Por: Francisco Flores Legarda
“Cuando el orden es injusticia, el desorden es un comienzo de justicia.”
Jodorowsky
Luego de la elección de los acordeones del Poder Judicial, litigantes, la opinión jurídica y en vía de consecuencia a los justiciables, señalan que este estándar de protección se convierte en letra muerta cuando el quejoso se enfrenta a un desabasto generalizado de medicamentos de conflictos sin resolver a cabalidad. Un ejemplo el problema de salud en México. En estos casos extremos, la falta de ejecución real de las sentencias de la Corte provoca que la justicia llegue demasiado tarde, o simplemente son letra muerta, expedientes en los rincones, anaqueles, archivados en los juzgados, de nada sirvieron para resolver el reclamo de ciudadanos. Eso si los jueces cobran bien y bonito.
El mayor desafío del derecho constitucional contemporáneo no radica en la redacción de sentencias progresistas o técnicamente perfectas, sino en la capacidad real del Estado para materializarlas. Cuando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce la violación a un derecho humano fundamental se topa con la indolencia burocrática, la falta de presupuesto o el desabasto institucional, esa sentencia se degrada a una categoría trágica: se convierte en letra muerta.
Para el justiciable, una sentencia inaplicable no es solo una victoria de papel; es una forma secundaria de victimización. El ciudadano que agota los recursos legales, que espera meses o años por el dictamen de la justicia constitucional, experimenta una profunda desilusión cuando el fallo a su favor no se traduce en un cambio tangible en su vida cotidiana. En el ámbito del derecho en toda su amplitud, hay desfase entre el texto judicial y la realidad operativa del aparato administrativo puede tener consecuencias irreversibles, demostrando que la justicia que llega, pero no se cumple, equivale a una justicia denegada. Tenemos las protestas de las instituciones encargadas de este tema tan delicado, pero eso si la presidenta dice que todo esta bien, que les caera de sorpresa a los hospitales para revisar que pasa y que falta. – No tengo conocimiento que lo haya cumplido -. Cual justica social. Muerta.
La efectividad del juicio de amparo debe medirse a través del cumplimiento sustituto, los incidentes de inejecución y la aplicación estricta de las facultades de sanción que la Constitución otorga al Poder Judicial. Solo cuando las autoridades responsables comprendan que el desacato de una sentencia de la Corte con lleva responsabilidades legales, políticas y administrativas severas, se podrá transitar de un constitucionalismo meramente nominal a uno verdaderamente garantista, donde los derechos de los justiciables se satisfagan plenamente en la práctica. El Poder Judicial se ha convertido en la espada flamígera para cortar cabezas a quien desacata las ordenes de lo gobiernos de Morena.
El fenómeno de las resoluciones judiciales que no logran materializarse en la realidad es un tema central de debate en el derecho procesal constitucional mexicano, conocido técnicamente como el problema de la inejecución de sentencias o la falta de tutela judicial efectiva. Es decir, al Poder Judicial le corresponde estar pendiente de las tareas derivadas de sus atribuciones. Los Ministros de la Corte deben dejar de andar con sus bailecitos, humazos, presumiendo maestrías, doctorados de escuelas de pipitilla. No se vale que quienes somos partes un juicio tango jueces, magistrados, litigantes y justiciables, tengamos una Corte de “ineptos”. Como le digo a mis alumnos si hay una fila de abogados ignorantes. talvez estoy al final de la fila. Pero cuando menos estoy formado para algo aprender.
El fin supremo del derecho es la realización de la justicia en el plano de lo real. De nada sirve una arquitectura constitucional de vanguardia ni un tribunal de control convencional ejemplar si el ciudadano, tras recorrer el extenuante camino del litigio, obtiene una victoria estrictamente retórica. Cuando las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estrellan contra la inacción, la simulación o el desabasto institucional, el Estado de derecho se fractura y la dignidad del justiciable queda reducida a una “letra muerta”. Es una burla la Corte. No quiero dejar desapercibo que en las resoluciones que emiten en los plenos, muchas de ellas ya fueron resueltas en otras acopas y la prensa que los alaba; “Emitieren una jurisprudencia histórica”. Les gusta cacarear el huevo.
Este fenómeno representa una forma de violencia institucional. El ciudadano que acude al juicio de amparo lo hace movido por la promesa estatal de restitución; sin embargo, al enfrentarse a una autoridad que ignora el mandato judicial bajo la narrativa de la imposibilidad material o presupuestal, se consolida una doble victimización. En materias tan sensibles como el derecho a la salud o la seguridad social sin olvidar la seguridad publica entre otras, este vacío no es una mera deficiencia procesal; es una omisión sistémica que puede costar vidas, transformando la aplicación de las normas, un escudo protector en una dolorosa ilusión jurídica.
Esta brecha entre la legalidad formal y la realidad material afecta con mayor severidad a los sectores más vulnerables. Para quien reclama el acceso inmediato a un tratamiento médico vital o la restitución de su patrimonio familiar, la “letra muerta” judicial no es un debate académico; es una desprotección absoluta. El juicio de amparo pierde su naturaleza de recurso efectivo cuando el desacato burocrático o la indolencia institucional se normalizan bajo el pretexto de la falta de recursos o la complejidad administrativa.
Tribunales Agrarios. Otra monserga. Diría un campesino del Tule.
La justicia agraria en México, diseñada originalmente como un mecanismo de protección para los sectores más vulnerables del campo, enfrenta hoy una crisis de legitimidad debido a la corrupción que carcome a sus instituciones. Lo que debió ser un espacio de equidad y defensa social para ejidatarios y comuneros se ha transformado, en muchas regiones del país, en un terreno fértil para el tráfico de influencias, el cohecho y la manipulación de la ley, donde el mejor postor suele quedarse con la tierra. Como lo he señalado en otros trazados, cuando se presenta un problema grave los magistrados se protegen entre pares y los mandan a otros estados, continuado con el contagio de la ineficiencia. Hay que reconocer existen impartidores de justicia agraria con mucha experiencia y capacidad.
El impacto social de esta dinámica es devastador: fragmenta el tejido comunitario, expulsa a los jóvenes del campo y profundiza la pobreza rural. Mientras los procesos de selección de magistrados y el control interno de los tribunales carezcan de transparencia y de un verdadero sistema de rendición de cuentas, la certeza jurídica en el agro mexicano seguirá siendo una simulación. Combatir la corrupción agraria no es solo un asunto de reforma procesal, sino una urgencia de justicia social indispensable para saldar la deuda histórica con quienes resguardan el territorio y la riqueza natural del país.
Calaverita Agraria.
Entre parcelas y ejidos la Parca andaba buscando,
a un astuto magistrado que ya la estaba cansando;
con mil amparos y firmas el juicio le prolongó,
¡pero la muerte en su linde sin un soborno se lo llevó!
Salud y larga vida
Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH.
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