Devolverles la vida a tres ríos: la promesa de Sheinbaum que aún enfrenta contaminación y pendientes.
Expansión Política
Brenda Yañez @brendayaes
El Gobierno federal ha destinado 2,046 mdp a 89 proyectos para rescatar los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, pero especialistas advierten que la contaminación industrial sigue sin resolverse.
La restauración ecológica de los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago es uno de los compromisos ambientales que presidenta Claudia Sheinbaum asumió desde el inicio de su gobierno. Para cumplirlo, entre 2025 y 2026, el Gobierno federal ha invertido 2,046 millones de pesos y ha realizado 89 proyectos de restauración y más de 333 inspecciones a industrias.
Sin embargo, después de dos años de trabajos, la contaminación industrial, las descargas de aguas residuales y las deficiencias en las plantas de tratamiento son aún obstáculos para recuperar estos cuerpos de agua.
Mientras las autoridades ambientales aseguran que las obras permitirán mejorar la calidad del agua, restaurar las riberas y recuperar los ecosistemas, investigadores y habitantes de las zonas afectadas cuestionan que exista una estrategia integral para frenar las fuentes de contaminación y advierten que los avances en infraestructura todavía no se traducen en un saneamiento efectivo.
La apuesta del Gobierno federal contempla una inversión total de alrededor de 20,000 millones de pesos durante todo el sexenio para atender las tres cuencas.
Entre 2025 y 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han destinado 2,046 millones de pesos a 89 proyectos que, según las autoridades, benefician a más de 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios.
El programa incluye la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, colectores de aguas residuales, inspecciones a industrias, restauración forestal y recuperación de espacios públicos junto a los ríos.
Sin embargo, los resultados de buena parte de la infraestructura todavía tardarán en llegar: las autoridades prevén que los beneficios de los colectores y plantas que se construyen o rehabilitan durante 2026 y 2027 comiencen a percibirse progresivamente a partir de 2027.
Para Alicia Torres Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y responsable del cuerpo académico Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), uno de los problemas es que las acciones no se han acompañado de una planeación con objetivos específicos y resultados verificables.
“
En las reuniones a las que he asistido se exponen las problemáticas de los territorios que investigamos, pero no se muestra una planeación con objetivos específicos para resolver el problema”.
Alicia Torres, investigadora de la UdeG.
La académica ha recorrido distintos puntos de la ribera del lago de Chapala y del río Santiago, donde ha identificado plantas de tratamiento municipales que trabajan de manera intermitente o que han sido rebasadas por el volumen de aguas residuales que reciben.
En Ocotlán, por ejemplo, una de las plantas más grandes de la ribera del Santiago trata alrededor de tres metros cúbicos por segundo para una población de más de 100,000 habitantes. Cuando su capacidad es insuficiente, parte de los desechos termina directamente en el río o se mezcla agua contaminada con agua tratada para intentar cumplir con la norma, asegura.
En Poncitlán, agrega, una planta de tratamiento fue rehabilitada recientemente después de permanecer más de 10 años sin funcionar, periodo durante el cual recibió y desechó residuos orgánicos directamente al río.
La investigadora también cuestiona el funcionamiento de la planta de El Ahogado, entre Tlajomulco y El Salto, así como los trabajos pendientes en la planta de Agua Prieta, cuya operación requiere completar un colector para recibir las aguas residuales del Área Metropolitana de Guadalajara.
“El factor más crítico son las descargas del sector industrial manufacturero. Se debe transitar hacia un modelo de economía circular y exigir descarga cero a los cuerpos de agua”, sostiene.
Inspecciones y clausuras a industrias contaminantes
El control de las descargas industriales es uno de los principales retos de la estrategia federal. De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades, la contaminación de los tres ríos no proviene de una sola fuente: también intervienen las aguas residuales municipales, la disposición inadecuada de residuos y la contaminación difusa por agroquímicos.
Para identificar los puntos críticos, las dependencias federales recorrieron más de 340 kilómetros de cauces, tomaron muestras en 322 sitios e identificaron 3,202 descargas, 479 tiraderos clandestinos y más de 1,745 industrias prioritarias.
Entre 2025 y 2026, la Profepa y la Conagua realizaron más de 333 visitas de inspección a industrias en las tres cuencas. Como resultado, reportaron al menos 33 clausuras parciales o totales y 42 empresas sancionadas.
En la cuenca del río Tula se efectuaron 116 visitas de inspección, 23 de ellas conjuntas entre ambas dependencias. Se impusieron 17 clausuras, 15 totales y dos parciales, mientras que 28 empresas fueron sancionadas. Además, más de 40 procedimientos administrativos continúan en curso.
En el Atoyac se realizaron 89 visitas en 18 municipios de Puebla y Tlaxcala. Las autoridades impusieron al menos ocho clausuras y sancionaron a seis empresas.
Por su parte, en la cuenca Lerma-Santiago se contabilizaron 128 inspecciones en 26 municipios de cinco estados, con ocho clausuras y ocho empresas sancionadas.
