Manuel Narváez Narváez
Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com
Se enreda el panismo de la capital del estado en un laberinto de fanatismo que lo puede llevar a perder todo en 2027.
Una capa de militantes de la vieja guardia y otros convenencieros u oportunistas que encontraron una veta indecorosa para hacerse ricos atizan al fuego interno del PAN para obtener la candidatura a la alcaldía a cualquier precio.
Recordemos que los partidos políticos en México son entidades de interés público, es decir, reciben financiamiento del erario, del dinero que pagan los contribuyentes.
Existe un marco normativo que regula la partidocracia en México, y cada partido cuenta con sus respectivos reglamentos para la vida interna de los derechos y obligaciones de su militancia.
Los dirigentes no son dueños de la institución partidista ni deben manejar a su antojo los recursos que reciben del erario, aunque en la realidad sí se pasan de roscas, cometen fraudes para sostenerse, reelegirse y eternizarse en el poder, existen leyes para sancionarlos.
La teoría y la ética les exige lealtad a principios y con visión de Estado, para ser el conducto, la vía que lleve a sus candidatos a implementar gobiernos conforme a su pensamiento ideológico, siempre en favor de los ciudadanos y el desarrollo de sus capacidades en un plano democrático.
No es que el dirigente en turno o el gobernante surgido de equis partido obsequie candidaturas por chantajes y presiones para beneficio de grupo o facción, porque es ajeno al espíritu de la democracia y porque sencillamente el dinero con el que operan no es de ellos sino recursos públicos para cumplir lo que mandata la Constitución y las leyes secundarias en la materia respectiva.
Así como cuestionan que el régimen actual utiliza los recursos públicos, los programas sociales, las pensiones y las becas con fines electoreros, violentando flagrantemente la Carta Magna y las leyeses electorales, igualmente los partidos políticos tienen la obligación de hacer uso correcto de la responsabilidad que les confieren a sus dirigentes y gobernantes, y con el dinero público que reciben.
No vengan entonces con que una militancia por más legítima que sea quiera apropiarse de candidaturas a punta de amenazas, chantajes y presiones.
La misma exigencia que hacen a sus cúpulas partidistas y gobernantes emanados de sus filas para que se conduzcan con honestidad, decoro e imparcialidad, es la misma responsabilidad que deben ejercer como militantes de un partido financiado con recursos públicos.
Más allá de las incongruencias de la dirigencia nacional de Acción Nacional que un día pontifica que van solos a la contienda electoral en 2027, que abren todas las candidaturas a la sociedad civil -no militante- con el propósito de hacer valer el legado del fundador Manuel Gómez Morín al crear un partido de ciudadanos libres, pero después se desdice y acepta, a regañadientes, alianzas o coaliciones de facto.
Los que apuestan por candidaturas exclusivas para militantes desconocen los argumentos y las motivaciones de los fundadores del PAN. Eso sí, se aprenden de memoria citas de algunos personajes, pero desprecian el arrastre del ejemplo.
Olvidadizos como el común de los convenencieros, esconden la historia de alianzas y coaliciones partidistas, como la de 2004 cuando el PAN fue en alianza con el PRD y Convergencia para el gobierno del estado, alcaldías y diputados locales. Se pusieron de acuerdo y arroparon candidaturas comunes.
En la práctica el PAN apoyó tácitamente la elección extraordinaria de Manuel Andrade Díaz (PRI) en 2001 en Tabasco, tras la anulación de la primera por delitos electorales en perjuicio del entonces candidato del PRD, César Raúl Ojeda Zubieta, cercando a AMLO.
La orden de no estorbar al PRI para ganar esa segunda elección provino, según la indicación que bajaron a quienes fueron a apoyar al candidato panista que a la postre obtuvo el 2 por ciento de la votación extraordinaria, del “Jefe Diego”.
Francisco Barrio Terrazas fue alcalde de Ciudad Juárez sin ser militante del PAN.
De hecho, cuando Pancho Barrio fue designado coordinador parlamentario de Acción Nacional 2003-2006, eligió como a su asesor principal a Manuel Russek Valles, priista de cepa.
Para las elecciones locales en Chiapas de 2006, el entonces dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, pidió el apoyo para el candidato del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, elección que perdió frente al PRD.
En las elecciones que ganó la actual gobernadora del Estado, Maru Campos, recibió votos del PRI tras declinar en su favor la candidata tricolor Graciela Ortíz.
En 2024 fue en alianza con el Revolucionario Institucional, cediendo el distrito federal 8 de la capital a Alejandro Domínguez que, pese al rechazo hacia su persona y sus modos de hacer política, sacó apuradamente el triunfo frente a su excompañero de partido y hoy ferviente operador de Morena, Marco Quezada.
Con estos antecedentes y anécdotas no se explica cómo es posible que un sector militante del panismo alimente el rumor de que la gobernadora tiene favorito para la alcaldía, a sabiendas que las reglas y las decisiones las pone el CEN del PAN.
Lo que sí se advierte es que un buen puñado de exmilitantes panistas de viejo cuño se fueron a apoyar las aspiraciones de Cruz Pérez, ex del PAN, de MC y ahora de Morena; además, algunos de esos sesudos y rabiosos demócratas que le hacen el juego sucio al seguro candidato morenista al gobierno del estado mantienen estrecha relación con exmilitantes de Acción Nacional que operan a favor del edil con licencia de Juárez.
Se decía que al PAN no se iba a obtener, sino a ser deudores del partido. Lamentablemente hay quienes se creen escuderos de los principios y con patente de corso para las candidaturas. Se han hecho ricos con los cargos de representación popular y cargos públicos, pero jamás fueron generosos pese a haber acumulado cuentas bancarias y propiedades de 8 dígitos.
Qué pena.
Es cuanto.
Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com