El Economista
Por Maritza Pérez
Dicho retroceso equivale a 225,000 millones de pesos, se advirtió en el informe de la ONG.
El debilitamiento de la seguridad y la justicia, impulsado por el gobierno actual, ha ocasionado un rezago presupuestal de, al menos, 225,000 millones de pesos para la atención de la violencia e impunidad del país, afirma un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al presentar el análisis “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia”, el director General del ONC, Francisco Rivas, señaló que este ejercicio permite afirmar que las inconsistencias, errores y malas decisiones de política pública han producido un profundo deterioro institucional, que es el responsable del crecimiento de los delitos, de la violencia y del poder de los grupos delictivos.
Destacó que el estudio busca exhibir el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia y estima el costo de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años.
Entre los principales hallazgos del reporte está la disminución de 22.5%, en términos reales, del gasto en seguridad y justicia entre 2018 y 2022, lo que también se puede traducir en un rezago presupuestal de al menos 225,000 millones de pesos ocasionados por la reducción del gasto público durante la actual administración.
El informe precisa que al inicio del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se invertían 100 pesos y para el cierre de 2022 ya solo se gastaban 80.
En comparación, en 2013 se gastaban 100 pesos para la prevención, el combate al delito y la justicia, y en el cierre de la administración de Peña Nieto, en 2018, se invertían 102 pesos.
Al respecto, Francisco Rivas afirmó que “la cantidad que no se ha destinado en los primeros cuatro años de esta administración federal, casi hubiera alcanzado para un año extra de atención presupuestal a esos temas.
Este ha sido un ahorro mal entendido que ha conllevado graves consecuencias para toda la población”, dijo.
Guardia Nacional y FGR conmenos presupuesto
El análisis advierte que al comparar la Policía Federal (2013-2018) y la Guardia Nacional (2019-2022) se observó que, la primera, mantenía constante su presupuesto aun con el impacto inflacionario; en cambio, desde su creación, la Guardia Nacional ha presentado disminuciones en su presupuesto
Específicamente, entre 2018 y 2022 el gasto ejercido de la Guardia Nacional muestra una disminución presupuestal en términos reales de 36.7 por ciento.
Por otra parte, el presupuesto de la FGR ha ido a la baja, incluso en niveles inferiores a los que tenía la Procuraduría General de la República, en cualquiera de los años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Entre 2013 y 2022, el presupuesto para la institución dedicada a la procuración de justicia disminuyó 29.7% en términos reales. Entre 2018 y 2022 esa disminución fue de 19.3%, también en términos reales, según el reporte.
Asimismo, el estudio identificó que la política federal de seguridad tiene ambigüedades y debilidades ya que, hay una ausencia de diagnósticos confiables; una tendencia centralizadora de funciones, una participación total e irrestricta de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional y un debilitamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El estudio concluye que “los recursos públicos por sí mismos no producen un impacto en el clima de seguridad de ninguna sociedad, pero son una condición absolutamente indispensable para plantear cualquier mejoría”.
