Los niños y adolescentes se enfrentan actualmente al riesgo del trabajo infantil y la falta de garantías, pero también al peligro de ser “enganchados” por grupos de la delincuencia, para trabajar en actividades ilícitas, hasta convertirse en sicarios
La ingenuidad vuelve vulnerables a los menores, principalmente a los que tienen entre 10 y 17 años de edad, y se convierte en un factor determinante para que sean presa de los grupos delincuenciales. Desde hace más de una década, en diferentes estados de la República, se ha reportado la existencia de campos de entrenamiento utilizados por carteles y grupos del crimen organizado para preparar a personas que posteriormente se unirán a sus filas.
Un alto porcentaje de los que están ahí no llegaron voluntariamente. En el mejor de los casos, fueron engañados con la promesa de un trabajo bien pagado que les permitiría ayudar a su familia y hasta comprarse sus propias cosas, esos deseos en los que se resume la vida material de un joven: unos tenis, gorras, ropa de moda o hasta un teléfono celular.
Pero la mayoría de las historias relatan un rapto, un levantón o la obligación, bajo amenaza de muerte, para pertenecer a un grupo delictivo y no ser otra cosa más que “carne de cañón”, es decir, los primeros que mandan a realizar tareas como enfrentamientos, cobro de piso, levantones y hasta asesinatos.
De acuerdo con el INEGI, se considera trabajo infantil cuando niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Se clasifica como ocupación no permitida a la que realizan personas de este grupo de edad en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas.
Asimismo, incluye a quienes realizan quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares en condiciones no adecuadas, lo que incluye a niñas, niños y adolescentes que las realizan durante horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas.
El #INEGI, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo @OITMexico y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social @STPS_mx, presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil #ENTI 2022. 🧵 Te compartimos algunos de sus resultados. (1/7)
El INEGI crea el apartado de “Ocupaciones peligrosas”, basado en el riesgo del trabajo técnico. De los 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan alguna ocupación no permitida, 2 millones (92.5 por ciento) lo hacen en actividades consideradas de carácter peligroso.
De los 2 millones de personas en ocupación peligrosa, 1.1 millones se encontraban en sectores económicos como agricultura, construcción, minería, industria química, entre otros. Por su parte, 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes realizaron actividades que afectaron su salud y desarrollo como cargar cosas pesadas, o que les provocaron problemas físicos. Otros 437 mil tuvieron horarios de trabajo prolongados y 846 mil desarrollaron actividades con exposición a riesgos. Finalmente, 210 mil laboraron jornadas no apropiadas como aquellas con horarios mixtos, nocturnos o rolaron turnos.
Sin embargo, dentro de las ocupaciones peligrosas, no se considera la pertenencia de los menores a grupos delictivos, hay una cifra desconocida de aquellos que se dedican a actividades ilícitas no por voluntad propia, sino bajo amenaza.
Necesario, legislar delito de reclutamiento forzado
La cifra oficial más reciente sobre el número de menores de edad que han sido cooptados por la delincuencia organizada es de 10 mil, esto en palabras de la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, en el Foro legislativo por las niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia, en abril pasado.
El dato lo da a conocer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), y señala que los menores son contactados por los delincuentes a través de las redes sociales y los videojuegos, por lo que cada día crecen más las cifras de este tipo de casos. A pesar de ellos, no existe un análisis profundo de la problemática, a pesar de darse a conocer en fechas recientes que el rancho Izaguirre, en Jalisco, funcionaba como lugar de entrenamiento del crimen organizado.
Por su parte, la senadora Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, hizo un llamado a los y las legisladoras a olvidarse de los colores partidistas y de los intereses políticos individuales para construir una legislación que permita establecer las políticas públicas para erradicar este problema.
“Son entrenados a matar, a descuartizar, deshacer cuerpos con ácido. Son entrenados a mover drogas en la frontera. Tenemos testimonios de niños de ocho, nueve o de 10 años”, reporta la Organización Reinserta
Reporte Indigo consultó el documento en el que se presenta el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA (Niñas, Niños y Adolescentes) por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, desarrollado por la Segob en 2021. Se trata del más reciente intento por dar claridad al panorama que presenta esta problemática de seguridad.
Dicho documento incluye un diagnóstico de los factores que propician el reclutamiento forzado, las formas en que son “enganchados”, la escala de actividades a las que son obligados, los municipios identificados con “alta incidencia” y los grupos criminales que operan en cada entidad, así como propuestas de líneas de acción para atender el problema.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las cinco entidades que tienen las cifras más elevadas relacionadas con el reclutamiento de menores son Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, pero en Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero y Coahuila las infancias son “carne de cañón de los grupos criminales”.
