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Matthew Agius
El Gobierno de Donald Trump ha trasladado el centro de actividad de ICE de la frontera con México a los suburbios estadounidenses. Sus encuentros con los residentes están desafiando las ideas fundacionales del país.
Las acciones de alto perfil ―a veces letales y potencialmente inconstitucionales― de los agentes de inmigración estadounidenses podrían estar cambiando la opinión de los ciudadanos norteamericanos sobre una política fundamental de su presidente, Donald Trump.
Las encuestas muestran que la opinión pública ha cambiado de cara a las ampliamente difundidas operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias federales en zonas urbanas. Este mes, dos ciudadanos estadounidenses incluso murieron a manos de agentes migratorios en Minneapolis.
Cae aprobación de política migratoria
Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 26 de enero, que incluyó respuestas tanto antes como después del asesinato del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, mostró que el 53 por ciento de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en materia de migración, en comparación con el 39 por ciento registrado el primer día de su nuevo mandato en enero de 2025.
El partidismo sigue influyendo: los republicanos, en general, apoyaron las actividades de ICE, mientras que más de 9 de cada 10 demócratas desaprobaron las medidas adoptadas.
Pero casi dos tercios de los votantes que no declararon su afiliación política afirmaron que las acciones de ICE habían ido demasiado lejos.
Mayor atención pública
Si bien, desde hace tiempo, ICE se dedica a identificar y detener a extranjeros ilegales o indocumentados, en el segundo mandato de Trump sus actividades se han topado con protestas, campañas públicas de rendición de cuentas y monitoreo, y un aumento de la tensión en las calles.
Kelsey Norman, directora del Programa de Derechos de la Mujer, Derechos Humanos y Refugiados del Instituto Baker de Políticas Públicas, en Estados Unidos, destaca la coincidencia de varios factores sin precedentes en la historia operativa de ICE.
Esto incluye la llegada de agentes migratorios a las principales ciudades, el objetivo personal de Donald Trump de alcanzar un millón de deportaciones, un fuerte aumento de la financiación de la agencia y del reclutamiento de agentes, así como la detección de conductas violentas, y ahora letales, por parte de la agencia en las calles.
“Muchas de estas prácticas militarizadas han existido en la aplicación de la ley migratoria”, dice Norman a DW. “Simplemente se estaban desplegando en la frontera, donde no recibían necesariamente la misma atención pública que ahora”.
Riesgos potenciales para ciudadanos
Asimismo, la muerte de Renee Good y Alex Pretti en despliegues de ICE ponen de relieve otros riesgos potenciales para los ciudadanos norteamericanos.
Walter Olson, investigador principal del Cato Institute, un centro de estudios libertario con sede en Estados Unidos, asegura que existen pruebas de que las acciones de ICE infringen las protecciones civiles amparadas por la Constitución y la Carta de Derechos de Estados Unidos.
Al entrar en viviendas sin órdenes de registro firmadas por un juez, por ejemplo, ICE aparentemente habría violado el derecho de registro e incautación amparado por la Cuarta Enmienda, explica el experto.
“Hemos visto múltiples aparentes violaciones del derecho de registro e incautación, incluyendo el derribo de las puertas de las viviendas”, dice Olson a DW.
En otros casos, más numerosos, aunque menos dramáticos, también se habrían infringido las normas constitucionales respecto a cuándo la Policía puede detener a alguien en la calle, agrega.
Las declaraciones tras la muerte de Pretti por parte de destacados funcionarios y simpatizantes del Gobierno de Trump también han llamado la atención sobre la Segunda Enmienda, que otorga a las personas el derecho a portar armas.
Pretti tenía licencia para poseer armas en Minnesota y estaba autorizado a portar un arma oculta. Ninguno de los múltiples videos de transeúntes de su asesinato parece mostrarlo sacando un arma de fuego.
Sin embargo, figuras clave del Gobierno han señalado que Pretti no debería haber llevado un arma a una protesta. Estas declaraciones ahora están siendo criticadas dentro del Partido Republicano y otros movimientos libertarios.
“En Estados Unidos, nuestra Segunda Enmienda ha sido muy valorada por el sector conservador estadounidense durante muchas décadas”, comenta Olson.
“La administración Trump ―no solo uno, sino varios funcionarios― salió a decir cosas como que no se debe portar un arma en las calles de la ciudad”, prosigue el experto del Cato Institute. Y agrega: “Este es un giro radical, un verdadero giro de 180 grados respecto a la postura conservadora“.
La aparente violación de los derechos constitucionales en las calles estadounidenses podría ahora estar desafiando los ideales fundamentales de libertad y justicia del país.
En opinión de Olson, los ciudadanos estadounidenses también deberían preguntarse si estas acciones podrían tener mayores repercusiones en el futuro.
“Para el estadounidense común, la pregunta que creo que debe afrontar es: si esto se puede hacer en esta campaña contra los inmigrantes, ¿dónde más se puede hacer cuando la campaña se centre en personas consideradas subversivas o ‘antiamericanas’?”, observa.
Acciones sin precedentes en democracias
El mandato y el papel de ICE en la aplicación de las leyes de inmigración han evolucionado y cambiado a lo largo de sus dos décadas de existencia, pero su conducta durante el mandato actual de Trump no tiene precedentes ni en Estados Unidos ni en otras democracias, señala Kelsey Norman.
El traslado de las operaciones antinmigrantes a ciudades del norte, en zonas densamente pobladas, donde todos tienen un teléfono con cámara y pueden monitorear y documentar las actividades de ICE, ha obligado a sus agentes a cubrirse los rostros.
Además, la creciente atención ha puesto de relieve algunas de las tácticas más extremas de los agentes.
“El tipo de tácticas que ICE está implementando son las que se verían en los servicios policiales de países bastante autoritarios”, dice Norman.
Así, por ejemplo, el uso de la fuerza, incluyendo gas lacrimógeno y gas pimienta, contra transeúntes y movimientos de base por la rendición de cuentas también ha sido criticada por organismos internacionales, como la Asociación Internacional de Jefes de Policía.
Además, diversos observadores habían expresado ya preocupación por el reclutamiento masivo y la consecuentemente insuficiente capacitación de muchos agentes de ICE.