La Razón
Por: MAGALI JUÁREZ
Dictamen se votará hoy en Comisión de Presupuesto.
El magistrado Reyes Rodríguez alerta que ajuste de 767 mdp impactaría capacidad institucional; pegaría a contratación de personal en año electoral, dice; pide a diputados asignar los mismos recursos que en 2018; en INE golpe equivale a 53% de gasto para organizar comicios; marcelistas van por fondo para Acapulco.
Frente a la amenaza de recorte a su presupuesto en pleno proceso electoral 2023-2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), levantó ayer la voz, al advertir el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, que dicho ajuste que prevé realizar la Cámara de Diputados al monto solicitado por el órgano electoral jurisdiccional afectaría su capacidad institucional.
Al participar en la inauguración de la Reunión de la Segunda Circunscripción de Encuentro de Autoridades Electorales, se refirió a la propuesta de reducción de 767.2 millones al presupuesto del TEPJF, prevista en el proyecto de dictamen que se analizará en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro este viernes.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral alertó sobre el impacto que tendría este recorte para el cumplimiento de sus responsabilidades en el contexto de un año en el que se renovarán la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, junto con más de 20 mil cargos de elección a nivel federal y local, por lo que llamó a los diputados a valorar las afectaciones que traería un recorte de este tipo.
Apuntó que el ajuste presupuestal básicamente sería en los recursos proyectados para la contratación del personal que se requiere para el año electoral en las cinco Salas Regionales y en la misma Sala Superior.
“Esta propuesta de la Comisión afectaría seriamente la capacidad institucional del Tribunal Electoral, porque la reducción que se estaría discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las Salas Regionales, en la Sala Superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos, como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas.
“Es por eso que hacemos un llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para que se pueda revisar, reflexionar y valorar la trascendencia de esta propuesta que sin duda nos generaría una afectación, como he dicho, en las capacidades institucionales frente a la relevancia, del número de cargos y la complejidad de este proceso electoral”, expresó.
Rodríguez Mondragón apuntó que para 2024 el TEPJF elaboró un presupuesto responsable que asciende a tres mil 890 millones de pesos, que representan tres millones menos de lo que la Cámara de Diputados autorizó para los comicios presidenciales de 2018, lo que significa una reducción de 25 por ciento en comparación con la anterior elección para renovar la Presidencia de la República.
Comentó que la propuesta de reducción del presupuesto del próximo año de la Cámara de Diputados se basa en el ejercicio presupuestal de este año, al que le suman la inflación del 4.8 por ciento, para conseguir un presupuesto actualizado del 2023 al 2024.
“El problema técnico ahí es que no es comparable el presupuesto del 2023 con el del 2024. ¿Por qué? Porque ese presupuesto se diseñó en 2023 para un trabajo ordinario, para una operación cotidiana del Tribunal, y solamente tuvimos elecciones en dos entidades: el Estado de México y Coahuila. Y el próximo año tendremos elecciones en las 32 entidades, más las elecciones federales; por lo tanto, el presupuesto ordinario para el 2024, de hecho, es el mismo que 2023.
“Inclusive, si solamente hubiéramos seguido esa inercia, esa lógica, no hubiéramos presentado ni siquiera un incremento de 4.8 por ciento de inflación, es el mismo. Lo que está haciendo el Tribunal es presentando un incremento de mil millones de pesos, aproximadamente, que comparado con 2018, como les digo, es inclusive 25 por ciento menor en términos reales, en términos nominales igual. Es decir, el mismo gasto para organizar las del 2018 el Tribunal lo está previendo para el 2024”, subrayó.
El magistrado presidente puntualizó que las del 2024 serán las elecciones más grandes, con 20 mil 263 cargos que se renovarán, además de los comicios en pueblos y comunidades indígenas por usos y costumbres o sistemas normativos.
