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A favor Hugo González de la “Ley Censura”

En medio del creciente debate nacional sobre los alcances de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el regidor de Morena y presidente del Consejo Estatal de ese partido, Hugo Eduardo González Muñiz, salió en defensa de la propuesta impulsada por el Gobierno Federal y rechazó que pueda convertirse en un instrumento de censura, pese a que diversos sectores han advertido que algunos de sus planteamientos dejan abiertas interpretaciones que podrían derivar en un mayor control sobre los contenidos de los medios de comunicación.

El posicionamiento del morenista surgió como respuesta a las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos, quien advirtió que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión. Sin embargo, González Muñiz desestimó esos señalamientos y sostuvo que el derecho de las audiencias es un principio constitucional contemplado en el artículo sexto de la Constitución y no un mecanismo para restringir la difusión de información.

El edil afirmó que quienes hablan de censura buscan confundir a la población y argumentó que la propuesta únicamente pretende garantizar que las audiencias puedan distinguir entre información, opinión y publicidad. No obstante, evitó profundizar sobre uno de los principales cuestionamientos planteados por especialistas: quién determinará en los hechos cuándo un contenido cumple con esos criterios y hasta dónde podrían llegar las facultades regulatorias derivadas de los nuevos lineamientos.

González Muñiz aseguró que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aclaró que los lineamientos permanecen en consulta pública hasta el próximo 21 de agosto y que no contemplan sanciones por contenidos ni otorgan al Estado la facultad de decidir qué información es verdadera o falsa. Aun así, el debate continúa abierto precisamente porque diversos analistas consideran que la redacción de algunos apartados podría permitir interpretaciones discrecionales una vez que entren en vigor.

El regidor defendió además que los medios cuenten con códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos para atender quejas ciudadanas, al considerar que ello fortalece la transparencia. Sin embargo, críticos de la iniciativa sostienen que la discusión no gira en torno a esos instrumentos, sino a la posibilidad de que futuras autoridades amplíen sus facultades utilizando conceptos cuya definición aún resulta poco precisa.

En su posicionamiento, González Muñiz también politizó el debate al afirmar que “la derecha se acostumbró a los privilegios” y que ahora pretende calificar como autoritarismo cualquier medida relacionada con la transparencia en los medios de comunicación, aunque evitó responder directamente a las inquietudes sobre los posibles efectos que la reforma tendría en la independencia editorial.

Asimismo, insistió en que identificar claramente los espacios pagados y diferenciar la opinión de la información fortalece el derecho de las audiencias a recibir contenidos claros y oportunos. No obstante, uno de los aspectos que sigue generando incertidumbre es la forma en que dichas obligaciones serían supervisadas y los criterios que utilizarían las autoridades para evaluar su cumplimiento.

Finalmente, el dirigente estatal de Morena pidió a la gobernadora actuar con responsabilidad y dejar de generar temor entre periodistas y comunicadores. Concluyó que la libertad de expresión se fortalece con mayor transparencia y más derechos para las audiencias.

Sin embargo, mientras el oficialismo sostiene que la reforma únicamente busca fortalecer derechos constitucionales, las dudas sobre sus alcances jurídicos y la amplitud de algunos conceptos mantienen vivo un debate que difícilmente podrá resolverse únicamente con declaraciones políticas. El centro de la discusión ya no es si las audiencias deben contar con mayores derechos —un objetivo ampliamente compartido—, sino si las reglas propuestas ofrecen suficientes garantías para evitar que, bajo ese argumento, puedan abrirse espacios a la discrecionalidad gubernamental sobre la actividad de los medios de comunicación.