Por: Luis Villegas Montes
No, no voy a perder el tiempo haciendo acusaciones a los tarugo. Vamos a hablar de hechos. Si algún lector se atreve a negarlos, de plano no tiene remedio porque es tonto a más no poder:
- En 2017, Andrés Manuel López Obrador propuso amnistiar al narco;[1]
- En 2018, el mismo año que ganó la elección, el medio Itinerario Político publicó, el 29 de junio, un artículo titulado: “¿Los narcosal poder?”; donde Ricardo Alemán presentó un resumen de la participación del crimen organizadoen el proceso electoral de ese año: “Según reportes periodísticos, entre septiembre de 2017 y junio de 2018 fueron asesinados 120 ciudadanos, todos vinculados con el proceso electoral. De ellos, 48 eran candidatos o precandidatos y los atentados se dieron en los Estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, México, Guanajuato y Puebla […] Una ‘perla’ de la gravedad del tema la vimos en el municipio de Coyuca, en Guerrero, en donde fueron asesinados 11 políticos sólo en 2018”;[2]
- A menos de un año de ocupar la presidencia de la República, el 17 de octubre de 2019, ocurrió el famoso “Culiacanazo”; el evento donde el Ejército mexicano dejó escapar al hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López, por órdenes del propio presidente, como expresa y públicamente él lo admitió;[3]
- Al siguiente año, en 2020, estalló el escándalo del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de narcotráfico. El general fue liberado a consecuencia de la “indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados”; además, “funcionarios mexicanos amenazaron con expulsar a agentes estadounidenses después de semanas de indignación por el arresto sorpresivo de un general retirado del ejército. Su táctica parece haber funcionado: los cargos fueron retirados”; y no sólo eso, en el contexto de dicha exoneración “la Fiscalía General de la República no procedió contra él”;[4]
- En 2021, se publicó un artículo que enlistaba por lo menos 15 pruebas que vinculaban a MORENA con el narco.[5] Ese año, la tarada de la Secretaria de Seguridad declaraba: “La política de ‘abrazos, no balazos’ es sinónimo del uso de la inteligencia. ‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”.[6] Eso declaró, la estúpida, el mismo año que la cifra de homicidios dolosos en México rebasó los 130 mil asesinatos;[7]
- Desde hace por lo menos un año y medio (2022), antes de los escándalos provocados por los reportajes que lo acusan por sus vínculos con el narcotráfico, López Obrador ya había sido denunciado por esa misma causa, por parte de uno de sus íntimos, ni más ni menos que el celebrado político Porfirio Muñoz Ledo (revisar el sitio: https://www.facebook.com/reel/290731983756544): “El presidente va a terminar su periodo de gobierno, la pista ya se le está acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, a esto se suman a los del narcotráfico”.[8] Acusación a la que se sumó un hombre enterado en los asuntos públicos: el excandidato a la presidencia de la República Francisco Labastida, quien dijo: “Respecto a las cuatro visitas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado a Badiraguato, Sinaloa, la cual solo tiene 5 mil habitantes, ubicada en la cuna del Cártel de Sinaloa, Labastida Ochoa afirmó que “hay indicios que apuntan a una protección muy sospechosa del gobierno sobre el Cártel de Sinaloa”.[9] Sobre ese último punto, en menos de cuatro años, para el mes de octubre de 2022, AMLO había visitado al menos cinco veces Badiraguato, Sinaloa, la célebre “Cuna del Narco”;[10] población con menos de 5 mil habitantes;
- En julio de 2023, como expresamente lo reconoció la misma alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, la señora desayunó con Celso Ortega, líder de Los Ardillos;[11] presuntamente como “complemento de los mensajes dejados la semana pasada, junto con siete cuerpos desmembrados muy cerca de la presidencia municipal, en donde reclamaban a la funcionaria cumplir con los acuerdos adoptados”;[12] por cierto, este mismo personaje es el que acusa, ahora, al presidente de narcosobornos políticos;[13]
- En este mes de febrero de 2024, festivo, AMLO se congratula de las negociaciones de la Iglesia con el narco,[14] y
- ¿Por qué el azoro entonces este 2024 respecto de las acusaciones contra Andrés Manuel se hacen presentes de nuevo al señalar sus vínculos con el narco? Es historia vieja, como quedó demostrado. En resumen, el artículo que hizo estallar el escándalo está basado en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano; Tim Golden, su autor, dos veces ganador del Premio Pulitzer, excorresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, “explica con detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento, de acuerdo con testigos”.[15] Cabe recordar que en el celebrado caso contra García Luna el procedimiento fue idéntico (una investigación periodística basada en testimonios dio pie a una investigación legal) y en ese caso el presidente la festinó hasta el hartazgo, ¿por qué ésa sí y ésta no?
Dejémonos de historias; a no dudarlo, estamos en un narcoestado en ciernes con un narcopresidente al completo. ¡No se engañe! Por otro lado, ese estado de cosas no podemos ni debemos permitirlo, súmese a la lucha en contra del primer narcogobierno de la historia de México y su narcocandidata: Claudia Sheinbaum, sus narcoaliados y su amarga narcorealidad.
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