El entorno es determinante para que caigan
El Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, señala que la problemática es multifactorial. Los factores familiares coadyuvan para que un menor se sienta o no comprendido, el estrés familiar, el abandono, al uso de sustancias o bien la pertenencia de un familiar en una actividad delictiva o parte de la delincuencia organizada es un causal para que se reclute a un menor de edad para la comisión de delitos.
También factores grupales, educativos, comunitarios así como sociales y culturales, señala el documento, entre los que destacan la falta de oportunidades, alto desempleo, alta densidad poblacional, existencia de drogas o armas, presencia de economía ilícita, altos niveles de pobreza, marginación, discriminación, entornos agresivos y pandillas, crimen organizado o grupos delincuencias en el entorno, también tienen relevancia en la vulnerabilidad de los menores reclutados.
‘Enganchados’ y desaparecidos
México es un país de desapariciones. De entre las 127 mil 863 personas desaparecidas y no localizadas (cifra consultada al 2 de mayo de 2025), hay un alto porcentaje de menores de edad, aunque la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no aporta datos específicos de cuántos en particular.
Cientos de esas historias empezaron a partir del interés de los jóvenes por trabajar y obtener un ingreso económico para ayudar en sus casas. Lo que parece una oferta de trabajo que les cambiará la vida termina, en muchos casos, en una tragedia después de que estos adolescentes se ven obligados a emplearse en actividades ilícitas.
En todos estos hechos delictivos, cuando las cosas no salen bien, al menos para los criminales, esos jóvenes son los primeros en morir.
Y ahí no termina su historia, porque su “vida útil” para la organización delictiva finalizó al morir y deshacerse del cuerpo, a veces los dejan en el lugar en que mueren y en otras ocasiones de los llevan para enterrarlos en algún lugar desconocido; sin embargo, hay alguien, una familia que lo busca.
Uno de tantos de estos casos lo relata a Reporte IndigoAna Lilia Jiménez Sandoval quien busca a su hijo Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido el 1 de septiembre de 2012, cuando salió del municipio de Ixhuatlancillo hacia el centro de Orizaba, en Veracruz. En ese momento él contaba con 15 años de edad.
En su afán de poder ayudar económicamente al hogar, Yael iba buscar trabajo como “cerillito” en un centro comercial de la zona de Orizaba, pero ya no regresó. Tiempo después, a través de investigaciones propias, Ana Lilia supo que esos meses eran de reclutamiento de jóvenes menores de edad por parte de un grupo delincuencial que operaba en la zona.
Abusan de la ingenuidad
El modus operandi era “enganchar” a los jóvenes a través de locales de celulares de la desaparecida compañía Nextel, les hablaban de pagos muy altos para convencerlos: “en el último mensaje que me escribió mi hijo me dijo que con lo que iba a ganar en un año me iba a comprar mi casa o una moto BMW, dado mi gusto por las motos”, recuerda Lilí, como es conocida entre los grupos de buscadores.
“Con el tiempo me enteré que mi hijo fue reclutado, estuvo en un hotel del centro de Orizaba, junto con otros jóvenes y de ahí fueron sacados. El hecho de que alguien le ofreciera dinero fácil lo convenció a quedarse ahí. Les pintaron el panorama de una buena manera sin saber lo que conllevaba.
“Me hicieron llegar unas fotografías, hay otros casos, que no me corresponde hablar de ellos, pero en esas fotos se ve el hotel en donde sabemos que hubo un evento en el que los reunieron y de ahí se los llevaron. Otras familias no quisieron hacer denuncias por miedo y otros que sí tienen denuncias y mencionan al lugar”, explica.
El Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, es el caso más reciente de un campo de adiestramiento del crimen organizado, como ha habido otros en diferentes estados del país. (Foto: Cuartoscuro)
Yael tenía 15 años y, de acuerdo con palabras de su madre, era muy vulnerable, un chico sin vicios ni malicia, hijo de familia, le gustaba el grafiti, pero su mamá siempre sabía en dónde estaba, con quién se juntaba y le pedía permiso para salir, también sabía que debía estar de regreso a la hora que se le indicaba.
“Cuando desapareció mi hijo era tan fácil embaucar a los muchachos y el crimen organizado los utilizaba principalmente para el halconeo, si los detenían nada más pisaban el tutelar de menores y con la misma salían. Era lo que menos les importaba y menos si los mandaban a enfrentamientos”, relata.
En ese tiempo, la desaparición de un joven era criminalizada, se decía que “andaba en cosas malas”. Pero Ana Lilia está segura de que no era el caso de su hijo: “era un niño tranquilo, le gustaba escuchar música, o se la pasaba con sus bocetos, estar mezclando colores, si tenía hambre él mismo se guisaba, muy noble con su sobrina de 7 años en ese entonces”.
