Expansión Política
Los números mejoran consistentemente; la esperanza de vida, no tanto.
Hay una vieja trampa en el análisis de seguridad pública: confundir el termómetro con la fiebre.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó esta semana su reporte de incidencia delictiva de febrero 2026, y los números cantan maravillas. El homicidio doloso bajó 44% respecto a septiembre de 2024. Febrero 2026 es, dicen, el mes más bajo desde 2015. Guanajuato cayó 64%. Guerrero, 72%.
Todo desciende, todo mejora, todo apunta hacia arriba en las gráficas que apuntan hacia abajo.
Lo que el reporte no explica —y nadie en la conferencia mañanera preguntará— es que la metodología con la que hoy se miden estos resultados no es la misma de hace dos años.
El SESNSP reorientó silenciosamente sus métricas de seguimiento: ajustó las fechas de corte, modificó los umbrales de agregación por entidad y cambió el indicador de referencia de los homicidios de cifras absolutas a promedios diarios, lo que permite mostrar tendencias descendentes incluso cuando el número total de víctimas apenas se mueve.
No es mentira. Es, como diría cualquier estadístico honesto, una elección conveniente entre varias igualmente válidas.
Y las elecciones convenientes, en política, nunca son accidentales.
La calle tiene otra estadística
Pregúntele a un habitante de Culiacán si percibe que la violencia bajó 44%. Pregúnteles a los tenderos de Uruapan que siguen pagando derecho de piso al CJNG —el mismo cuya célula asesinó al presidente municipal apenas el año pasado— si la extorsión disminuyó. Pregúntele a los colonos de Iztapalapa, de Ecatepec, de Ciudad Juárez, de Acapulco.
La encuesta ENVIPE del INEGI —esa que el gobierno no cita en sus conferencias de seguridad— ha sostenido sistemáticamente que más del 70% de la población mexicana se siente insegura en su municipio.
Esa cifra no ha cambiado en una década. La percepción no es irracional ni ignorante: es la síntesis cotidiana de lo que la gente experimenta en los mercados, en el transporte, en las escuelas.
Nadie mide la angustia de cruzar un retén improvisado. Nadie contabiliza los negocios que cierran porque no aguantan el cobro de piso. Nadie registra los feminicidios que los ministerios públicos rebajan a “homicidio culposo” para aligerar las estadísticas locales.
El reporte del SESNSP redujo el feminicidio en 11.8%. El movimiento feminista que lleva años documentando casos en campo tiene números que no coinciden con esos decimales.
Las causas que convienen y las que incomodan
El propio reporte presume los logros de la Estrategia Nacional de Seguridad: 346 toneladas de drogas decomisadas, 24 mil armas confiscadas, 46 mil detenidos, más de dos mil laboratorios clandestinos destruidos. Son números impresionantes que, vistos con frialdad, describen exactamente lo mismo que los gobiernos anteriores hacían y que también fracasó: golpear los síntomas sin tocar las causas estructurales.
Ninguna diapositiva del reporte habla de desempleo juvenil en los municipios de mayor incidencia. Ninguna gráfica rastrea cuántas escuelas secundarias se construyeron en Guanajuato este año frente a los 128 homicidios registrados ahí en febrero.
El gobierno combate los laboratorios de metanfetaminas, pero no la economía que los hace indispensables para miles de familias en Sinaloa, Michoacán o Guerrero. Atiende las consecuencias armadas del crimen organizado, pero no la ausencia histórica de Estado que hizo posible que el crimen se organizara.
Las causas que se atienden son aquellas que generan foto, video y conferencia. Las otras —la pobreza extrema, la corrupción judicial, la impunidad estructural, la cooptación política a nivel municipal— permanecen intactas porque tocarlas significa enfrentar a los mismos actores que sostienen al sistema.
El Mundial como horizonte y como coartada
México, Estados Unidos y Canadá serán sede del Mundial de Futbol en 2026. Las sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey— son también epicentros históricos de violencia urbana y presencia del crimen organizado.
La presión internacional para proyectar una imagen de país seguro, funcional y turísticamente atractivo es enorme. No es conspirativo afirmarlo: es elemental.
Los gobiernos ajustan sus narrativas de seguridad antes de grandes eventos. Lo hicieron para los Juegos Olímpicos de México 68, para el Mundial de 1986, para cada visita de Estado relevante.
El pico de optimismo estadístico del SESNSP coincide puntualmente con el año en que el mundo pondrá los ojos en los estadios mexicanos.
Lo que sí podría funcionar
Hay salidas reales, aunque incómodas.
Primera: transparencia metodológica obligatoria —que cualquier cambio en las métricas del SESNSP sea auditado por organismos independientes y publicado con anterioridad, no descubierto después.
Segunda: financiamiento robusto y autónomo a los observatorios ciudadanos de violencia, especialmente en municipios de alta incidencia, para contrastar cifras oficiales con registros comunitarios.
Tercera: una política de prevención que financie infraestructura cultural, deportiva y educativa en los cincuenta municipios más violentos del país, con metas medibles y evaluación externa.
Cuarta: depuración real y sostenida de los ministerios públicos locales, que son hoy el cuello de botella donde la impunidad se fabrica.
Quinta: reconocer públicamente que la violencia tiene raíces económicas, y articularlas con política laboral concreta en zonas de conflicto.
Conclusión
Las gráficas descienden. Los muertos también, quizás. Pero la gente no siente la diferencia porque nadie le ha explicado con honestidad qué se está midiendo, quién lo mide, ni por qué se mide justo así.
Un gobierno que construye percepción en lugar de seguridad no está gobernando: está produciendo contenido.
Y ese es, precisamente, el tipo de violencia que ningún reporte del SESNSP sabrá nunca medir.