesis: datos inconsistentes
Aquí se apunta a un problema estructural del sistema de información: posibles inconsistencias en los datos. No es un detalle técnico, es un riesgo analítico mayor. Existen indicios de que algunas fiscalías clasifican de forma distinta los delitos —por ejemplo, incorporando tentativas de homicidio o feminicidio en otras categorías—, y de que el estatus de personas desaparecidas no se actualiza de manera sistemática.
Aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha abierto espacios de diálogo con la sociedad civil para revisar estos registros, persisten dudas clave: no hay certeza sobre la homogeneidad de los criterios de clasificación ni sobre las capacidades institucionales para registrar correctamente la información. Tampoco se explican anomalías en delitos específicos como el feminicidio o el homicidio culposo. El resultado es un terreno incierto: no sabemos con precisión si la reducción observada refleja cambios reales en la violencia o limitaciones en la forma de medirla.
El único veredicto realista
Esto nos deja en una conclusión incómoda, pero necesaria: no es posible afirmar que México esté en un proceso de pacificación.
Podemos decir que los homicidios bajan. Pero no que la violencia disminuye de forma sostenida, ni que el Estado ha recuperado el control, ni que las políticas públicas están funcionando de manera consistente. Si no entendemos qué está detrás de la reducción, no sabemos qué replicar, qué corregir ni qué evitar. Celebrar sin explicación es construir política pública sobre incertidumbre. Y en seguridad, la incertidumbre no es neutral: se paga en vidas.
¿Qué se requiere para despejar las dudas? Sin información confiable, comparable y actualizada, cualquier estrategia es vulnerable a errores de diagnóstico. Por eso, fortalecer la gobernanza de los datos debe convertirse en una prioridad de política pública. Esto implica homologar criterios de registro entre fiscalías, garantizar la actualización de desapariciones, transparentar metodologías y abrir los sistemas a la supervisión de víctimas, academia y sociedad civil. No se trata solo de medir mejor, sino de construir confianza en lo que se mide. Porque sin esa base mínima, la seguridad seguirá siendo una disputa de narrativas, no una política basada en la sensatez.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.