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En medio de la crisis hídrica que afecta al país, el recorte de verificadores de campo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) provocó que se perdiera vigilancia contra la sobreexplotación de concesiones en pozos del país, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Cuenta Pública 2022, el organismo nacional tampoco realizó un análisis de riesgos sobre posibles sitios de extracción de líquido mayor a lo autorizado permitido.
Los datos analizados por la ASF indican que en 2013, en el anterior sexenio, se realizaron 10 mil visitas de inspección programadas a pozos, cuencas y otras concesiones de explotación, mientras que en 2022 solo hubo 3 mil.
A su vez, las visitas extraordinarias a concesionarios de aguas nacionales pasaron de 8 mil 547 a mil 800, lo que significa que se perdió la oportunidad de verificar si los usuarios extraen el líquido de manera legal o se llevan más de lo permitido.
Otra de las estadísticas es que en 2012 había 324 inspectores encargados de vigilar el aprovechamiento correcto de 300 mil concesionarios de aguas, mientras que en la 4T bajó a 142 personas, es decir, un recorte del 55% de los funcionarios encargados de frenar la sobreexplotación hídrica.
El desplome de 55.9% en el grupo de ese tipo de funcionarios impactó en “la disminución de las acciones de verificación, inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales”.
Una de las conclusiones de la Auditoría es que “los resultados muestran la reducción en la capacidad de la Conagua para verificar e inspeccionar que los concesionarios cumplan con el mandato de ley referente a no explotar, usar, aprovechar o descargar volúmenes mayores a los autorizados en los títulos de concesión”.
También se desplomaron las acciones de verificaciones e identificación de “usuarios que explotan, usan y aprovechan las aguas nacionales sin contar con título de concesión o asignación, usuarios con presuntas faltas a las leyes e identificar el número de aprovechamientos que cuentan con medidor o dispositivos para la medición no automatizada”.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que “en los Programas de medición, la Conagua no sustentó que, en 2022, formuló ni ejecutó un programa de medición con el fin de revisar que la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, por parte de los concesionarios y asignatarios, se realizó conforme a los volúmenes, caudales y usos específicos establecidos en las concesiones”.
Además de las inspecciones físicas en los sitios de explotación hídrica, la Conagua informó que cuenta con otros mecanismos que son “mediante la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores, lo que se denomina medición directa, y con la estimación de volúmenes de usuarios agrícolas y pecuarios, lo que es catalogado como indirecto”.
Sin embargo, la ASF descubrió que solo el 0.1% de concesionarios de aguas nacionales cuentan con un medidor automatizado para verificar cuánto volumen de agua consumen, pues de las 310 mil 298 concesiones, solo 271 tienen 804 de esos instrumentos.
Además, otros 2 mil 37 aprovechamientos de líquido cuentan un dispositivo no automatizado para monitorear la explotación del líquido, por lo que la Auditoría concluyó que el organismo federal no contó con “la información acumulada del número total de aprovechamientos establecidos en los títulos de concesión y asignación que, a 2022, contaron con medidores de agua instalados para efectuar la medición directa”.
Respecto a la medición automatizada, la ASF indica que a 31 años de que entrara en vigor la Ley de Aguas Nacionales, que contempló la instalación de ese tipo de instrumentos para verificar que la explotación del líquido sea conforme a los volúmenes autorizados, no existen avances, por lo que se carece de una gestión integral del recurso hídrico.
Otra de las alertas es en cuanto al Sistema de Medición y Registro de volúmenes de aguas nacionales, extraídos, usados o aprovechados, debido a que “la Comisión no acreditó que se concretara el acceso de la Gerencia de Inspección y Medición… limitó el avance en operar un sistema de medición y registro de volúmenes de aguas nacionales, extraídos, usados o aprovechados”.
Respecto a las sanciones a concesionarios de aguas nacionales, éstas también se desplomaron 66.6% en el Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación. La ASF resalta que en 2012 se abrieron 3 mil 617 expedientes por irregularidades en el manejo hídrico, mientras que en 2022 fueron solo mil 207, y uno de los datos de la Auditoría es que en los años anteriores, las visitas de verificación en campo eran el principal insumo para abrir procedimientos administrativos por el mal uso de las aguas nacionales.
Sobre los avances en las estrategias y acciones para atender la sobreexplotación, “la Comisión no sustentó los avances en la atención de las acciones puntuales para establecer programas de colaboración para el rescate de cuencas y acuíferos sobreexplotados y establecer acciones de vigilancia y control en acuíferos y cuencas sobreexplotadas o de atención prioritaria por contaminación.