Las revisiones también derivaron en órdenes de medidas correctivas. En Tula se solicitaron 119, de las cuales 24 ya fueron cumplidas; en Atoyac, 156, con 12 atendidas, y en Lerma-Santiago, 185, de las cuales 19 se reportaron como cumplidas.
Además, las autoridades solicitaron estudios de daño ambiental a 22 empresas para establecer las medidas de reparación y compensación correspondientes. Las multas susceptibles de conmutación buscarán destinarse a proyectos de restauración en las propias cuencas.https://e.infogram.com/d4ade049-d184-48ba-a431-272e0fd6bde2?parent_url=https%3A%2F%2Fpolitica.expansion.mx%2Fmexico%2F2026%2F11%2F15%2Fsheinbaum-restauracion-de-rios-tula-atoyac-lerma-santiago&src=embed#async_embed
Pese a estos resultados, René Romero, habitante de Tula y representante de la iniciativa Río Tula: Restauración y Justicia Socioecológica e Hidrológica, considera que las acciones no atienden de fondo el origen de la contaminación.
“Las industrias deberían tratar sus descargas antes de verterlas al drenaje municipal; actualmente el gobierno asume el costo del saneamiento de aguas industriales privadas”, cuestiona.
El habitante también advierte sobre los efectos de las obras hidráulicas en los ecosistemas. En el río Tula, señala, los trabajos de protección contra inundaciones han implicado la colocación de tapetes de concreto y gaviones o muros de piedra en distintos tramos, lo que afecta la vegetación del bosque de galería, donde crecen especies como ahuehuetes y sauces.
A su juicio, estas intervenciones dificultan la recuperación de la vegetación ribereña y no necesariamente contribuyen a restaurar el funcionamiento natural del río.
Restauración sin participación suficiente, advierten habitantes
Más allá de las obras y las inspecciones, los especialistas y habitantes consultados identifican otro pendiente: la participación de las comunidades y de los investigadores en las decisiones sobre el futuro de las cuencas.
En el caso del río Tula, René Romero considera que el decreto de restauración ecológica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2024 no ha sido acompañado por un programa que detalle las acciones, los responsables y los plazos para cumplir sus objetivos.
El representante de la iniciativa Río Tula recuerda que el decreto se publicó después de más de cinco años de discusiones y de la elaboración de diagnósticos por parte de investigadores de universidades y centros de investigación.
Sin embargo, afirma que las propuestas técnicas más completas no fueron incorporadas y que las reuniones posteriores con autoridades no se tradujeron en compromisos claros.
También cuestiona que proyectos de infraestructura y desarrollo continúen avanzando en la región mientras se anuncia la restauración ambiental.
Las acciones actuales son una simulación y los gobiernos continúan excluyendo a los investigadores y a las organizaciones comunitarias de la toma de decisiones”
René Romero, activista ambiental y habitante de Tula, Hidalgo.
Para Romero, la recuperación del río debe contemplar no solo el tratamiento de las aguas residuales, sino también el control de las emisiones contaminantes, la recuperación de los sedimentos de la presa Endhó y la atención a los problemas de salud que enfrentan las comunidades del Valle del Mezquital.
En el caso del Lerma-Santiago, Alicia Torres Rodríguez también considera insuficiente la coordinación actual. La cuenca atraviesa distintas entidades y municipios, por lo que su recuperación requiere acuerdos entre gobiernos, sectores productivos y comunidades.
La académica advierte que la contaminación acumulada durante décadas no puede resolverse únicamente con la construcción de infraestructura, especialmente si las industrias mantienen sus descargas y las plantas de tratamiento no tienen capacidad para eliminar los contaminantes que reciben.
“Esta cuenca ha sido resiliente por más de 70 años de contaminación, pero estamos ante una gestión tóxica de un recurso vital insustituible”, afirma.
La investigadora también advierte que la contaminación tiene consecuencias sobre el acceso al agua. Como ejemplo, señala que parte del abastecimiento proveniente del canal de Las Pintas fue retirado debido a sus condiciones de contaminación, lo que puede encarecer el suministro para los hogares.
El reto: demostrar que los ríos están menos contaminados
Las autoridades federales sostienen que uno de los principales obstáculos es la contaminación acumulada durante décadas, además de la extensión territorial de las cuencas y los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
En el caso de Lerma-Santiago, la cuenca abarca más de seis millones de hectáreas, nueve entidades y 245 municipios, lo que exige una coordinación que va más allá de las dependencias ambientales federales.
Entre las acciones pendientes están concluir las plantas de tratamiento y los colectores, poner en funcionamiento los sistemas de monitoreo automático y avanzar en la delimitación de las zonas federales de los cauces.
La Conagua realiza dos campañas de medición de calidad del agua al año en cada río, una durante la temporada de estiaje y otra en lluvias, con más de 90 sitios monitoreados por cuenca. Los resultados se reportan en la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, mediante indicadores como demanda bioquímica y química de oxígeno, sólidos suspendidos, oxígeno disuelto y parámetros microbiológicos.
La dependencia también señala que las metas de corto plazo incluyen reducir los patógenos fecales, eliminar las descargas industriales de sustancias potencialmente tóxicas y recuperar tramos de los ríos capaces de albergar vida, además de restaurar sus riberas y humedales.