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De octubre de 2025 a marzo de 2026, nueve empresarios fueron secuestrados o asesinados en México, siendo el caso de Rafael Tirado Lizárraga el más reciente.
El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa, representa el caso más reciente de una serie de ataques que, en seis meses, ha dejado al menos nueve empresarios víctimas de secuestro o asesinato en México.
La violencia dirigida contra figuras del sector privado se ha extendido por regiones clave del país, desde Sinaloa hasta Veracruz, generando alarma y exigencias de respuesta por parte de las cámaras empresariales.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó el más reciente crimen ocurrido en vísperas de Semana Santa y demandó a las autoridades fortalecer la seguridad.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación emitió un comunicado en el que lamentó la muerte y exigió mayor seguridad a las autoridades. (Crédito: Cámara Nacional de la Industria de Transformación )
“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, publicó la organización en un comunicado en redes sociales.
Cronología de los ataques: seis meses de violencia contra empresarios
- Octubre de 2025
Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un líder reconocido entre los productores de limón en Michoacán y un activista que denunció abiertamente la extorsión y las amenazas del crimen organizado contra el sector agrícola.
El 20 de octubre de 2025, Bernardo Bravo fue secuestrado tras acudir al tianguis limonero y dirigirse sin escoltas a la comunidad de Cenobio Moreno, donde fue citado bajo engaños. Horas después, su cuerpo fue hallado en un camino rural cerca de Apatzingán, con signos de tortura y un disparo en la cabeza.
Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)
Las investigaciones oficiales apuntan a la célula criminal Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el CJNG, como responsables del asesinato. Entre los detenidos se encuentra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox”, identificado como responsable intelectual y material del crimen y dueño del rancho donde fue ultimado Bravo.
Ese mismo mes, otra de las víctimas fue Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, quien fue asesinado la mañana del 23 de octubre de 2025 en plena vía pública. El ataque se registró en el ejido Jardín Nuevo, donde un comando armado interceptó a Vargas Arias y le disparó en repetidas ocasiones.
El empresario, dedicado a la producción de naranjas, recibió varios impactos de bala y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, murió minutos después de su ingreso. Testigos señalaron que los agresores portaban equipo táctico con apariencia militar y huyeron en una camioneta blanca. El asesinato de Vargas ocurrió apenas cuatro días después del de Bravo Manríquez.
- Diciembre de 2025
Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue asesinado en Jalisco. (Redes sociales)
José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco, fue asesinado tras ser secuestrado en una carretera de la Sierra Occidental el 27 de diciembre de 2025. Mientras viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta, un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo. Los agresores despojaron a la familia de objetos personales y se llevaron únicamente al empresario, dejando ilesos a sus acompañantes.
No hubo demandas de rescate tras el secuestro. Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar de la privación de la libertad. Presentaba lesiones por golpes y heridas de bala.
A los 42 años, Adrián Corona presidía Grupo Corona, empresa reconocida en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores, con impacto económico y social en Tonaya y la región. Su gestión impulsó la proyección nacional e internacional de la compañía, generando empleo y promoviendo el desarrollo local.
Alberto Prieto, su hija y su escolta fueron las víctimas del ataque perpetrado la tarde de este 29 de diciembre en Zapopan, Jalisco. Crédito: Redes sociales
Ese mismo mes, Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, fue asesinado la mañana del 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado que también cobró la vida de su hija de 16 años y uno de sus escoltas, además de dejar a cuatro escoltas heridos.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, donde al menos 30 personas armadas, presuntamente a bordo de varios vehículos, emboscaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia. La agresión se prolongó durante varios minutos y dejó más de 200 casquillos en la escena.
Prieto Valencia era un comerciante y empresario vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara, con actividad en el sector de cereales, abarrotes y transporte de carga, y fundador de Transportes Odal. Autoridades estatales señalaron que existían antecedentes penales en su historial y que las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas” y con préstamos ilegales tipo “gota a gota”.
Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque habría sido planeado, ya que vecinos detectaron movimientos sospechosos y uso de drones para vigilar la zona en días previos. Las autoridades manejan como presuntos responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que varios de los atacantes portaban chalecos tácticos con las siglas de este grupo.
- Febrero de 2026
Tras varios días desaparecidos, los empresarios Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva fueron localizados sin vida en Zacatecas.
Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero y localizados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas.
Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera y perfilado como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano. Luna Silva, dedicado a la cosecha de chile, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.
- Marzo de 2026
Gerardo Arredondo, empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, fue secuestrado afuera de su negocio el 7 de marzo y liberado ese mismo día en Juventino Rosas, tras un operativo que dejó detenidos y un presunto delincuente abatido. La gobernadora Libia García Muñoz informó que el rescate se realizó sin pago de rescate y que la víctima ya se encontraba bajo resguardo de la fiscalía estatal.
Eduardo Ochoa Arias, productor y exportador de plátano originario de Colima, fue secuestrado el 13 de marzo de 2026 por un grupo armado presuntamente perteneciente al CJNG, mientras se encontraba en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. Ochoa Arias era el director de Ochoa Products, empresa reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia.
Foto: Jovani Pérez / Infobae México
De acuerdo con los reportes, Ochoa fue interceptado y privado de la libertad cuando circulaba acompañado de otras personas. Los agresores lo obligaron a descender de su vehículo y se lo llevaron por la fuerza.
El 21 de marzo, ocho días después del secuestro, el cuerpo de Ochoa Arias fue hallado por habitantes en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán. El cadáver presentaba signos de tortura, impactos de bala en el pecho, estaba maniatado, envuelto en plástico y colocado dentro de una hamaca
La región donde ocurrió el secuestro y posterior hallazgo del cuerpo está considerada como zona de alto riesgo por la presencia activa del CJNG, grupo señalado por controlar la extorsión y el secuestro de empresarios agrícolas en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, pese a la presencia de fuerzas federales y puestos de control cercanos.
Otro caso fue el de Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, quien fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa. Casi 24 horas después del reporte, fue rescatado con vida tras un operativo de autoridades estatales y federales. Aguilar es considerado uno de los empresarios más influyentes del sector hidrocarburos en Sinaloa.
El asesinato ocurrió en la carretera Morelia-Pátzcuaro. | X- @ImpactoMich
Finalmente, Rafael Tirado Lizárraga, propietario de Frutería Alicia, fue privado de su libertad en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de marzo y hallado muerto dos días después. El asesinato provocó la condena de la Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que difundieron mensajes exigiendo la creación de un “entorno de paz, legalidad y certidumbre”.
Reacción empresarial
La secuencia de ataques ha generado una respuesta inmediata de las cámaras empresariales. Canacintra, Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han urgido a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad y garantizar condiciones para la operación de empresas, la inversión y la vida comunitaria.
Según cifras de la Coparmex, el 46,8% de las empresas mexicanas reportaron ser víctimas de al menos un delito durante 2025, y la extorsión figura entre los principales riesgos para el sector privado. El sindicato empresarial señaló que los casos de extorsión han ido en aumento desde el año pasado, siendo el segundo delito más reportado por sus afiliados.
En cada caso, las víctimas compartían un perfil de liderazgo empresarial, arraigo local y exposición a amenazas y extorsiones en zonas marcadas por la disputa territorial de grupos criminales. Los antecedentes familiares de violencia, los vínculos políticos y empresariales, y la presión sobre el sector productivo se reflejan en la respuesta social y mediática ante cada suceso.
Las investigaciones oficiales permanecen abiertas en la mayoría de los casos. Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, mientras el sector empresarial insiste en la urgencia de resultados concretos para frenar una tendencia que, en los últimos seis meses, ha cobrado la vida de varios de sus miembros.