Salud para todos, en el papel; pacientes sin seguridad social recorren hasta 700 km por atención de alta especialidad.

Animal Político

Por: Noé Cruz Serrano

El caso de don Pedro expone las barreras que enfrentan millones de personas sin seguridad social para acceder a servicios de alta especialidad: largos traslados, gasto de recursos propios y recortes presupuestales que profundizan la brecha en el derecho a la salud.

Don Pedro, como lo llama su hijo, lleva casi dos años visitando con regularidad el Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México. Le detectaron cáncer de próstata y, al parecer, va a requerir cirugía. Originario de Sombrerete, Zacatecas, inicialmente acudía al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, a unos 400 kilómetros de distancia que recorría en autobús.

Con la desincorporación del hospital, que se fusionó con el IMSS-Bienestar en 2023, fue remitido al Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, lo que ahora lo obliga, “porque no hay de otra”, a realizar viajes de 766 kilómetros.

Él es uno de los más de 3 millones 234 mil 35 personas contemplado en la clasificación socioeconómica “exento de pago” porque no cuenta con seguridad social. A veces, comenta a Animal Político, “debo realizar dos viajes al mes para consulta o exámenes y eso cuesta: tengo que gastar en pasajes —siempre me piden ir acompañado de un familiar—, comidas y en un lugar para dormir, si tenemos que pasar más de un día por acá. En ocasiones tenemos que dormir en el piso, en calles cercanas al instituto, o en las salas de espera”.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, el gasto de la población sin seguridad social per cápita pasó de 4 mil 421 pesos en 2019 a 5 mil 918 pesos en 2023, un incremento de 34 %, lo que habla del esfuerzo de una parte de la población con escasos recursos para acudir a este tipo de hospitales.

La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, encabezada hasta el pasado 19 de noviembre por Marta Margarita Zapata Tarrés, dispone de una evaluación del programa presupuestario E023 Atención a la Salud, con fecha del 15 de abril de 2025, a la que tuvo acceso este medio. En ella se reconoce que, si bien uno de los principios rectores de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “salud para toda la población”, los mexicanos sin seguridad social con padecimientos de especialidad y alta especialidad no acceden efectivamente a la atención.

Explica que el estado actual del problema tiene que ver con la transición epidemiológica y demográfica, caracterizada por el predominio de padecimientos crónico degenerativos —como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer en todos sus tipos o enfermedades del hígado— que “han desencadenado una creciente demanda de servicios de salud especializada a nivel nacional, especialmente entre la población sin seguridad social”.

Estima que entre el 5 % y el 10 % de la población con necesidades de salud solicita atención de especialidad en unidades de tercer nivel. Los datos del Censo Poblacional y Vivienda 2020 revelan que, de una población total estimada en 126 millones 14 mil 24 personas, carecen de seguridad social 64 millones 680 mil 690 y, de este segmento, demandan atención de tercer nivel 3 millones 234 mil 35 personas.

La evaluación añade que en los últimos años se han presentado avances para mejorar el acceso a los servicios de salud; sin embargo, subraya: “el problema no solo persiste, pues la brecha se ha incrementado en los últimos ocho años”. Cita que en la medición del año 2022, la carencia fue evidente.

Entre 2016 y 2018, la carencia de acceso representaba “un 15.6 % y 16.2 %, respectivamente, mientras que para el año 2020 se disparó hasta alcanzar 28.2 %, lo que equivale a 35.7 millones de mexicanos, siendo la población de menores ingresos, es decir, 20 %, clasificada en situación de pobreza extrema, la cual pasó de 25.6 % en 2019 a 57.3 % en 2020”.

En la falta de acceso a los servicios de salud se incluyen los de alta especialidad, provocada por la carencia de hospitales en varios estados del país. La oferta de servicios en los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia está concentrada en la Ciudad de México, lo que provoca que pacientes de regiones remotas se trasladen en busca de atención y que se genere saturación en la demanda de servicios.

Para hacer frente a la creciente demanda y a la necesidad de descentralización, se han fortalecido y creado unidades de tercer nivel, como los hospitales regionales de alta especialidad. Sin embargo, “enfrentan limitaciones en términos de cobertura geográfica, ya que solo están presentes en seis de los 32 estados del país”, lo que continúa dejando a numerosas regiones y entidades federativas sin acceso a atención médica especializada.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estiman que en 2020 el tiempo de traslado hacia las unidades médicas de tercer nivel en áreas urbanas variaba de 30 minutos a 2 horas, mientras que en estados del norte y el sur puede ser mayor a tres horas en automóvil.

