La Razón
Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial.
La intervención policial se produce, extraoficialmente, bajo acusaciones de corrupción en el manejo que hace la Corte del Registro Público de la Propiedad.
La vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente, Daniel Ortega, Rosario Murillo, asumió el control de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se consuma la toma absoluta de todos los poderes del Estado en el país.
El Poder Judicial encuentra acéfalo después que un operativo policial, realizado el pasado 24 de octubre, se hizo con el control de la Corte al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos (quien está en su vivienda bajo vigilancia policial), a la magistrada Yadira Centeno González, y destituir y, en algunos casos, apresar, a funcionaros claves.
Dicho operativo fue ejecutado por un grupo de policías que eran guiados por Horacio Rocha, el comisionado general en retiro, también asesor presidencial con el rango de ministro en temas de seguridad.
Ahora, Murillo habría quedado a cargo a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, según confirmaron fuentes cercanas, quienes agregaron que la Corte está intervenida políticamente por Néstor Moncada, asesor de Seguridad.
Medios locales adelantaron que en los próximos días, la magistrada Ramos tendría que presentar su carta de renuncia como presidenta de la Corte ante la Asamblea Nacional, mientras que en la secretaría “barajan el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta”.
Según una fuente cercana, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otra dependencias y ministerios, “tal es el caso de Ministerio de Relaciones Exteriores”.
“Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dijo otra fuente.
Para el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, la intervención policial en el Poder Judicial representa “un golpe de Estado porque está suplantando por la fuerza las facultades y funciones que le corresponden a los magistrados que, aún gozando de inmunidad, han sido desplazados de facto”.
