Po: Luis Villegas Montes
Movidita la semana recién concluida.
Movidita y malísima para el presidente de la República (y por ende para su narcocandidata Claudia Sheinbaum), pues sus vínculos con el narcotráfico que hace quince días se referían sólo al 2006 y a algunos de sus achichincles, ahora se actualizan y alcanzan no sólo la campaña del 2018, sino también a sus hijos mayores. En sana lógica, de eso tendría que ocuparme, pero no. ¿Por qué no? Pos porque no… nah, es broma.
No, porque está más que claro quién es, y qué es, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un hombre autoritario, financiado por el crimen organizado quien, en su afán por conservar, y mantener, el poder, es capaz de cualquier exceso. El pasado viernes, durante la “Mañanera”, sin empacho ni desdoro declaró que “por encima de la ley” estaba su autoridad moral.[1] Cuando un servidor público, de cualquier rango, decide situarse por sobre la ley no sólo quebranta la protesta de respetar la Constitución que formuló al momento de entrar a ocupar el cargo, sino que también rompe con el estado de derecho, viola el principio de legalidad (“ningún órgano del estado puede realizar ningún acto de contenido particular que no esté previsto en la ley”[2]), incurre en obvia responsabilidad y destruye las bases y fundamentos del Estado democrático y constitucional que, se supone, está diseñado en México por la Constitución general.
Ésa es la razón para que me ocupe en esta fecha de la nombrada reforma y retome un tema del que, dije días atrás, habría de ocuparme: la reforma constitucional. Plagada de estupideces, reiteraciones y lugares comunes, la serie de iniciativas (son varias) merece un análisis por rubro y uno de los más destacados es la reforma al Poder Judicial; ello, básicamente por dos motivos: los embates en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que contextualizan la pretensión presidencial, por una parte; y por otra, por la confirmación de facto de la tan anhelada sumisión de los integrantes de dicho poder.
Como antecedentes obligados, se hallan las declaraciones externadas el 8 de agosto de 2018, cuando López Obrador recibió la constancia de presidente electo y, entre otras, realizó las siguientes manifestaciones: “La gente votó porque exista un verdadero Estado de derecho. El pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el Porfiriato”; “actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente constituidos”; y “No habré de entrometerme, de manera alguna, en las resoluciones que, solamente, a ustedes competen (refiriéndose a los otros dos poderes)”.[3] Todas ilustran a la perfección el talante deseable de un demócrata.
No obstante, más tardó el presidente en decirlo que en morderse la propia lengua. Casi desde el arranque de la administración, su gestión se ha caracterizado por el ataque sistemático a todas aquellas entidades, públicas o privadas, que no se someten a sus designios o por la franca intromisión. Prueba de ello, reveladora por su contundencia, es la afirmación realizada días atrás de que: “Cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así […]nosotros respetuosamente interveníamos […] Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto”.[4]
En ese marco de referencia, es que el presidente López Obrador presentó un paquete de reformas a la Constitución el cual, sobre el particular (reforma al Poder Judicial), señaló que los “jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo”.[5]
Lo primero que debe decirse de la última afirmación (“solo el pueblo puede salvar al pueblo”) es que se trata de una simple expresión retórica, huera, que carece de sustento y rechaza cualquier tipo de lógica; primero, porque el hecho de desempeñar un cargo público específico (por más elitista que subjetivamente pueda parecernos) no limita, ni coarta, ni impide, el carácter de integrante del “pueblo” para su titular; y segundo, porque no existe en la realidad casi nada de lo que verdaderamente pueda afirmarse que es producto de una decisión “racional”; tal y como quedó demostrado desde hace más de cuarenta años: “La racionalidad exige un conocimiento completo e inalcanzable de las consecuencias exactas de cada elección. En la realidad, el ser humano solo tiene un conocimiento fragmentario de las condiciones que rodean a su acción y una ligera percepción de las regularidades y de las leyes que le permitirán deducir las consecuencias futuras a partir del conocimiento de las circunstancias presentes”.[6] Así que afirmar que el pueblo va a elegir con eficacia a quien ciertamente pueda “protegerlo” es una falacia.
Por lo que hace al contenido de la propuesta, ésta se puede resumir en lo siguiente —aparte de la elección popular de los ministros de la SCJN, magistrados de Circuito, jueces de Distrito, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial—: reducción del Pleno de la SCJN —de 11 a 9 ministros—, desaparición de las salas, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina —con independencia de la SCJN—, prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales, plazos máximos de seis meses para resolver asuntos fiscales y de un año para asuntos penales y renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en la elección extraordinaria que se celebre en 2025.[7]
De esta serie de propuestas destacan dos: la elección popular de los funcionarios y la renovación de todos los cargos.
Teóricamente, se esgrimen como ventajas de este sistema: que los funcionarios deberán rendir cuentas de manera periódica a la ciudadanía, a fin de conservar, o lograr, un espacio dentro del Poder Judicial: “se buscaba con esta fórmula fortalecer el espíritu democrático y popular de la Revolución y consolidar la independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes, en particular el Ejecutivo”;[8] no obstante, el principal riesgo es que este sistema puede degenerar en un régimen populista lesivo para los derechos humanos.
Así es, no es posible olvidar que el Poder Judicial es el encargado de la tutela de estos derechos, “Esta función de freno puede ser desarrollada por la jurisdicción precisamente porque no es un poder representativo, sino sujeto únicamente a la ley y obligado a la averiguación de la verdad, cualesquiera fueses los sujetos juzgados y los intereses dominantes del momento. De este modo, la función judicial es una garantía de todos los ciudadanos frente al gobierno representativo, siendo este uno de los principales sentidos que se le debe dar a tal función en las sociedades contemporáneas”.[9] Claro que la principal desventaja es que la elección de los integrantes de la magistratura “queda entregada por entero a la política, cuyas aspiraciones no siempre coinciden con las de la masa social”.[10]
Este sistema es pésimo; no es posible soslayar que los jueces “requieren habilidades profesionales y una formación propia que les permita desempeñar las funciones jurisdiccionales. [Y al seleccionar a los jueces por medio de sufragio directo] es muy difícil para el electorado descubrir tales capacidades y experiencia en una campaña política”;[11] o dicho sucintamente: “los aspirantes a jueces que incursionan en una carrera electoral estarán sujetos a las reglas electorales que requieren del compromiso político con los electores y de campañas de proselitismo que van en contra de la independencia judicial”.[12]
Por lo que hace a la renovación de todos los cargos, esta propuesta es mucho peor que la anterior, si cabe, porque ya se vio el descarado interés del presidente, y de su partido todo (MORENA),[13] así como de la candidata del mismo a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum,[14] para establecer un sistema de división de poderes a modo, que supedite a la SCJN a los intereses facciosos del régimen en turno. De hecho, esta última, de manera expresa también ha reconocido que daría continuidad a esta propuesta.[15]
En cuanto a la intención referida (imponer jueces a modo), piense el lector en la última designación de un integrante de la SCJN, la cual recayó en una figura tan lamentable como la de la Ministra Lenia Batres; un personaje que evidentemente carece, en lo absoluto, de la preparación y adiestramiento indispensables en un juez constitucional;[16] a quien el presidente legitimó llamándola, precisamente: “La ministra del pueblo”.[17]
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