El documento remitido para su revisión a Marta Margarita Zapata Tarrés desde la Dirección General de Evaluación de Desempeño que encabeza Manétt Rocío Vargas García, con fecha del 8 de abril de 2025, según el oficio CCINSHAE-134-2025, reconoce que la falta de acceso a los servicios de salud ha generado un aumento en la búsqueda de atención médica en servicios privados.

En 2022, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 30.4 % de la población mexicana recibió atención médica privada, con un incremento considerable en el caso de la población sin seguridad social, alcanzando el 35.6 %.

Animal Político solicitó a Carlos Álvaro Mateos Beltrán, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, conocer una versión oficial sobre la problemática en este nivel de atención especializada de salud, pero no hubo respuesta.

En referencia al programa presupuestario E023 Atención a la Salud, el documento de evaluación precisa que la población objetivo depende de la capacidad instalada de las unidades médicas, es decir, de sus recursos humanos, equipamiento y presupuesto, “por lo que se limita a la capacidad de atención que se estima en un año fiscal y dependiendo de las vocaciones de las unidades participantes”.

En el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en donde se atendía don Pedro, de 2021 a 2024 el presupuesto ejercido, según la Cuenta Pública de ese periodo, hubo una reducción de mil 743.9 millones a mil 564.9 millones de pesos.

En el Instituto Nacional de Cancerología se observó una reducción de 2 mil 759.9 millones de pesos ejercidos en 2020, en plena pandemia, a 2 mil 424.6 millones en 2023. Para 2024, el instituto aumentó su gasto a 3 mil 183.3 millones de pesos.

Estas inconsistencias en el presupuesto de ambas entidades explican las constantes denuncias por falta de medicamentos y equipo. Estas son algunas de las denuncias que se han hecho públicas:

• Hospitales del IMSS-Bienestar: se han reportado faltantes de medicamentos básicos, insumos y equipos en diversos hospitales de este sistema en la Ciudad de México, a pesar de iniciativas para solucionar la problemática.
• Hospital Infantil Federico Gómez: cirujanos denunciaron una crisis por la falta de anestesia y otros medicamentos, lo que ha obligado a reducir a la mitad el número de cirugías complejas.
• Hospital Infantil de Veracruz: madres de niños con cáncer han denunciado la falta de medicamentos para quimioterapia, provocando la suspensión de tratamientos. Además, señalan que los niños sufren por falta de aire acondicionado, mientras que las oficinas administrativas sí lo tienen.
• Hospital de Macuspana, Tabasco: el director fue cesado después de denunciar las carencias de medicamentos y equipo.
• Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, Michoacán: trabajadores denuncian que se ven amenazados por exhibir las carencias del hospital, donde pacientes con enfermedades renales están en riesgo.

Estas carencias ponen en riesgo el derecho a la salud, afectando también a profesionales del sector que trabajan en condiciones precarias, según denuncia la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud.

José Sifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, puso énfasis en esta problemática en una entrevista concedida a la Gaceta de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ahí habló de lo que considera retos internos del instituto: mantener la cohesión del personal, asegurar que cuente con las herramientas necesarias y se sienta respaldado para realizar su trabajo, así como gestionar apoyos económicos, un desafío constante en su relación con el gobierno federal.

Los retos en el servicio médico de alta especialidad

La Secretaría de Salud tiene un árbol del problema que enfrenta el servicio médico de alta especialidad que otorgan diez institutos nacionales de salud, tres hospitales federales de referencia, tres hospitales desconcentrados en la secretaría y siete que brindan atención a la salud mental.

Los principales retos son: rezago en la demanda de atención especializada; insatisfacción con la atención; baja cobertura del programa; mayor gasto de bolsillo de las familias, aspectos que se traducen en que la población sin seguridad social con padecimientos de especialidad y alta especialidad “no accede efectivamente a la atención de salud”.

Enumera también la deficiencia en los servicios de atención ambulatoria en cuatro puntos: insuficiente equipamiento; insuficientes recursos humanos; inadecuados procesos de coordinación interinstitucional entre el primero y segundo nivel; escasa sistematización de procesos sustantivos y de apoyo dentro de las unidades de especialidad (citas disponibles de servicios, expedientes electrónicos), que dificultan la atención de la población.

Las deficiencias en servicios de atención hospitalaria se resumen en tres aspectos: incremento de enfermedades crónicas y sus complicaciones; equipamiento obsoleto que supera su vida útil; escasa información al paciente sobre la necesidad de regresar al primer nivel, una vez terminada la atención especializada, para el seguimiento y la atención de otros padecimientos.