El último mensaje
Yael cayó en manos que abusaron de su ingenuidad y la de tantos más que fueron recluidos. Tenía un celular, pero por cuestiones económicas lo tuvo que empeñar. Su mamá cuenta que tras su desaparición, ella le escribió por la red social Facebook para decirle si había algo que le hubiera molestado para irse de la casa.
“Le dije que si no estaba contento conmigo, respetaba su decisión, simplemente que le dijera en dónde estaba para llevarle ropa, por que él salió sin cosas. Eso fue un lunes”.
Al día siguiente, desde la cuenta de Yael, Ana Lilia recibió un mensaje en el que le decía que estaba trabajando en Puebla como guardia de seguridad y que iba a ganar mucho dinero. Ella le respondió que no era necesario, que lo necesitaba con ella, pero lo respetaba, solo que le permitiera acercarse a donde estaba para llevarle algunas de sus cosas. No volvió a responder.
Tras la denuncia presentada en la entonces Procuraduría de Justicia, ahora fiscalía, no se pudo obtener la ubicación desde la que se abrió la cuenta de Facebook de Yael, debido a que entonces no había protocolos de búsqueda como ahora se tienen. Toda la información que dio su madre en ese momento y las solicitudes de que abrieran la cuenta y la sábana de llamadas se perdió, y al paso de los años esa información ya no pudo ser rescatada.
“Podemos afirmar que sí fue reclutado por parte de la delincuencia organizada. Fue una pelea entre dos grupos: el que era local contra el que operaba y aparentemente mandaba en todo el estado de Veracruz en esos años. Todos los elementos apuntan a eso”, relata Ana Lilia Jiménez Sandoval, quien busca a su hijo Yael Zuriel desaparecido en 2012
Respecto a las investigaciones, la madre buscadora habla del rezago que hay debido a la carencia de personal suficiente: “en la zona de Orizaba tenemos tres fiscales de desaparecidos que tienen alrededor de 500 investigaciones cada uno. De la policía de investigación sólo hay tres con un solo vehículo para una gran extension de municipios de la zona centro del estado, más de 10 municipios que abarcan un área geográficamente muy extensa. Los servicios periciales también se ven colapsados”.
Jiménez Sandoval dice resignada que ya no tiene líneas de investigación, después de que su carpeta ha pasado por al menos nueve fiscales, pero debe seguir el protocolo. Destaca que las búsquedas dan resultados “porque se han logrado recuperaciones a través del colectivo al que pertenezco. No nos corresponde juzgar, solo encontrarlos y que se entregue a su familia, que termine un proceso e inicie otro. Con esto sabemos en dónde están realmente y ya no los van a volver a desaparecer”.
“El hallazgo del Rancho Izaguirre viene a confirmar lo que muchos colectivos hemos denunciado: la principal causa de desapariciones en México es el reclutamiento forzado”, así lo dijo Héctor Flores, cofundador del Colectivo Luz de Esperanza, quien además señala que nunca han sido
Debido a que últimamente en las redes sociales, se reportan casos de menores desaparecidos, Ana Lilia Jiménez pide conciencia a todos aquellos que se van de casa por algún conflicto familiar o problema de conducta.
“Ojalá estos jóvenes tengan más conciencia al momento de pensar en salirse de su casa y hacerlo pasar como una desaparición, ellos no saben el dolor que le genera a una madre día a día caminar, en mi caso, casi 13 años y otros tantos en búsqueda en fosas clandestinas buscando a nuestros hijos”, declara.
Pide que tengan conciencia de que si los regañan es porque excedieron el tiempo de uso del celular, porque no cumplieron con sus deberes encomendados o porque no tienen edad todavía para ir a una fiesta por los peligros que esto representa.
Necesario, banco real de datos
Ana Lilia Jiménez pertenece al Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, y ante la problemática de desapariciones que se vive en esa región de Veracruz, señala importante una iniciativa para que se haga un banco de datos desde que un bebé nace.
“En el caso de mi hijo, la única huella dactilar que se tiene es la del acta de nacimiento y no fue viable para incluirla en la investigación y poderlo encontrar ahora como adulto y al ser menor de edad, no tenía una credencial de elector de su huella reciente”, relata,
Considera que hacen falta esos datos junto con el ADN y que no se trata de que deseen que sigan ocurriendo las desapariciones, “ya no queremos que suceda pero dadas las circunstancias tenemos que pensar a fututo con un banco de datos real. Cada gobierno hace uno y de pronto se cancela y ya no es viable. Tal vez haya personas que digan que no quieres tener controlados, pero no es así, yo lo veo desde este lado de la crisis de desapariciones, estos datos servirían de mucho”.
