Reporte Índigo
El gobierno venezolano se apresura para salir de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional mientras surgen nuevos reportes de delitos cometidos por líderes venezolanos que caen en la competencia del tribunal.
por Pablo Abundiz
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro volvió a ser señalado, esta vez por delitos de lesa humanidad al interior del país.
En un reciente informe sobre la principal fuerza de seguridad interna del gobierno de Maduro, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos detalló que existen motivos razonables para creer que el presidente, los ministros del Interior y de Defensa, incluido el alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), “pueden ser considerados responsables de ordenar o contribuir de otro modo a la comisión de los delitos (de lesa humanidad)”.
En el último reporte elaborado por tres expertos en Derechos Humanos, y realizado bajo la autoridad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pone de manifiesto cómo la estructura operativa de la Guardia Nacional Bolivariana facilita que sus miembros realicen acciones ilícitas y violatorias de las garantías básicas individuales que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad; asimismo, detalla los recovecos institucionales que permiten a los arquitectos y ejecutores de esta política de Estado escapar de la rendición de cuentas.
De acuerdo con el panel de expertos, que analizaron eventos desde 2014 hasta octubre de 2024, se encontró que la GNB cometió actos que pueden caer bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma, como privaciones arbitrarias de la vida, las detenciones arbitrarias u otras privaciones graves de la libertad, así como actos de tortura y violación u otras formas de violencia sexual; de la misma manera, la comisión estableció que las víctimas de estos crímenes fueron seleccionadas por sus posiciones políticas opuestas a las del gobierno de Nicolás Maduro.
Crímenes venezolanos y campaña de presión externa
El doctor Aníbal García Fernández, investigador del Observatorio Lawfare, señala que si bien Naciones Unidas tiene la responsabilidad de demostrar con evidencia empírica las acusaciones que el reporte presenta, también señala que el momento en el que fue divulgado responde a la campaña de máxima presión ejercida por el gobierno estadounidense en el Mar Caribe y a una campaña de desprestigio que precede a Maduro como actor central de la política venezolana.
“Lo que estamos viendo, no ahora sino desde por lo menos el 2002, es una guerra mediática que trae consigo una guerra cognitiva en la que constantemente los medios de comunicación corporativos acusan al gobierno de ser un régimen autoritario, fuera de los cánones de la democracia representativa liberal, e incluso un régimen dictatorial”, señala el académico.
Si bien el doctor en Estudios Latinoamericanos apunta que existe una “demonización” de la administración del presidente Maduro, hecho que el académico adjudica a un sesgo ideológico presente en la prensa y en algunas instituciones internacionales, el investigador señala que el hecho de que exista una parte de la oposición dispuesta a participar en la política electoral desmiente la imagen de un ente represor que comienza desde el Palacio de Miraflores.
No obstante, para la elaboración de su informe, la Misión no sólo analizó la estructura legal y operativa del cuerpo de seguridad venezolano sino también realizó entrevistas con funcionarios, elementos de la GNB, víctimas, abogados y activistas locales y la comisión de Naciones Unidas recolectó evidencia fotográfica y en video de los elementos que le permitieron llegar a sus conclusiones.
No obstante que el estándar de prueba utilizado por la Misión alcanza para determinar que existen casos documentados suficientes para establecer un patrón de conducta y señalar a los responsables del mismo, el panel de expertos aclara que su metodología no está pensada para ser utilizada en procedimientos judiciales, pues “es inferior al que requieren los procedimientos penales nacionales o internacionales para dictar una condena”.
Impunidad en el sistema de justicia venezolano
Más allá de que las conclusiones de la Misión no puedan ser utilizados en una Corte Penal, el reporte también apunta que el sistema judicial venezolano carece de la intención de llamar a rendir cuentas a los ejecutores de esta política de Estado y cita investigaciones sin avances, obstrucción por parte de la GNB y sanciones que se focalizan en los miembros de bajo rango de la institución.
A principios de este mes, el gobierno venezolano reiteró su “firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional” y recordó a la comunidad internacional su respaldo histórico al Estatuto de Roma; sin embargo, los desacuerdos con la Corte de la Haya respecto a los avances de las investigaciones que se tiene pendientes en el tribunal de último recurso y las conclusiones del último reporte de Naciones Unidas llevaron al Congreso venezolano a emitir legislación para evitar las consecuencias internacionales que estas pesquisas puedan traer.
El pasado 11 de diciembre, el Congreso aprobó unánimemente una ley, promovida por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que retirará a Venezuela del sistema de la Corte Penal Internacional al que se unió hace un cuarto de siglo.
El doctor García Fernández señala que el movimiento del Legislativo venezolano responde no sólo a las acusaciones que persisten contra el gobierno de Maduro sino también al momento histórico donde el derecho internacional ha perdido su valor.
“Vivimos en un contexto donde constantemente se viola el derecho internacional, donde se pueden invadir embajadas o efectuar bombardeos sin reparar en la legislación internacional, muchas veces desde el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; es un mundo en donde todo el sistema multilateral está resquebrajado, entonces no lo vería como un hecho puntual sino como parte de un proceso de más de 15 años donde se ponen de manifiesto los límites mismos del sistema internacional”, finaliza el académico.
A pesar de que el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional es reconocido por la mayoría de los países del mundo, en los últimos meses ha enfrentado golpes a su reputación provenientes de las grandes potencias. Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y durante la administración del presidente Donald Trump jueces, fiscales y trabajadores del tribunal han sido sujetos de sanciones por sus intenciones de procesar a actores valiosos para Estados Unidos.