Crónica
ELOISA DOMINGUEZ
Consejera presidenta se reúne con representantes de partidos políticos para presentarles protocolos de seguridad para candidaturas federales; oposición advierte que es insuficiente.
Al presentar por primera vez a los partidos políticos un esquema de seguridad sólo para las candidaturas federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó en claro que su personal no entrará a las comunidades en las que sus habitantes se lo impidan, “por las razones que sean y se respetarán sus reglas”.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que en la reunión que sostuvo con los representantes de todos los partidos políticos para entregarles el “Esquema de Seguridad para las Candidaturas que contenderán en el PEF 2023-2024”, elaborado junto con autoridades responsables de la seguridad en el país, se les reiteró que si bien este instituto no cuenta con atribuciones de vigilancia y de investigación, siempre colabora con las instancias correspondientes en la materia para garantizar procesos electorales en paz y se dará respuesta a las solicitudes que hagan los partidos de acompañamiento para sus candidatos.
Taddei Zavala enfatizó que el INE atenderá de manera directa las peticiones de seguridad para las candidaturas federales, como la Presidencia de la República, diputaciones y senadurías y, en caso de recibir solicitudes de candidaturas locales, éstas serán canalizadas a las mesas de seguridad local. También precisó que están ocupados en la protección a su personal en campo.Lee también
Tras salir de la reunión, la funcionaria indicó que ya han detectado algunos ‘focos rojos’, si se entienden éstos a los lugares a los que no entrarán por estar impedidos por los habitantes de ciertas comunidades, como en Michoacán, donde se impusieron sus ‘reglas’.
“La competencia del Instituto Nacional estriba en solicitar a las instancias correspondientes la relación interinstitucional, para que acompañe el proceso, no sólo de las candidaturas, sino también de toda la planta laboral del instituto en las actividades que en este momento están desarrollándose, donde encuentran haciendo recorridos en campo para la instalación de casillas y, próximamente, para la capacitación electoral”, precisó la consejera presidenta.
“Se tienen que respetar, por las razones que sean, las reglas de las comunidades”, dijo Guadalupe Taddei.Lee también
Aseguró que el INE trabaja en conjunto con las instancias encargadas de la seguridad para que el Proceso Electoral Federal (PEF) y los procesos electorales concurrentes en las 32 entidades del país se desarrollen en condiciones de tranquilidad.
“La atención nuestra debe de ser inmediata ante una solicitud y la mesa de seguridad en donde está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y la Secretaría de Gobernación y el propio Instituto Nacional Electoral le dará el debido tratamiento”, garantizó.
Indicó que en el encuentro, al que también asistieron consejeros electorales, pidió a las representaciones partidistas que es verdaderamente importante socializar este protocolo que recientemente fue puesto a disposición y acordado en la mesa de seguridad con las instancias del gobierno federal, fijado el pasado viernes.
“Por primera vez el instituto realiza de manera conjunta con las fuerzas políticas, una mesa de seguimiento en materia de seguridad para el proceso electoral”.
Los partidos de oposición, principalmente, manifestaron que este esquema es insuficiente y demandaron el diseño de un mapa de riesgo, aunque reconocieron que no es facultad del INE proveer de esta información, pues le corresponde al gobierno de las entidades y al federal.
Señalaron que urge que se combata la delincuencia que pueda poner en riesgo a candidatos y al personal del INE.
A estos señalamientos, Guadalupe Taddei les reiteró que corresponde a los partidos políticos hacer esa exigencia a las instancias correspondientes.
La titular del INE ronoció el compromiso de las fuerzas políticas para trabajar desde sus procedimientos internos y evitar la injerencia de personas vinculadas con grupos delictivos o del crimen organizado, un llamado que surgió en el Consejo General y que fue suscrito por todas las fuerzas política.
