Opinión

Los ojos en 2006 para no rendir cuentas en 2026.

Expansión Política

Georgina De la Fuente

Con el proceso electoral de 2027 ya en marcha, resulta difícil no ver en la comisión especial sobre el 2006 un distractor que desplace la conversación pública de las irregularidades que deben esclarecerse.

La semana pasada, liderazgos partidistas y parlamentarios del oficialismo anunciaron su intención de instalar una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los comicios de 2006. Con ello, Morena pretende movilizar la estructura, el tiempo y los recursos públicos del Poder Legislativo para atender una agenda que interesa al partido en el poder, pero que no responde a una demanda pública o de una diversidad de actores.

La propuesta es cuestionable no solo por el uso político que se pretende dar al Poder Legislativo, sino también porque exhibe la incongruencia de señalar la intervención indebida de un presidente en una elección en la que el ahora oficialismo salió derrotado, pero se omite el escrutinio de las intervenciones de los gobiernos de Morena en procesos electorales recientes.

La elección de 2006 es una de las más investigadas, analizadas y litigadas en la historia reciente. Aunque no sea posible señalar qué tan determinante fue para el resultado de la elección, la intervención indebida del expresidente Vicente Fox ha sido ampliamente documentada y reconocida. Tan es así, que este debate contribuyó a impulsar una reforma electoral que estableció límites a la actuación de las y los servidores públicos y a la utilización de recursos públicos en los procesos electorales.

Sin negar la relevancia histórica de esa elección ni la posibilidad de seguir estudiándola, cabe cuestionar por qué una mayoría parlamentaria decide destinar recursos institucionales de la Cámara de Diputados a una investigación que solo el oficialismo ha colocado en su agenda, mientras posterga la atención de problemas que hoy ponen a prueba la autonomía y credibilidad de las autoridades electorales.


La propuesta resulta aún más absurda ante el volumen de evidencia y producción jurisdiccional sobre intervenciones indebidas de gobiernos de Morena en procesos electorales recientes. En 2021, el Tribunal Electoral confirmó la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las contiendas de San Luis Potosí y Nuevo León, derivado de expresiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas y del uso indebido de recursos públicos

También acreditó infracciones de esta naturaleza durante las elecciones locales del Estado de México en 2023. En el proceso electoral federal de 2024, la autoridad jurisdiccional confirmó vulneraciones a estos principios por expresiones del expresidente en al menos 31 conferencias matutinas.

Pero Andrés Manuel López Obrador no ha sido el único protagonista de este tipo de controversias. Durante el proceso electoral judicial de 2025, Claudia Sheinbaum se manifestó en favor de la única candidatura indígena registrada para la Suprema Corte.

A ello se suma la evidencia de la producción y distribución sistemática de los llamados “acordeones” por parte del oficialismo para favorecer diversas candidaturas. Ello, por no mencionar la colonización directa del árbitro electoral en todos los niveles, desde la participación de su excolaborador Arturo Chávez en el órgano más alto de toma de decisiones, hasta los órganos más operativos que, como ha sido revelado por fuentes periodísticas, incluso recibían instrucciones externas sobre contratación de personal y de proveedores.

La magnitud de la crisis en el INE obliga a preguntar por qué la Cámara de Diputados no está ejerciendo sus facultades de control y vigilancia para exigir que se esclarezcan las presuntas irregularidades que investigan la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del propio Instituto. También cabe cuestionar por qué no se exige más celeridad en las investigaciones. Aunque el escándalo estalló hace varias semanas, la Fiscalía General de la República a penas realizó las primeras diligencias el pasado 13 de noviembre.

También resulta inevitable reflexionar por qué se orientan esfuerzos institucionales para ejecutar una agenda partidista pero no han podido lograr los acuerdos necesarios para emitir una convocatoria que permita designar una nueva presidencia del Consejo General del INE.

Ante una situación de tal gravedad y con el proceso electoral de 2027 ya en marcha, resulta difícil no ver en la comisión especial sobre el 2006 un distractor que desplace la conversación pública de las irregularidades que deben esclarecerse, las responsabilidades que deben determinarse y las sanciones que deben imponerse.

Si realmente le preocupa la integridad de las elecciones, el oficialismo debe empezar por exigir que las reglas se cumplan también cuando gobierna. Pero, sobre todo, debe asumir las responsabilidades que hoy le corresponden: contribuir a que el INE recupere su credibilidad, garantizar una designación imparcial y consensuada de su presidencia y evitar que las investigaciones sobre lo ocurrido en el Instituto terminen en impunidad.

*Georgina de la Fuente es internacionalista, maestra en Análisis Político y Medios de Información y especialista en elecciones y gobernabilidad democrática. Síguela en X como @ginadelafuente