Reporte Indigo
Luis Herrera
Los homicidios causados por agresiones con materiales explosivos aumentaron entre 2018 y 2024, según registros del INEGI, los cual refleja la utilización cada vez mayor de minas terrestres y bombas lanzadas con drones por parte de los grupos criminales
En los últimos años, las organizaciones criminales con presencia en el país han incrementado el uso de artefactos explosivos, en muchas ocasiones fabricados por sus propios integrantes, para aumentar su poder de fuego ante las células delictivas con las que mantienen disputas violentas, aunque también para causarles daños más severos a las instituciones de seguridad que intervienen para contener su expansión.
La utilización cada vez mayor de estos dispositivos para perpetrar estos ataques ha comenzado a reflejarse en los registros de homicidios que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales disponen de un apartado que permite contabilizar las muertes causadas por agresiones con este tipo de materiales.
Los reportes que generan las autoridades tanto del ámbito federal como del local, evidencian que los grupos criminales obtienen materiales explosivos para producir dos tipos de armas: las llamadas minas terrestres que se colocan bajo la superficie de caminos y predios, y que se activan con el transitar sobre ellas de personas y vehículos; y las bombas con formas cilíndricas que suelen ser lanzadas desde las alturas por drones operados por los mismos delincuentes.
Aunque durante el sexenio del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades afirmarían que este tipo de artefactos explosivos no estaban siendo confeccionados por los grupos delictivos, en la actual administración federal, las organizaciones criminales han logrado provocar múltiples muertes de efectivos federales que activaron alguna de estas minas terrestres, y aun cuando se transportaban en vehículos con un alto nivel de blindaje.
El INEGI detalla que en el periodo comprendido entre 2012 y 2024, las “agresiones con material explosivo” causaron un total de 82 muertes, aunque siete de cada diez de ellas ocurrieron durante el sexenio pasado, esto es, el 69.51 por ciento.
Durante la administración federal 2018-2024, en el país se cometieron 57 homicidios provocados por “agresiones con material explosivo”, con este comportamiento anual: en 2019, cuando aquella gestión apenas arrancaba, se registrarían cuatro homicidios con estas características.
Para 2020 y 2021, también habría cuatro en cada uno; para el 2022 serían seis; para el 2023 esta incidencia se incrementaría a 13; mientras que el 2024, último año de aquel sexenio, cerraría con 26 de estos homicidios.
Cuando se compara la incidencia de este tipo de homicidios provocados con explosivos, de los años 2019 y 2024, esto es, el comienzo y el final del sexenio anterior, se obtiene un incremento del 550 por ciento en estos decesos.
Michoacán, Jalisco y Sonora, territorios de peligro
Los homicidios causados por agresiones con explosivos presentaron la siguiente distribución geográfica, durante el sexenio 2018-2024: el listado lo encabeza Michoacán, donde se registraron 30 víctimas mortales de estos ataques; el segundo puesto lo ocupa Jalisco, con nueve homicidios con estas características; el tercer lugar lo tiene Sonora, con cuatro casos.
Le siguen San Luis Potosí, con tres; y por el Estado de México, Zacatecas y Chihuahua, con dos homicidios cada uno; mientras que en el último peldaño aparecen Nuevo León, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad de México y Guanajuato, con solo uno de estos decesos respectivamente.
Entre las categorías que utilizó el Instituto para registrar estos homicidios cometidos en el pasado sexenio, pueden señalarse las siguientes: “Agresión con material explosivo en calles y carreteras”; “Agresión con material explosivo en vivienda”; “Agresión con material explosivo en área industrial y de la construcción”; “Agresión con material explosivo en granja”; así como “Agresión con material explosivo en lugar no especificado”.
Súpermina mata a 8 soldados
El 28 de mayo de 2025, se difundió el fallecimiento de un grupo de efectivos del Ejército Mexicano, tras activar una mina terrestre que habría colocado la delincuencia organizada en Michoacán, específicamente en la comunidad de El Santuario, localizada en el municipio de Los Reyes, y aun cuando los militares estaban patrullando esa región en un vehículo equipado con un alto blindaje.
Unos días después, el 10 de junio de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 17 personas, en el municipio de Los Reyes, Michoacán, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucradas en la explosión de una mina, entre los límites con Jalisco, donde perdieron la vida 8 militares.
De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban nueve exmilitares y tres civiles, con formación militar en el uso de armas.
El 22 de agosto de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, entonces secretario de la Defensa Nacional, abordó esta temática, y señalaría: “Todos estos artefactos explosivos son de fabricación casera basados en tutoriales que se encuentran en las redes. El material explosivo es pólvora, pólvoras comunes, pólvoras que se pueden conseguir en el mercado o, como se mencionó, aspectos de minería. No tienen una capacidad importante para poder generar una mina, que es de uso militar, no hay esa capacidad, sino son este tipo de artefactos que, como ya cité, la mayoría de las ocasiones fallan”.