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Por eso, puntualizó que el monto que proyectó el Tribunal Electoral es el mínimo indispensable para que este órgano cuente con los recursos humanos suficientes, exposición que el propio TEPJF reforzó en un documento en el que también advierte sobre el incremento en el número de impugnaciones que recibirá.
“El incremento esperado en el número y complejidad de asuntos que recibirá el Tribunal durante 2024 requiere ampliar las capacidades operativas y el personal jurisdiccional disponible. Este incremento resulta necesario para garantizar la actuación oportuna del Tribunal y contribuir a la transmisión pacífica del poder.
“Por otro lado, el fondo contingente para eventuales recuentos se basa en un supuesto que podría o no materializarse. Como alternativa viable ante la situación que prevalece en el país, se considera que de inicio podría recortarse a la mitad para rediseñar una estrategia apropiada que permitiera hacer frente a los eventuales recortes sólo con la mitad del presupuesto señalado. Así, el recorte que puede estimarse viable en esta coyuntura, para el TEPJF, se traduce en 42 millones de pesos”, establece.
Pegaría tijeretazo a INE en elecciones de 2024
El recorte que prevén en la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2024 impactaría en un monto equivalente a la mitad de lo que se destina al rubro de organización de los comicios federales y locales.
La propuesta que votará la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro este viernes establece un recorte de cinco mil millones de pesos (13.2 por ciento) a la solicitud presupuestal del instituto.
De acuerdo con la solicitud realizada por el órgano electoral, dentro de la cartera institucional de proyectos para la organización de los comicios federales y locales, está contemplado un presupuesto por nueve mil 437 millones de pesos.
Por ello, el recorte planteado en la Cámara de Diputados por cinco mil millones de pesos significaría 53 por ciento de los recursos correspondientes a la organización de los procesos.
El ajuste que tendría que realizar el INE a sus recursos, en caso de proceder el recorte, sería en diferentes áreas para no impactar sólo una de las tareas del instituto.
Por ejemplo, determinó como presupuesto precautorio un monto por tres mil 568 millones de pesos para una eventual consulta popular que, en caso de no realizarse, tendría que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación.
Ante la intención de hacer este recorte, legisladores y representantes de partidos de la oposición advirtieron que, de nueva cuenta, la disputa por el presupuesto del órgano electoral terminará en impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El representante legislativo del PAN ante el órgano electoral, Humberto Aguilar, sostuvo que la oposición dará la batalla para frenar este recorte y dijo que esa no será la última palabra, porque buscarán la defensa del presupuesto del INE por todas las vías, además de que el propio instituto tendrá la opción de recurrir al máximo tribunal del país.
“Ya hemos visto en diferentes ocasiones la intentona de Morena de debilitar al árbitro electoral, así que ésta es una más, por eso buscarán recortarle presupuesto al INE y otra vez será necesario recurrir a la Corte, no vamos a ceder”, dijo.
Asimismo, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que la mayoría de Morena y sus aliados están aprovechando todos los distractores de estos días para aprobar el recorte a los órganos autónomos, incluyendo al INE.
Sin embargo, dijo que lo peligroso es que el órgano administrativo, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tengan que salir a pelear legalmente el presupuesto que les corresponde en pleno desarrollo del proceso electoral.
“Aprovechando todos los factores de distracción que hay y hasta estos días de vacaciones, intentan darle el tiro de gracia al INE y al Tribunal Electoral y a todo el Poder Judicial, pero no podemos permitirlo, por eso se buscará su defensa por todas las vías”, advirtió el legislador emecista.
En el mismo sentido se expresó Juan Manuel Fócil, senador del PRD y representante legislativo ante el INE, quien dijo que estas medidas que están imponiendo los legisladores de la Cuarta Transformación forman parte de los ataques en contra de las autoridades electorales.
“Siguen en Morena con su golpeteo en contra de los órganos autónomos y, particularmente, en contra de los electorales; no han cesado en su intento de debilitarlos, ya están con el plan a, b, c; ya no sabemos cuántos traen, y no podía faltar las acciones para recortar el presupuesto, así que la ruta ahora tendrá que ser jurídica”, expresó.
