Los exalcaldes de Ciudad Juárez, Gustavo Elizondo y Ramón Galindo, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades relacionados con la contratación de ocho máquinas barredoras.
Durante la presentación de la denuncia en la ciudad de Chihuahua, los exediles señalaron un supuesto daño patrimonial al erario municipal por más de 105.6 millones de pesos, derivado de un contrato plurianual de arrendamiento celebrado entre el Municipio de Juárez y la empresa PYPRA por un periodo de 29 meses.
De acuerdo con los denunciantes, el Ayuntamiento habría pagado en promedio 13.2 millones de pesos por cada barredora, equivalente a cerca de 750 mil dólares por unidad, monto que consideraron excesivo al compararlo con el valor comercial estimado de estos vehículos, calculado en un máximo de 55 mil dólares cada uno.
Elizondo y Galindo afirmaron que el proceso de licitación presentó diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de estudios técnicos que justificaran la conveniencia del contrato y plazos reducidos que, a su juicio, limitaron la participación de otros proveedores interesados.
Asimismo, señalaron que la empresa beneficiada contaba con un giro comercial relacionado con insumos eléctricos y que presuntamente no tenía capacidad para facturar los montos contratados.
Indicaron además que la compañía habría superado ampliamente los límites de facturación permitidos para su actividad económica y que no existían antecedentes de propiedad sobre las barredoras antes de la adjudicación.
Los exalcaldes también cuestionaron las metas establecidas en el contrato, que contemplaban el barrido de 411 kilómetros diarios, una distancia comparable al trayecto entre Ciudad Juárez y Delicias, con un costo de 354 pesos por kilómetro. Según expusieron, dichos objetivos serían difíciles de verificar debido a la falta de bitácoras oficiales que acreditaran los recorridos realizados.
Finalmente, solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción investigar los hechos denunciados y dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar la situación fiscal de la empresa involucrada y determinar posibles responsabilidades de los funcionarios que participaron en la contratació