Expansión Política
Rogelio Gómez Hermosillo @rghermosillo
La precariedad laboral tiene varias dimensiones. Dos son las más relevantes y de mayor magnitud: trabajar sin salario suficiente y/o sin seguro social.
Los datos más recientes del Observatorio de Trabajo Digno (OTD) de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revelan la gravedad y enormidad de los déficits de nuestro sistema laboral. Al menos 57.6 millones de personas no tienen trabajos que cumplan con las normas mínimas del derecho humano al trabajo: casi 22 millones —una de cada cuatro— por estar excluidas, y 36 millones por tener empleos precarios (INEGI, ENOE 2026-I). Esta realidad no es nueva; lo escandaloso es que se normalicen estos niveles de exclusión y precariedad.
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En la exclusión laboral hay que considerar tres situaciones. La primera es la desocupación, que afecta a menos del 3% de la Población Económicamente Activa (PEA). Pero el desempleo completo debe incluir también a quienes están disponibles para trabajar. Este segundo grupo es lo que los organismos internacionales denominan “personas desalentadas”: personas sin impedimento para trabajar que no son contabilizadas en la PEA porque no buscaron trabajo la semana previa a la encuesta del INEGI. En la práctica, estar “disponible” es una situación temporal de corto plazo.
El tercer y mayor subconjunto de la exclusión son las personas no disponibles por realizar labores de cuidado no remunerado en el hogar. No las consideramos desempleadas porque no basta generar empleos para incluirlas; se requieren además servicios de cuidado. Casi todas —94%, 14.3 millones— son mujeres, atrapadas en labores domésticas sin remuneración que les impiden incorporarse al sistema laboral, aunque en su mayoría tienen necesidad y posibilidad de trabajar.
Los datos del INEGI procesados por el OTD contabilizan 1.5 millones de personas desocupadas y casi 5 millones de desalentadas o disponibles —desempleo “oculto” para quien no lo quiere ver—, lo que arroja un desempleo completo de casi 6.5 millones de personas. A ellos se suman más de 15 millones de no disponibles por labores de cuidado. En total, la exclusión alcanza casi 22 millones de personas.
El reporte 29 del OTD presenta datos por entidad federativa. Los estados con mayor porcentaje de población en exclusión laboral son Chiapas (36% de la población en edad y condición para trabajar), Veracruz (29%), Zacatecas (29%), Guanajuato (28%) y Tabasco (27%). En términos absolutos, destacan Estado de México (3.1 M), Veracruz (1.5 M), Jalisco (1.4 M), Chiapas (1.3 M) y Guanajuato, en empate con la CDMX (1.2 M).
La precariedad laboral tiene varias dimensiones. Dos son las más relevantes y de mayor magnitud: trabajar sin salario suficiente y/o sin seguro social. Como los datos de ingreso laboral de la ENOE son cada vez más incompletos, es preferible enfocarse en quienes carecen de acceso al seguro social, la característica central de la llamada “informalidad laboral”, un eufemismo que en realidad significa trabajar sin derechos laborales ni protección social.
En esta condición, el OTD contabiliza 33 millones de personas que trabajan pero carecen de la afiliación obligatoria al seguro social y, con ella, de acceso a servicios de salud, ingreso en caso de enfermedad, accidente o embarazo, ahorro para el retiro, jubilaciones y pensiones, y financiamiento para la vivienda. De ellas, 23 millones —2 de cada 3— trabajan en micronegocios.
Los estados con mayor porcentaje de personas en trabajos precarios (sin seguro social) son Chiapas (83%), Oaxaca (83%), Guerrero (80%), Puebla (77%) e Hidalgo (74%). Por volumen, encabezan Estado de México (4.9 M), CDMX (2.5 M), Veracruz (2.4 M), Puebla (2.4 M) y Jalisco (2.2 M).
La alta concentración de exclusión y precariedad en los estados del sur muestra su estrecha correlación con la pobreza. El sistema laboral sigue siendo determinante en la dimensión y persistencia de la pobreza, así como lo fue en su reducción moderada en los años recientes.
La pregunta es si esto puede arreglarse. ¿Hay manera de contar con un sistema laboral que funcione para crear bienestar y productividad? Un estudio presentado este lunes (2/8/2026) por el BID muestra que sí. Con un diagnóstico mucho más completo y robusto, pero muy coincidente en enfoque, el BID ofrece un panorama de recomendaciones de política y rutas para avanzar que merece ser tomado en cuenta.