Morenistas van por fondo para el puerto
Por considerar que cuando ocurre una catástrofe como el huracán Otis, las decisiones no pueden quedarse en “generalidades y compromisos vagos”, el bloque de diputados afines al excanciller Marcelo Ebrard insistirán en más modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Lo anterior, con el fin de concretar un fondo específico para la reconstrucción de Acapulco, debido a que éste no se vio reflejado con precisión en las modificaciones que dio a conocer antier en su predictamen la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El legislador Carol Antonio Altamirano comentó a La Razón que el presupuesto del siguiente año tiene que acreditar el compromiso de ellos, como diputados, para apoyar a la región afectada.
Señaló que, aunque hay un par de ampliaciones presupuestales para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por siete mil 189 millones y para la Secretaría de Educación Pública (SEP) por 13 mil 262 millones, de los que podría presumirse que algo iría para Acapulco, en realidad esto no queda establecido con claridad.
“Cuando hay una tragedia como la de Acapulco, no podemos quedarnos en generalidades y en compromisos vagos; el compromiso de los diputados para tratar la tragedia tiene que acreditarse en los hechos, que se establezcan disposiciones de manera expresa en el PEF”, señaló.
Para ello, propondrán la creación de un fondo específico a partir de las propuestas que ya habían adelantado, como destinar un porcentaje de los excedentes petroleros y restar en cerca de nueve mil millones de pesos el presupuesto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El diputado Daniel Gutiérrez afirmó que ellos votarán a favor al aprobar en lo general el Presupuesto, pero que será en la discusión en lo particular en donde buscarán modificaciones que, esperan, sean aprobadas como la que plantearon en la Ley de Ingresos.
En otro ámbito, recordó que también intentarán reducir de tres a dos por ciento el tope de gastos operativos de los programas sujetos a reglas de operación a cargo de la Secretaría de Bienestar, por representar una bolsa con la que se puede pagar “cualquier cosa”, como lo advirtieron hace unos días.
PAN plantea un reajuste al presupuesto
Aunque la oposición aceptó estudiar el uso de los fideicomisos recién extintos del Poder Judicial (PJ) para la creación de un fondo para la reconstrucción de Acapulco, exigen que en lugar de ello éste parta de un reajuste en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que por parte de la oposición se aceptó acompañar el acuerdo dado a conocer días atrás, en el que se plantea la instalación de un comité en el que haya representantes de los tres Poderes de la Unión para analizar el destino de los fideicomisos en Guerrero, como una forma de “tomarle la palabra” a la ministra presidenta, Norma Piña, quien aceptó discutir lo planteado por el Ejecutivo federal.
El también coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro señaló en entrevista televisiva que tras la defensa que hizo la oposición de tales recursos, buscarán la manera de construir un fondo sin que se toquen los derechos de los trabajadores del PJ que, insistió, se cubren con los fideicomisos que se extinguieron.
“No es defender privilegios de fideicomisos de ministros, no es defender coches de lujo, no es defender mil asesores ni viáticos infinitos… eran para pensiones de trabajadores”, declaró.
En otro sentido, el panista dijo que, a pesar de ser parte de la oposición en este sexenio, se reconocen las acciones que ahora implementa el Gobierno federal, aunque, dijo, éstas hayan sido ideas del bloque político de contención.
“Lo digo yo, de oposición, nos da gusto ver cómo el Gobierno está comprándonos incluso ideas que provienen de nosotros; creo que habla bien de este Gobierno, es lo que hemos venido pidiendo cinco años: diálogo, que también se nos escuche y no vamos a ser mezquinos. Y si lo mismo que estamos proponiendo ahora, lo está implementando el Gobierno, por supuesto que lo aplaudimos, lo respaldamos y ojalá sigamos en esa tónica”, señaló.
fgr
