El colectivo Buscando a Emilios tiene registrados 50 casos de personas originarias de Durango desaparecidas en Sinaloa, de los cuales 40 se sumaron en los últimos 12 meses.
La mayoría tiene como última ubicación conocida la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde las familias denuncian falta de avances en las investigaciones.
Carmen Soto, integrante del colectivo, señaló que, aunque no sería responsable establecer una tendencia general sin cotejar las cifras con la Fiscalía, los registros de las familias reflejan un incremento en las desapariciones, particularmente entre adolescentes.
De los 50 casos que documenta el colectivo, 10 corresponden a adolescentes, todos hombres. El registro también incluye a personas de entre 18 y 30 años, así como adultos de hasta 70 años.
Soto indicó que los casos más antiguos corresponden a personas desaparecidas hace varios años, mientras que la mayoría de los registros se concentra en hechos ocurridos durante 2024, 2025 y lo que va de 2026.
Entre los casos más recientes se encuentra el de José Ricardo, un menor cuya desaparición ocurrió hace aproximadamente tres o cuatro meses y cuya última ubicación fue en Mazatlán, Sinaloa.
A esta cifra se le suman cinco desaparecidos en Zacatecas de los cuales dos son menores de edad.
La integrante de Buscando a Emilios señaló que las familias continúan sin obtener respuestas suficientes de las autoridades ministeriales, pese a que han solicitado su intervención para avanzar en las investigaciones.
Explicó que los agentes argumentan tener una carga de trabajo excesiva, pues cada Ministerio Público tendría alrededor de 800 carpetas de investigación y contaría únicamente con dos policías investigadores.
Agregó que las búsquedas generalizadas y la revisión de fotografías de lugares previamente recorridos por las propias familias no han dado los resultados que necesitan.
Lo que exigen, dijo, es que las autoridades realicen acciones específicas en los sitios donde existen indicios sobre la posible ubicación de sus familiares, particularmente en El Verde, Concordia.
Otra de las preocupaciones del colectivo es el destino de las muestras genéticas que se toman a los familiares al momento de presentar una denuncia.
Carmen Soto explicó que las muestras son recibidas en Mazatlán y enviadas al laboratorio de Culiacán, pero las familias no tienen certeza de que hayan sido procesadas, incorporadas a los sistemas correspondientes y cotejadas con los registros de personas sin identificar.
Por ello, buscan reunirse con personal de servicios periciales en Sinaloa para solicitar evidencia de que los análisis se realizaron y de que la información genética se encuentra disponible para su confronta.
La representante del colectivo también señaló que las familias enfrentan dificultades económicas para mantener las labores de búsqueda, pues deben cubrir gastos de hospedaje, alimentación, traslados y herramientas.